En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Se trata del número más alto de casos desde que existe el estudio, luego de los 26 registrados en el sexto informe. La mayoría de los episodios (30) tienen que ver con la restricción del acceso a la información.
La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno.
El reporte abarca entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” de CAinfo, que impulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.
El trabajo realizado este último año muestra la existencia de, al menos, 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay en seis de los 12 indicadores analizados: agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricción al acceso a la información, procesos civiles y/o penales, uso abusivo del poder estatal y marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.
La restricción al acceso a la información fue la categoría que reunió más casos y entre ellos 29 correspondientes a pedidos de acceso rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial. Esto también confirma un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020.
Además de los pedidos de acceso que no fueron respondidos también se registró un retroceso normativo, que se refleja en algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración aprobada con los votos de la coalición de gobierno, según consignó CAinfo en su informe ante el parlamento en mayo de 2020.
La categoría Agresiones y ataques tuvo 8 episodios y le siguen el Marco jurídico contrario a estándares con 4, los procesos judiciales con 3, el uso abusivo del poder estatal con 2 y el Discurso estigmatizante con 2.
De las personas que sufrieron las amenazas, en 4 casos se afectó a periodistas mujeres (en dos casos los ataques tuvieron claros componentes de violencia de género), en 30 a varones y en 15 ocasiones el episodio tuvo impacto en equipos periodísticos o medios de comunicación. Los responsables de las amenazas fueron organismos o funcionarios del Estado en 39 ocasiones, en 6 fueron personas no estatales y en 5 no se identificó a los responsables.
CAinfo ve particularmente preocupante el aumento de casos de rechazo de solicitudes de acceso a la información pública amparándose en cláusulas de confidencialidad, como ocurrió en los casos de los contratos para la compra de vacunas contra la Covid-19, el proceso de litigio internacional contra el Estado uruguayo por parte de la minera Aratirí, y otros casos puntuales como el acuerdo con la empresa PepsiCo y el caso del sumario al exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma.
También se constató una tendencia de los organismos públicos, tanto a nivel nacional como departamental, a restringir el acceso a la información vinculada a la pandemia de Covid-19, en una línea contraria a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana (CIDH). En este sentido, a CAinfo le resulta alarmante el criterio aplicado por algunas direcciones departamentales de salud que se niegan a informar sobre los casos de Covid-19 por localidad, con el argumento de no “estigmatizar” a la población, mientras hay otras que lo hacen en tiempo y forma.
El problema motivó a CAinfo y un grupo de organizaciones preocupadas por la situación a emitir una declaración en defensa de la transparencia de la información sobre la pandemia, a fin de exhortar a las autoridades nacionales y departamentales a cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental en tiempo de crisis sanitaria.
Descargá el Séptimo Informe de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión en este enlace.
Con motivo de conmemorarse hoy domingo 23 de octubre el día del Periodista, Cainfo, APU y la Coalición por una Comunicación Democrática saludan a todos los/las periodistas y comunicadores y subrayan la importancia de su trabajo para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.
Queremos aprovechar esta fecha para destacar en la agenda del país algunos temas que tienen directa vinculación con el ejercicio del periodismo y que apuntan a generar condiciones habilitantes para avanzar en la tutela de la libertad de expresión.
Uruguay ocupa en este momento una posición destacada en materia de libertad de expresión, como resultado de una serie de reformas legislativas que tuvieron lugar en los últimos años y que permitieron adelantar en la materia y armonizar su marco jurídico a los estándares interamericanos. Así resultó un impulso importante la despenalización de los llamados delitos de comunicación, la ley de radiodifusión comunitaria, la ley de acceso a la información pública y más recientemente la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo aún queda planteado el reto de la adecuada implementación de algunas de estas disposiciones legales y la profundización de la regulación legal en la materia, de manera de garantizar que el país cuente con una ley de publicidad oficial que recoja los estándares interamericanos garantizando la transparencia y pautas no discriminatorias, así como el fortalecimiento de la política pública en materia de acceso a la información pública y la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Todas estas medidas, sin lugar a duda, resultan necesarias para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística. Dada su realidad en perspectiva regional, Uruguay se encuentra en una condición privilegiada para ello.
A continuación planteamos algunas cuestiones que – a nuestro juicio- resultan claves para avanzar en esa línea.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A casi dos años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se hace imprescindible su inmediata implementación como forma de dar certezas jurídicas. Para ello no sólo se debe reglamentar la ley sino, incluso antes, se deben constituir los organismos que tienen como cometido instrumentar varios aspectos de la ley, como lo son el Consejo de Comunicación Audiovisual (que dentro de sus competencias tiene las de aplicar, fiscalizar y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley) y el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que deberá ser consultado en forma perceptiva para la elaboración del reglamento de la ley.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique, el pasado 7 de octubre en Santiago de Chile con motivo del 7° Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica, expresó sobre este tema: “De unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y no hacen a la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”, por lo que, “en este momento esas sentencias marcan el rumbo definitivo de la Corte”. Si nos atenemos a estas declaraciones, no tiene sentido seguir dilatando la implementación de la ley.
Publicidad Oficial
Es un hecho alentador en materia de promoción y garantías de la libertad de expresión e información el ingreso formal al Parlamento Nacional en agosto de 2015 de un proyecto de ley elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) con el objetivo de establecer criterios más transparentes y justos para la asignación de publicidad oficial. La iniciativa ciudadana contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, lo que permitió su tratamiento parlamentario.
Una ley de regulación de la publicidad oficial otorga garantías jurídicas y democráticas para que la distribución de publicidad oficial no sea utilizada discrecionalmente por los organismos públicos como medio para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Actualmente el Proyecto está a consideración de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes (Diputados), por lo cual su pronta aprobación constituiría un gran avance para la libertad de expresión e información para nuestro país.
Acceso a la información pública
La ley 18.381 que entró en vigor en octubre de 2008 reguló el derecho de acceso a la información pública de raigambre constitucional. La aprobación de esta norma supuso un hito muy importante al que contribuyeron los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, y que contó el apoyo del sistema político. Sin embargo hoy a 8 años de su vigencia, si bien se ha avanzado en la implementación de la ley aún persisten obstáculos.
En los últimos años CAinfo y APU han recibido consultas y denuncias de periodistas que han intentado utilizar la ley para llevar adelante su tarea de informar a toda la sociedad y que han encontrado distintas trabas para ello. Si bien en muchos casos la ley ha funcionado adecuadamente y ha permitido a la ciudadanía acceder a información de interés público a través del uso que de ella han hecho los y las periodistas, no puede pasar desapercibido el hecho de que en distintos casos el amparo de este derecho requirió ir a la justicia y/o al órgano de control, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Los obstáculos que seguimos advirtiendo en estos casos refieren a la inadecuada clasificación de información, así como a la incorrecta aplicación del procedimiento especial previsto en la ley, derivando en la entrega tardía de la información y/o de manera incompleta.
Por eso, esta fecha nos parece muy oportuna para advertir estas cuestiones e instar a los sujetos obligados por la ley a implementarla de manera adecuada, aplicar los procedimientos y estándares legales para la clasificación de información y agotar los procedimientos y esfuerzos para que la información sea aportada de manera clara, completa y oportuna.
Asimismo entendemos que si bien la ley tiene aspectos muy positivos, en virtud del desarrollo de los estándares interamericanos en la materia y de la necesidad de robustecer la tutela del derecho de acceso a la información en el país resulta necesario discutir y avanzar una mejora de la norma. Estas modificaciones deberían apuntar a fortalecer el órgano de control previsto en la ley, ampliar la nómina de sujetos obligados y perfeccionar el régimen de excepciones entre otros asuntos.
Amenazas a la libertad de expresión de los periodistas
Desde 2015 CAinfo y APU elaboran un informe anual sobre las amenazas a la libertad de expresión que sufren los periodistas durante el ejercicio de su profesión. A pesar de ser uno de los países de la región con los mejores índices en este sentido, persisten en el país algunas prácticas que afectan el ejercicio periodístico.
Sólo en lo que va de 2016, el monitoreo de amenazas logró confirmar la existencia de 21 casos, la mayoría de ellos en Montevideo. Entre estos episodios pueden señalarse mayoritariamente la obstrucción del trabajo periodístico por parte de autoridades de organismos públicos, pero también se contabilizan amenazas, hostigamiento, censura, y el uso de la Justicia como mecanismo para impedir la publicación de información de interés público.
Desde que comenzó a realizarse el monitoreo de amenazas, abarcando el período que va desde enero de 2014 a octubre de 2016, se han logrado confirmar al menos 74 episodios, lo cual demuestra que es necesario desarrollar mecanismos más eficientes de denuncia y para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión, de manera de asegurar al mismo tiempo el derecho de la población al acceso de una información veraz, oportuna y de calidad.
Por todo lo antes dicho, abogamos porque estos temas sean jerarquizados en la agenda parlamentaria y política en lo que resta de este período de gobierno.
CAINFO-COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA-APU
En el marco del Día Internacional del Saber que se celebra todos los 28 de setiembre, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública propone conocer una investigación realizada por tres estudiantes de periodismo de la Universidad ORT a partir de solicitudes de acceso a la Información Pública.
A través del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública las estudiantes pudieron conocer detalles sobre cómo se manejan los fondos para la cultura.
Vea el video:
DÍA DEL SABER
Este día comenzó a celebrarse en el año 2003 impulsado por los defensores del acceso a la información en todo el mundo, con el objetivo de recordar la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento esencial de la vida democrática.
Este año 2016, además, es de especial importancia porque se celebra el primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública.
El año pasado 2015, CAinfo difundió el testimonio periodistas y activistas que utilizaron la ley de acceso a la información pública para acceder a información de interés público. Repase aquí los vídeos:
Víctor Bacchetta del Movimiento por un Uruguay Sustentable, nos cuenta cómo a través de la ley de acceso a la información pública, el movimiento pudo conocer información ambiental del proyecto de megaminería Aratirí.
Richard Muiño explica cómo a través de la ley de acceso a la información pública se pudo conocer la situación de niños con discapacidad en centros educativos.
Nausícaa Palomeque, periodista del programa de radio No toquen nada (Océano FM), pudo conocer a través de la ley de acceso, que sólo uno de cada tres directores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) superó primaria.
Quince organizaciones sociales latinoamericanas se asociaron para crear la “Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación” con el objetivo de promover la libertad de expresión en la región a partir de su preocupación por los elevados niveles de concentración mediática.
La Alianza, cuyo lanzamiento se realizó en el marco del “Encuentro Internacional: Libertad de Expresión y Concentración Mediática en América Latina”, está integrada por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y convergencia (OBSERVACOM) , Colegio de Periodistas de Chile, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Artículo 19 de Brasil, CAinfo (Centro de Acceso a Archivos y Acceso a la Información) de Uruguay, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Intervozes– Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) de Guatemala, Civitas de Guatemala, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES Paraguay, Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa de Costa Rica (RedMica), Foro por el Derecho a la Comunicación de Perú y Artículo 19 para México y Centroamérica.
La declaración fundacional de la Alianza por la Diversidad y Pluralismo establece 6 puntos centrales: en primer lugar, el rol de los Estados para garantizar y proteger la libertad de expresión; el reconocimiento de la fuerte concentración de medios en manos de grupos privados; la demanda a los Estados para ajustar sus marcos regulatorios e implementar planes y políticas públicas activas para garantizar el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector de medios sin fines de lucro, así como también medidas concretas para garantizar que los medios de gestión estatal funcionen como medios públicos y no como medios al servicio del gobierno de turno.
La declaración también hace referencia al proceso de convergencia y a la transición digital como oportunidad para asegurar la diversidad de voces y equilibrar los regímenes de propiedad entre el sector privado, comercial y social-comunitario. Por último, las organizaciones piden a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas que emitan estándares y recomendaciones sobre libertad de expresión y concentración mediática.
La presentación pública de la Alianza es la culminación de un proceso iniciado en noviembre de 2015 en Bogotá (Colombia), que tiene por objetivo unir esfuerzos de la sociedad civil para enfrentar la problemática que representan los monopolios, oligopolios y otras formas de concentración indebida en los medios de comunicación y su impacto negativo en el periodismo independiente, la diversidad y el pluralismo de informaciones e ideas y, en general, en el pleno ejercicio de las libertades de expresión e información.
En el marco del primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información lanzó la edición #SaberMás2016 «Una década de Acceso a la Información en Las Américas».
El informe contiene una análisis sobre el estado actual del derecho de acceso a la información pública y sus principales obstáculos en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD por su sigla en inglés), emitió un conjunto de recomendaciones al Estado uruguayo en el marco de la revisión sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proceso de revisión por parte del CRPD tuvo lugar el pasado 15 y 16 de agosto en Ginebra, Suiza.
El comité consideró positiva la ratificación por parte del Estado uruguayo del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas con Discapacidad Visual. Asimismo, el comité consideró positiva la sanción de la Ley 18651, “que constituye un nuevo paso hacia el establecimiento de un sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad”, señala el CRPD.
En tanto, el Comité de ONU estableció áreas de preocupación y recomendaciones para el estado uruguayo, concentradas en 68 puntos, entre las que destacan:
La terminología peyorativa y disposiciones que no están armonizadas con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos establecido en la Convención y que aún se mantiene en la legislación, políticas y programas públicos. Recomienda que el Estado parte adopte un plan para la revisión, derogación, reforma y/o adopción de políticas y legislación, incluyendo la Constitución, a fin de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para revisar la definición legal de discapacidad con el objetivo de armonizarla con los principios y artículos de la Convención y, subsecuentemente, para establecer un sistema de certificación única de la discapacidad que refleje un modelo basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Al Comité le preocupa que no haya suficientes consultas con personas con discapacidad, a través de sus organizaciones, a la hora de la adopción de políticas y programas que les afectan. Recomienda al Estado parte que adopte un mecanismo de consultas permanentes a personas con discapacidad a través de sus organizaciones.
Respecto a Igualdad y no discriminación:
Al Comité le preocupa que la legislación del Estado parte no incluya la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación contra las personas con discapacidad, la ausencia de políticas que combatan la discriminación múltiple e interseccional, y que no existan mecanismos accesibles para denunciar los casos de discriminación por motivo de discapacidad, ni mecanismos de reparación. Recomienda al Estado parte que reconozca en su legislación la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación por motivo de discapacidad en todos los ámbitos de participación y que la sancione. Asimismo le recomienda que incluya las formas múltiples e interseccionales de discriminación en su legislación antidiscriminación. También le recomienda que adopte medidas que garanticen métodos accesibles para la denuncia de actos de discriminación por motivo de discapacidad, así como mecanismos de reparación.
Respecto a la recopilación de datos y estadísticas:
Preocupa al Comité la ausencia de datos e información desglosados y comparables sobre las personas con discapacidad en el Estado parte en todos los sectores, así como la falta de indicadores de derechos humanos en los datos disponibles. Preocupa también al Comité la ausencia de temas de género, infancia y violencia en los datos estadísticos.
El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca la recopilación sistemática, el análisis y la difusión de datos desglosados comparables sobre las personas con discapacidad en todos los sectores. También recomienda que, en cooperación con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, desarrolle un sistema de indicadores basado en los derechos humanos.
El Comité recomienda al Estado parte que en estrecha colaboración con las organizaciones de las personas con discapacidad, adopte una política de cooperación internacional armonizada con la Convención, y que introduzca de forma transversal los derechos de las personas con discapacidad en la aplicación y seguimiento nacional de la Agenda 2030, consultando a las organizaciones de personas con discapacidad.
Sobre accesibilidad:
De conformidad con la observación general número 2 del Comité (2014) sobre accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte que implemente un plan de acción para aplicar la accesibilidad en el transporte, el entorno físico, la información y la comunicación, conforme al concepto de diseño universal para proporcionar transporte accesible, urbanización inclusiva con planificación y gestión participativa, y acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Sobre Libertad de Expresión:
El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la normativa relevante y que transmita, en modos, medios y formatos de comunicación accesibles, toda información pública destinada a la población en general.
Sobre Educación:
El Comité recomienda al Estado parte que implemente un plan con una hoja de ruta para una transición hacia la educación inclusiva de calidad, a todo nivel hasta el superior, capacitando a docentes y disponiendo de los apoyos y recursos necesarios, y en particular que se tome en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Le recomienda también que desarrolle e integre los derechos de las personas con discapacidad como elemento obligatorio en la formación de docentes y adoptar una política de no rechazo para la admisión de estudiantes con discapacidad. El Comité también le recomienda que lleve a cabo campañas de toma de conciencia dirigidas a la sociedad en general, las escuelas y las familias de personas con discapacidad, con el fin de promover la educación inclusiva y de calidad.
