Feb 20, 2013
COMUNICADO – Montevideo, 19 de febrero de 2013
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo solicitó información a la Presidencia de la República y al Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre los decretos del 31 de diciembre de 2012 (que estableció un régimen especial para que los actuales canales privados accedan directamente a frecuencias en la televisión digital) y del 23 de enero, que suspendió sin plazo el llamado a interesados en explotar el servicio de televisión digital abierta en el sector comercial.
El organismo lo hizo luego de tramitar una denuncia presentada por la Coalición por una Comunicación Democrática por la presunta violación de los estándares de diversidad, pluralismo y libertad de expresión establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la solicitud, la Institución describió la situación planteada a partir de la aprobación de los decretos aprobados entre diciembre y enero por el Poder Ejecutivo y solicitó información acerca del respeto de los derechos en juego.
En su parte dispositiva la INDDHH solicitó a la Presidencia y el MEM: «(Informes) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Estado uruguayo a los efectos de cumplir estrictamente las obligaciones originadas en las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificadas por la República, sus estándares y principios generales, al momento de regular el tema objeto de esta denuncia», la Presidencia de la República y el MIEM tienen 10 días corridos para contestar el pedido de informes y la denuncia remitidos por la INDDHH.
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Feb 18, 2013
COMUNICADO – IELSUR, 18 de febrero de 2013
1.- Los Tribunales de Justicia son el espacio institucional fundamental para la protección y garantía de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, así como en el derecho internacional de los derechos humanos a través de los instrumentos ratificados por el Estado, de manera que existe una relación directa entre la solidez del sistema de justicia y la calidad de la democracia.
2.- Un Estado protector y promotor de los derechos humanos requiere por tanto de un Poder Judicial eficiente y dotado de los máximos recursos disponibles.
Recursos económicos pero también recursos humanos que aseguren que aquellos funcionarios encargados de dictar justicia posean la máxima capacitación y puedan ejercer sus cargos con el máximo de independencia política y técnica. Para ello, la Justicia debe ser independiente con respecto a los demás Poderes del Estado, pero debe también poseer internamente la capacidad de generar la independencia técnica de los magistrados y que esta coadyuve a la obtención de la máxima calidad posible en la jurisprudencia.
3.- En este sentido, decisiones poco transparentes o no debidamente fundamentadas en lo referido a los ascensos, traslados y sanciones de los jueces pueden significar una amenaza contra la autonomía técnica y moral de los jueces.
4.- Para evitarlo, es deseable entonces que las potestades constitucionales que posee hoy la Suprema Corte de Justicia estén acompañadas por procedimientos legales que otorguen cristalinidad a las decisiones referidas a la carrera judicial para que así la ciudadanía pueda controlar el debido funcionamiento del Poder Judicial, obligue a la rendición de cuentas por parte de sus autoridades y así se garantice el acceso de los mejores jueces a las altas magistraturas del sistema.
5.- Polémicas desatadas como la sucedida por la decisión del traslado de la Dra. Mariana Mota podrían haberse evitado de existir procedimientos dotados de una mayor transparencia y garantías tanto para quien está implicado directamente como para las partes involucradas en los juicios que se están sustanciando bajo su competencia.
6.- El régimen actual de los traslados no cuenta con otra regulación legal que lo dispuesto en el art. 96 de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales (Ley 15.750), que establece que la Suprema Corte establecerá el orden de los traslados. De esta forma, los criterios empleados son de orden pragmático y su falta de debida fundamentación y transparencia propicia la sospecha de un sistema de ascensos o sanciones encubierto, o lo que es peor aún, la sospecha de concesiones otorgadas por presiones políticas o corporativas de distinto cuño.
Por tanto, IELSUR entiende indispensable abrir un gran debate sobre qué Poder Judicial el país necesita y cómo asegurar que quienes desempeñen la función publica de dictar Justicia estén mejor preparados para ello y puedan cumplir su función con las máximas garantías de imparcialidad e independencia incluyendo las reformas constitucionales y legales que sean necesarias. Estas, además de reafirmar el derecho humano a una judicatura independiente, deberán propiciar la existencia de un procedimiento garantista que establezca criterios objetivos e imparciales para la selección, ascensos y traslados de jueces y proteja la carrera judicial sobre la base de las aptitudes éticas y profesionales, la especialización y la inamovilidad e incorporando el control ciudadano sobre los fundamentos de este tipo de decisiones.
Feb 18, 2013
COMUNICADO – CEJIL y WOLA, 15de febrero de 2013
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.
En tiempos en que Uruguay debe saldar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota al fuero civil, profundiza las dificultades que hasta este momento enfrenta la justicia uruguaya.
La alegada legalidad de la medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.
CEJIL y WOLA expresan su solidaridad con las víctimas, sus familiares y con toda la sociedad en Uruguay, que desde hace décadas persiste en su lucha por la justicia y el cese de la impunidad.
Ene 23, 2013
Los organismos públicos están obligados a responder solicitudes de información de cualquier persona vía web y/o correo electrónico, sin necesidad de ratificación presencial del pedido por parte del interesado, y no se podrán exigir el uso de formularios específicos para presentar las solicitudes de información, de acuerdo a un dictamen recientemente emitido por el Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). Este dictamen se dio en respuesta a una gestión presentada por las organizaciones CAinfo y DATA que administran conjuntamente el portal de solicitudes de información Quésabes.org.
El trascendente dictamen también establece que, a los efectos de la identificación de los solicitantes de información es suficiente con que los ciudadanos se identifiquen con su nombre, apellido, aunque también se podrá aportar en forma opcional la cédula de identidad, pero no tiene que estar disponible para el público en general en la página web que gestiona solicitudes de acceso a la información. Ver información completa en el PDF adjunto a esta nota.
Ene 16, 2013
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó durante los días 10 y 11 de enero del Encuentro Regional sobre Gobierno Abierto del Open Government Partnership (OGP) en Santiago de Chile. Además, conjuntamente con la red Transparencia Internacional (TI), se realizaron reuniones de trabajo previas al encuentro, con el fin de fortalecer la presencia de la sociedad civil en OGP e incidir con unpropuesta de temas concretos y relevantes en la agenda de los días posteriores.
Durante el encuentro del 10 y 11 de enero, se llevaron a cabo distintas sesiones plenarias y talleres simultáneos, que apuntaron al intercambio de experiencias y conocimiento sobre contenidos como: los desafíos de gobierno abierto en América, la comparación entre los planes de acción de los distintos países, las expectativas de la sociedad civil frente a estos compromisos, el Parlamento Abierto, y los Órganos de control y Gobierno Abierto en América.
Las reuniones previas constaron de dos encuentros: el martes 8 de enero se convocó a una reunión de la que participaron los miembros del Comité Ejecutivo que participaban de la delegación de la Alianza Regional, los responsables regionales de TI y la Coordinación de OGP. Se trabajó en el desarrollo de una propuesta de acciones concretas y temas a incluir en la agenda de intervención de los días 10 y 11 de enero. Durante el día 9, se realizó una reunión plenaria de organizaciones, donde participó la delegación completa de la Alianza Regional, y se apuntó a lograr, en base a la propuesta elaborada, una estrategia unificada para aprovechar el espacio del encuentro y la participación de Latinoamérica.
Dentro de la delegación de la Alianza Regional participaron las organizaciones: ADC de Argentina, Articulo 19 de Brasil, Transparencia por Colombia, IPLEX de Costa Rica, Fusades de El Salvador, Fundar de México, IDEA de Paraguay, Participación Ciudadana de República Dominicana, Acción Ciudadana de Guatemala, y CAINFO de Uruguay.
Ene 2, 2013
Del mismo participaron los miembros del Consejo
Ejecutivo de UAIP, el Dr. Edison Lanza, la Dra. Mariella
Saettone, el Dr. Pablo Ballarini y el Sr. Víctor
Vaillant, miembros del Consejo Consultivo.
Entre los temas abordados se hizo un balance de las
actividades realizadas en 2012. Del intercambio surgieron
nuevas ideas para ser desarrolladas en 2013.
Entre ellos, se destacó la oportunidad de avanzar en
la capacitación y difusión del derecho de acceso a la
información pública ante la ciudadanía, a fin de que
todos puedan conocer esta herramienta como mecanismo
de participación.
