Poder Ejecutivo promulgó ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Poder Ejecutivo promulgó ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

El Poder Ejecutivo promulgó la ley de servicios de comunicación audiovisual, N°19.307. La iniciativa obtuvo sanción definitiva el pasado 22 de diciembre en la cámara de diputados.

La Coalición por una Comunicación Democrática emitió un comunicado saludando la aprobación de esta norma que garantiza la libertad de expresión:

El pasado lunes 22 de diciembre, después de un largo proceso que se inicia en el 2010 en el Comité Técnico Consultivo, donde participan empresarios, academia y sociedad civil, sentando las grandes líneas de un proyecto largamente discutido en el Parlamento, donde son escuchadas infinidad de opiniones provenientes de los más diversos ámbitos, se aprobó definitivamente en la Cámara de Diputados la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Una ley que ha contado desde el primer momento con el respaldo decidido de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y reconocidas voces del ámbito internacional, como los relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, además de organizaciones como Artículo 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras.

No podemos más que congratularnos con la aprobación de una ley que garantiza la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación sino de sus trabajadores y periodistas, y de los ciudadanos todos.

  • La ley establece mecanismos transparentes y con participación ciudadana para la asignación de canales de cable y frecuencias de radio y televisión, así como límites a la concentración de medios en pocas manos.
  • Promueve la producción nacional y el trabajo de actores, músicos y trabajadores de la cultura.
  • Defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un horario de protección durante el cual no se podrán exhibir escenas de violencia extrema o pornografía.
  • Promueve la introducción paulatina de la lengua de señas y audio descripción, garantizando así el derecho de las personas que no pueden oír, ver, o tienen disminuidos esos sentidos.
  • Establece la Defensoría del Público, que será ejercida por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Sabemos que la ley contiene algunos aspectos a mejorar, y por ello la Coalición continuará haciendo aportes durante su implementación en la dirección de cumplir con los estándares internacionales en la materia, así como lo hizo desde 2010 para esta etapa que culminó ayer.

Por esos motivos y muchos más, festejamos la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y seguiremos bregando por más democratización de la comunicaciones y más libertad de expresión.

La Coalición por una Comunicación Democrática condena el asesinato del periodista paraguayo Pablo Medina

La Coalición por una Comunicación Democrática condena el asesinato del periodista paraguayo Pablo Medina

La Coalición por una comunicación democrática de Uruguay expresa su solidaridad, con el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPPP) y las organizaciones sociales y de derechos humanos de Paraguay, ante el asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, víctima de un atentado. En el atentado también murió la joven Antonia Almada de 19 años quien no fue auxiliada en tiempo y forma para salvar su vida según denuncia el SPP.

El asesinato por encargo de un periodista, es un atentado a los más básicos derechos humanos y representa una alarmante peligro para las libertades democráticas. Desde Uruguay expresamos la preocupación y el repudio de estos actos y nos ponemos a disposición de las organizaciones sociales para coordinar otras acciones de solidaridad.

La Coalición por una Comunicación Democrática condena el asesinato del periodista paraguayo Pablo Medina

Pronunciamiento de la sociedad civil sobre la necesidad de avanzar en esta legislatura en una ley democrática de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, redes integradas por las siguientes organizaciones, entre otras: Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), DATA, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora, RedCon, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y Uruguay Transparente, quieren dar a conocer el siguiente posicionamiento frente al inminente tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Senadores:

En los últimos días asistimos a un debate sobre la pertinencia de que el Parlamento apruebe la primera ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de la democracia en el marco del presente año electoral.

Frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al proceso de aprobación de la LSCA, actualmente en curso, reafirmamos la profunda convicción de que el Parlamento debe aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas.

La sociedad civil reivindica además, un debate razonado y fundado sobre la pertinencia y los fundamentos de esta Ley de Servicios de Comunicación, sin caer en adjetivaciones y calificativos tremendistas y descalificadores, que no aportan al debate y esconden de esa forma los verdaderos intereses que defienden.
A continuación se enumeran las razones y evidencias que explican por qué el Senado debe terminar de dar su aprobación a la LSCA:

¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?
– Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, entretenimiento, cultura, deporte y a los contenidos más diversos para la población.
– Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.
– Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.
– Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos. En Uruguay vivimos de las peores prácticas entorno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.
– Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.
– Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.
– Porque los sectores específicos o grupos en situación de desventaja social, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTB o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años.

¿Por qué esta ley es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión?
– El proyecto de LSCA a estudio del Parlamento: i) no regula a la prensa escrita, ii) no afecta a los contenidos (salvo cuando refiere expresamente a la protección de los derechos de grupos específicos o en desventaja social); iii) contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.
– La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.
– El proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley: horario de protección a la infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias.
– Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, Unesco) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.
– Por encima de las diferencias que los distintos actores tengan con la legislación, rechazamos enfáticamente las descalificaciones simplistas y burdas. Sólo aquellos que no quieren esta ley por otras razones, como mantener algunos privilegios que aún subsisten, pueden decir que su objetivo es la censura.

Saludamos las modificaciones introducidas en el Senado:
La Coalición saluda con beneplácito que en el marco de la discusión que se viene dando en la Comisión de Industria del Senado, se haya introducido nuevamente la figura de un organismo de control y aplicación fuerte de la ley (el Consejo de Comunicación Audiovisual), con autonomía del Poder Ejecutivo y un proceso democrático de designación de sus directivos, que presenta las garantías suficientes para todos los actores.
También saludamos la incorporación de garantías judiciales para la aplicación de cualquier sanción a los medios en el marco de la ley. Por otra parte, nos parece un avance la ampliación de la figura del Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), para formalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de comunicación.
Saludamos finalmente la incorporación definitiva de la figura de la defensoría de las audiencias, en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos.