Mar 31, 2015
La Alianza Regional por la Libre Expresión e información, en el marco del proceso de consulta abierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó un documento de observaciones respecto de la solicitud de opinión consultiva presentada por el Gobierno de Panamá. En ésta, se pide que la Corte determine el rol de las personas jurídicas respecto a los derechos que éstas tendrían en virtud de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador.
En sus observaciones, la Alianza Regional destaca la importancia que ha tenido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de las víctimas de violaciones de su libertad de expresión, sean éstas personas físicas o jurídicas, y señala la importancia de mantener los criterios que se han aplicado hasta la fecha.
Estas observaciones fueron elaboradas por los integrantes de la Comisión de Litigio de nuestra red, y es presentada en nombre de las 23 organizaciones miembros de la Alianza Regional.
Para acceder al documento completo haga click aqui.
Nov 19, 2014
Los miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y capítulos de la red de Transparency International de América Latina, así como las organizaciones y personas abajo firmantes, reconocemos la importancia de la iniciativa de OGP como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil.
Sin embargo, vemos con preocupación que este diálogo no se haya traducido en avances significativos y concretos para empezar a convertir el ideal de gobierno abierto en una realidad.
Consideramos que a tres años de iniciada esta iniciativa es un momento decisivo para introducir cambios.
Comprendemos que los estándares de ingreso sean amplios para permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Ahora bien, creemos que las calificaciones de elegibilidad requieren ser revisadas y debe llevarse a cabo una estricta evaluación cuyos resultados se apeguen a la realidad. Esto incluye analizar los contenidos de los índices que se están utilizando y la verificación de los datos con la sociedad civil local. Asimismo, los criterios de permanencia en OGP deben ser más rigurosos y la evaluación tiene que hacerse a la luz de los principios de no regresión y progresividad, y los países que no los respeten deben ser sancionados, llegando eventualmente a la expulsión.
Creemos que debe hacerse explícito que el objetivo de OGP es acercar los gobiernos a las personas, poniendo énfasis en garantizar un real respeto de los derechos fundamentales y niveles cada vez más altos de calidad de vida.
Por esto, estamos convencidos que un primer requisito ineludible es contar con normas jurídicas que garanticen un real y efectivo acceso a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Del mismo modo, se observa una gran desigualdad entre el rol del gobierno y el de la sociedad civil en la convocatoria y elaboración de los planes de acción y en su implementación. Es importante, en consecuencia, una acción más eficiente del Support Unit y del Steering Committee para contribuir a garantizar la co-creación de los planes de acción, así como una participación paritaria Estado-Sociedad Civil durante todo el proceso de implementación, lo cual requiere apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil en los países miembros de OGP.
Creemos, que la consideración y atención de estos temas servirán para incentivar el diálogo entre las instancias de dirección y las bases del movimiento por un Gobierno Abierto.
ORGANIZACIONES:
Artículo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por una Sociedad más Justa – Honduras
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) – Uruguay
Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO – Paraguay
Chile Transparente
Ciudadano Inteligente – Chile
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) – Honduras
Consejo Nacional de Periodismo (CNP) – Panamá
Consejo de la Prensa Peruana – Perú
Costa Rica Integra – Costa Rica
Directorio Legislativo – Argentina
Espacio Público – Venezuela
Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador
Fundación Construir – Bolivia
Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) – Honduras
Fundación para la Libertad Ciudadana – Panamá
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) –
El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación – México
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú
Observatorio Legislativo – Ecuador
Participación Ciudadana (PC) – República Dominicana
Poder Ciudadano – Argentina
Pro Acceso – Chile
Pro Etica – Perú
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa
Semillas para la Democracia – Paraguay
Transparencia Por Colombia
Transparencia Venezuela
Visión Legislativa – México
A TITULO PERSONAL:
Karina Banfi
Nov 18, 2014
- Han pasado 53 días desde la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes mexicanos y la ejecución extrajudicial de otros tres.
- Recientemente México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y como tal debe garantizar espacios verdaderos de confianza y co-creación con la sociedad civil, sólo así podrá fungir como guía para los demás países.
- La sociedad civil de las Américas exige al gobierno de México que rinda cuentas sobre los hechos acontecidos en el estado de Guerrero y garantice la búsqueda efectiva en vida, verdad, justicia, reparación y no repetición.
San José, Costa Rica., a 18 de noviembre de 2014.- La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) busca construir una nueva relación entre gobierno y sociedad aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida pública de los países.
México es uno de los ocho países fundadores de la AGA. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y el gobierno federal, han manifestado públicamente su interés en convertir esta Alianza en una verdadera plataforma de diálogo y colaboración para avanzar en los principios de Gobierno Abierto. Sin embargo, el día de hoy, estos principios en México se encuentran ante circunstancias que ponen de manifiesto una crisis estructural que trasciende eventos, partidos políticos, poderes y ámbitos de gobierno.
Las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio de este año; la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de 3 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de este año; las más de 22 mil personas desaparecidas y, la proliferación de acciones legales y cuasi-legales para restringir los espacios cívicos a las voces de disenso, hacen evidente la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, así como la apremiante necesidad de que el Gobierno Mexicano informe de manera veraz, oportuna y clara y rinda cuentas a fin de generar confianza de parte de la sociedad.
México, como presidente de esta Alianza, debe fungir como ejemplo para los demás países y garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de gobierno, poderes y la sociedad. La fragmentación existente entre las partes hace imposible que funja como guía y dé cumplimiento a los objetivos de esta iniciativa. Por esto, organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, programadores y desarrolladores de México y de las Américas se solidarizan con las familias de los jóvenes desaparecidos y con la sociedad mexicana y llaman al Gobierno Mexicano a mostrar un verdadero compromiso con el gobierno abierto.
No somos indiferentes a este doloroso contexto y por esto nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana que ha sufrido por los años de ausencia de un Estado de derecho.
La indignación y el dolor no nos van a vencer. Es hora de que el Estado sepa que no toleraremos ni una simulación más. México necesita un cambio profundo.
La sociedad civil mexicana y de 18 países apoyamos y hacemos propias las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos y exigimos, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que el Gobierno Mexicano rinda cuentas y garantice un verdadero Estado de derecho. Exigimos la búsqueda en vida, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es necesario conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.
Ayotzinapa ¡Nunca más!
Organizaciones
1. Artículo 19, Capítulo para México y Centroamérica. México.
2. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). México.
3. Cultura Ecológica. México.
4. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México.
5. Gestión Social y Cooperación (GESOC). México.
6. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). México.
7. Social TIC. México
8. Transparencia Mexicana. México.
9. Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática. México.
10. Codeando. México.
11. Sonora Ciudadana. México.
12. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIG). Argentina.
13. Asociación por los Derechos Civiles. Argentina.
14. Directorio Legislativo. Argentina.
15. Asociación Nacional de la Prensa. Bolivia.
16. Chile Transparente. Chile.
17. Fundación Ciudadano Inteligente. Chile.
18. Fundación Multitudes. Chile.
19. Pro Acceso. Chile.
20. Foro Nacional por Colombia. Colombia.
21. Transparencia por Colombia. Colombia.
22. Colectivo por los Derechos Digitales. Costa Rica.
23. Estudio Manati. Costa Rica.
24. Fundación Acceso. Costa Rica.
25. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Costa Rica.
26. Red Calm. Costa Rica.
27. Red de Control Ciudadano. Costa Rica.
28. Proyecto Accesa. Costa Rica.
29. Fundamedios. Ecuador.
30. Datos El Salvador. El Salvador.
31. Acción Ciudadana. Guatemala.
32. Doses, Guatemala.
33. Asociación para una Sociedad más Justa. Honduras.
34. C-Libre. Honduras.
35. Fundación Democracia sin Fronteras. Honduras.
36. Fundación Violeta Chamorro. Nicaragua.
37. TI Panamá. Panamá
38. Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Paraguay.
39. DAR. Perú.
40. Open Data Perú. Perú.
41. Grupo Propuesta Ciudadana. Perú.
42. Espacios Abiertos. Puerto Rico.
43. Fundación Justicia y Transparencia de la República Dominicana.
44. Centro de Archivos y accedo a la información Pública (CAinfo). Uruguay.
45. DATA. Uruguay.
46. Red Uy. Uruguay.
47. Espacio Público. Venezuela.
48. Transparencia Venezuela. Venezuela.
A título personal
Ana Cristina Ruelas. México.
Aroa de la Fuente. México
Darío Ramírez. México.
Emilene Martínez. México.
Haydee Pérez Garrido. México.
Héctor Rubio. México.
Guillermo Noriega. México.
José Roldán Xopa. México.
Marta Laura Monteleón Sánchez. México.
Pablo Collada. México
Paulina Bustos Arellano. México.
Paulina Gutiérrez México.
Rocío Moreno. México.
Rubén Amhed Moya Vidrio. México.
Agustina De Luca. Argentina.
Renzo Lavín. Argentina.
Paulina Ibarra. Chile.
Fabio Velázquez. Colombia.
José Hernández Bonivento. Colombia
Jeffrey Esquivel. Costa Rica.
José Lidier Artavia. Costa Rica.
Luciana Peri. Costa Rica.
María Fernanda Avendaño Mora. Costa Rica
Nicole Yanez. Costa Rica.
Sharely Alfaro Elizondo. Costa Rica.
Susana Soto González. Costa Rica.
Iris Palma. El Salvador.
PatriceMcDermott. Estados Unidos.
José Marín. Guatemala.
Carlos Hernández. Honduras.
Jessica Estrada. Honduras.
Lester Ramírez Irias. Honduras.
Xenia Hernández. Honduras.
Guillermo Medrano. Nicaragua.
Carlos Gasnell. Panamá.
María José García Ascolani. Paraguay
Aida Gamboa. Perú.
Antonio Cucho. Perú.
Carlos Monje Salgado. Perú.
Epifanio Baca. Perú.
María Fernanda Ramos Cruz. Puerto Rico.
Trojano Vidal. República Dominicana.
Zoe Reiter.
Sep 29, 2014
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el informe SABER MAS VI: “Acceso a la Información Pública y las Instancias de Control y Apelación”, en conmemoración de los 12 años del día Mundial del Derecho a Saber.
Por sexto año consecutivo, publicamos un informe regional que en esta oportunidad da cuenta del estado del derecho de acceso a la información pública en las Américas, desde el punto de vista del rol que han tenido los órganos encargados de resolver los conflictos que se suscitan entre ciudadanos y las entidades públicas en la entrega de la información, tales como las comisiones e institutos de información, defensorías del pueblo, entre otras.
Además, se hace una revisión del funcionamiento de las instancias de apelación, lo que es importante en aquellos países que no cuentan con leyes de acceso a la información, o que no tienen este tipo de entidades rectoras.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información está integrada por 23 organizaciones de 19 países de la región, y en este SABER MAS VI, se contiene la diversidad de opiniones de los miembros en base a sus experiencias y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del acceso a la información pública.
Este informe busca ser un aporte al debate regional que contribuya a reconocer y trabajar en los principales desafíos que experimenta la región en materia de acceso a la información, poniendo el eje en el rol de las instancias de control y apelación, claves para el cumplimiento de este derecho. Para ello se detiene en el análisis de los mecanismos institucionales de solución de conflictos, los procedimientos administrativos y judiciales existentes, los regímenes sancionatorios, y los principales temas de controversia que se han presentado.
El informe que se publica en el marco del “Día Mundial del Saber”, celebrado el 28 de setiembre, nos invita a tomar conciencia de la necesidad colectiva de hacer una práctica el pedir y obtener información del Estado.
Vea el informe
Jun 23, 2014
Las cadenas nacionales es una herramienta comunicacional que permite a los gobiernos usar los medios de comunicación para transmitir a la población información de trascendencia pública. Sin embargo, la posibilidad de que éstos hagan uso abusivo de esta herramienta pone de manifiesto la necesidad de que haya regulación clara al respecto. ¿Cómo es la situación en América Latina?
El informe “Cadenas Nacionales” de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una coalición de organizaciones de la sociedad civil de las Américas que integra CAinfo, aborda temas claves para entender este fenómeno. ¿Cuántos países tienen reguladas las cadenas de radiodifusión? ¿La regulación es de rango constitucional, legal o sublegal? ¿Cuántas cadenas se han implementado en el último tiempo? ¿Existe la necesidad de justificar las cadenas? ¿Qué medios están obligados a transmitir? ¿Está regulado cuánto tiempo tiene que durar?
En el caso de América del Sur, se observa que Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen legislación que regula las cadenas nacionales; Brasil, Paraguay y Chile regulación en casos específicos (campañas electorales, catástrofes, seguridad nacional, etc); en tanto, Perú no tiene ningún tipo de regulación en este sentido.
Vea el informe.
Mar 21, 2014
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifiesta su preocupación por la entrada en vigencia en Honduras de la “Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de Marzo, por las graves contradicciones que tiene con los estándares internacionales de acceso a la información pública, sus impactos en el derecho de libertad de expresión, y su carácter regresivo respecto de la normativa que sobre esta materia que ya existía en el país.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos establece un catálogo amplio de excepciones que no son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y además otorga facultades al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para clasificar información de manera previa, en base a su sola decisión discrecional.
Esto está en evidente contradicción con el principio de máxima divulgación, que impone que toda la información que está en posesión del Estado es por principio de acceso público, y sólo se puede limitar su acceso en el caso concreto en base a un régimen limitado de excepciones legales, las que deben ser claras y limitadas. Además, conforme a los estándares internacionales, los órganos públicos tienen la obligación de justificar la aplicación de una excepción mediante una “prueba de daño”, en la cual demuestren que el eventual perjuicio por la entrega de información es mayor que el interés público de su divulgación, en base a una interpretación restrictiva de las excepciones legales frente a una solicitud de información concreta. En este caso, la aplicación de estas excepciones se basa en la sola decisión discrecional de la autoridad, con lo que se coarta el derecho de los ciudadanos de solicitar información y tener respuesta oportuna, y de conocer las razones específicas por las cuales se les está negando información en caso de una negativa, lo que es esencial para el control social de los actos públicos.
Dichos estándares se encuentran sistematizados en la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos de 2011, y fueron sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Claude Reyes y otros vs. Chile de 2006, donde se reconoció al derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental. Todos estos estándares han sido recogidos en todas las legislaciones modernas de la región.
Asimismo, la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos contiene disposiciones que impiden a los medios de comunicación difundir información clasificada conforme a esta norma, lo que le entrega al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de herramientas para impedir su difusión en base a su sola decisión. Esto puede constituirse en una forma de censura previa que puede vulnerar el derecho de libertad de expresión, y podría convertir a esta norma en una verdadera “Ley Mordaza”, para los ciudadanos, los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos implica un grave retroceso respecto de los avances que se habían tenido en el país con la ley de Transparencia y Acceso a la Información de 2006, coarta gravemente las facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública, y pone en riesgo la libertad de expresión en Honduras, lo cual atenta contra la consolidación de una democracia con instituciones fuertes y ciudadanos empoderados para participar en los asuntos públicos.
La Alianza Regional agrupa a 23 organizaciones no gubernamentales de 19 países de Las Américas, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento del pleno ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Manifiesta su preocupación por la entrada en vigencia en Honduras de la “Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, y acompaña a sus miembros locales Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) y Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en su llamado a dejar sin efecto esta ley, y que no se den retrocesos en la garantía del derecho humano de acceso a la información pública y libertad de expresión.
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Las organizaciones firmantes:
· Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
· Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
· Artículo XIX- Brasil
· Asociación por los Derechos Civiles (ADC)-Argentina
· Acción Ciudadana – Guatemala
· Comité por la Libre Expresión (CLibre)- Honduras
· Consejo Nacional de Periodismo (CNP). Panamá
· Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) – Uruguay
· Espacio Público – Venezuela
· Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador
· FUNDAR Centro de Análisis e Investigación – México
· Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
· Fundación Pro Acceso – Chile
· Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
· Fundamedios – Ecuador
· Fundación Democracia Sin Fronteras (FDSF)- Honduras
· Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
· Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
· Transparencia por Colombia – Colombia
· Transparencia Venezuela – Venezuela
