Ago 1, 2012
Búsqueda, 26 de julio de 2012 – Victoria Fernández
La ley de acceso a la información pública garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que está en poder de los organismos del gobierno. Contempla sin embargo algunas “excepciones” que deben ser “de interpretación estricta” y que abarcan las informaciones que la ley define como secretas y las que los organismos clasifican como reservadas o confidenciales.
Pese a que la ley fue sancionada hace casi cuatro años, el cumplimiento de la normativa es heterogéneo y la interpretación de la norma ha sido dispar por parte de las entidades públicas,
lo que provocó cuestionamientos de parte de la oposición y de organizaciones sociales. El próximo 31 de julio se vence el plazo (que ya fue extendido dos años) para que los organismos clasifiquen la información como reservada, confidencial o secreta.
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Jul 30, 2012
Brecha,27 de Julio de 2012 – Edison Lanza
La ley de acceso a la información pública está bajo prueba. El motivo de su aprobación fue transparentar la gestión pública, facilitar la rendición de cuentas y permitir que cualquier persona pudiera ejercer el derecho a estar informado sobre los asuntos de interés público. El principio rector es el de “máxima divulgación” de toda información en poder del Estado. Pero si las excepciones comienzan a aplicarse por parte de los distintos organismos estatales como si fueran la regla, la ley ingresará en un inexorable camino de deslegitimación.
La reciente clasificación de los documentos relativos a la gestión económica y financiera de Pluna como “confidenciales” por parte de la Auditoría Interna de la Nación (ain) se ha convertido en un caso emblemático del acceso a la información.
El director de la ain, Hugo Pose, ha explicado que se rotuló de ese modo la información relativa a Pluna en el marco de una “resolución ómnibus” que busca clasificar toda la información reservada y confidencial que maneja el organismo. También fueron puestas bajo confidencialidad la explotación y gestión financiera del casino Conrad y la intervención del grupo Roldós. ¿Por qué razón no deberíamos poder saber los uruguayos cuánto recauda y cómo gestiona los juegos de azar el Conrad, que hace uso de una licencia del Estado? (más…)
Jul 26, 2012
La Diaria, 16 de julio de 2012- Santiago Sánchez
Ex jerarca advierte debilidades en implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública
Mientras que el gobierno se dispone a comenzar a fines de este mes un concurso, el Premio a la Transparencia, para fomentar “el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas como dos componentes esenciales de un gobierno democrático” entre los organismos públicos, una consejera de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que participa en el jurado de dicha instancia, renunció en marzo a su cargo. En diálogo con la diaria explicó que la falta de personal, de recursos y de potestades de la UAIP debilitan a este organismo en el cumplimiento de su tarea.
Sonia Sena fue consejera ejecutiva de la UAIP, organismo encargado de velar por la ley 18.381, de acceso a la información pública, desde su creación en 2009, y presidenta de la unidad en 2010. En marzo de este año renunció, ya que, según dijo a la diaria, la unidad tenía cada vez “más trabajo”, con “asuntos cada vez más complicados y delicados” que exigían mucha atención y, sin embargo, la falta de remuneración del cargo hacía imposible darle una dedicación total, por lo que, “evidentemente, no daba el tiempo para realizar la labor correctamente”. “Si bien sesionábamos una vez por semana, había que estudiar los expedientes y revisar los temas y no parecía serio estar trabajando de esa forma; no poderse dedicar en su totalidad al trabajo de la UAIP”, explicó la ex consejera.
La UAIP tiene tres consejeros ejecutivos, de los cuales uno es José Clastornik, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), organismo del que depende formal y presupuestariamente esta unidad. Los otros dos consejeros son elegidos por el Poder Ejecutivo en función de “sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia” para asegurar “independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad” en el cargo.
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Jul 24, 2012
Eduardo Bertoni – Universidad de Palermo
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución en la que afirma que tanto en el mundo offline como en el online las personas deben gozar de los mismos derechos humanos, en particular la libertad de expresión. El ejercicio de este derecho en Internet ha comenzado a incluirse en la agenda de discusión pública, aunque en nuestro país, como en el resto de América latina, los pasos concretos que se están dando o son pocos o tienen un rumbo equivocado.
Se escuchan voces que impulsan la necesidad de regulación de Internet a efectos proteger tanto la libertad de expresión, como la privacidad y los derechos de autor. Otras voces se muestran a favor de regular Internet para ayudar a desterrar la pornografía infantil e impedir discursos racistas o discriminatorios. Todos estos son fines indiscutibles. Pero el modo en que se implementen las políticas regulatorias puede convertirse en un problema para el ejercicio de ciertos derechos más que una solución. En esta nota, propongo una idea simple que puede servir para evitar consecuencias no buscadas. (más…)
Jul 4, 2012
La Tercera, Gonzalo Neira, 03 de julio de 2012 – Chile
No existe evidencia alguna que respalde la idea de que la Ley sobre Acceso a la Información Pública provoca una debilidad institucional o una filtración masiva de datos sensibles.
La resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Subsecretaría del Interior la entrega de la información de un conjunto de correos electrónicos, ha generado un interesante debate en torno a los alcances de la Ley sobre Acceso a la Información Pública. Se ha señalado que el sistema de acceso a la información adolecería de defectos que impiden el conocimiento imparcial de las controversias entre los ciudadanos y el poder público, siendo necesario realizar cambios radicales en la legislación. De esta de forma, hay quienes han planteado la necesidad de entregar a las cortes de apelaciones el conocimiento exclusivo de los amparos de información, manteniendo al Consejo como un órgano consultivo y encargado de la “promoción de la transparencia”.
Por otra parte, se ha afirmado que la resolución del Consejo ha expuesto al Estado de Chile a la publicidad masiva de información sensible en materia de Defensa y Relaciones Exteriores, generando un verdadero “estado de vulnerabilidad” para nuestro país.
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Jun 5, 2012
La Diaria, 05 de junio de 2012 – Lourdes Rodríguez
Expertos redactarán un código de ética periodística de referencia para Uruguay con apoyo de la UNESCO.
En un contexto en el que se discute políticamente la necesidad de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “ley de medios” y el gobierno implementa, tras la aprobación de un decreto regulatorio, un llamado abierto para la asignación de frecuencias para televisión digital, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) financiará la realización del primer debate nacional sobre mecanismos de autorregulación ética en la profesión periodística y en los medios de comunicación.
La iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS) ante la Unesco en octubre de 2011 y fue seleccionada por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de ese organismo entre otras decenas de propuestas similares de otras partes del mundo, después de pasar por varias etapas de ajuste.
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