Organizaciones expresan preocupación por censura privada en plataformas digitales que afecta libertad de expresión en Uruguay

Organizaciones expresan preocupación por censura privada en plataformas digitales que afecta libertad de expresión en Uruguay

Montevideo, 25 de Noviembre de 2021

Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay

Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestra preocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso. 

Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).

Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.

Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:

  • Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
  • Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
  • Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
  • Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.

Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto,  es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.

Access Now

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Asociación de la Prensa Uruguaya

Asociación TEDIC (Paraguay)

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)

CAInfo (Uruguay)

Cieenpre Juntos (Uruguay)

Cotidiano Mujer (Uruguay)

Creative Commons Uruguay

Data Uruguay

Datysoc (Uruguay)

El Abrojo (Uruguay)

Fundación Karisma (Colombia)

Fundación Vía Libre (Argentina)

Hermandad Pro Derechos Uruguay

IFEX-ALC

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social

ISICRI (Perú)

OBSERVACOM

ONG Acción Constitucional (Chile)

Open Knowledge Foundation

Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

Uruguay Transparente

Usuarios Digitales (Ecuador)

Descargá la declaración completa acá.

Cumplimiento del Compromiso de Lima: Uruguay registra avances y rezagos en lucha contra la corrupción

Cumplimiento del Compromiso de Lima: Uruguay registra avances y rezagos en lucha contra la corrupción

Este jueves se presentaron en Montevideo los resultados del Informe de seguimiento al  cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la  Corrupción”. Ese documento fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 por los gobiernos de las Américas, como forma de generar una serie de medidas a nivel regional contra la corrupción. 

El trabajo fue realizado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), integrado en Uruguay por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ColectivaMujeres, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción – Uruguay Transparente (UT).

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos  para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron  temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen  organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos. 

Los hallazgos recogidos en el informe sobre Uruguay destacan positivamente las políticas  de gobierno abierto, orientadas a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las  instituciones del Estado. Asimismo, se registran avances en las políticas de fortalecimiento  de la ciudadanía digital, como normativas y políticas públicas que han favorecido el  fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay. 

Sin embargo, continúa pendiente el avance efectivo en normativa y políticas que garanticen la transparencia del funcionamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas de actores privados que manejan fondos públicos y el logro de mayor transparencia de las compras públicas, entre otras medidas. 

Algunos de los compromisos analizados registran rezagos y estancamientos en el  desarrollo e implementación de normativa que materialice lo comprometido en Lima.  Niveles de desarrollo disímiles de políticas limitan la eficacia de las acciones. y las diferencias entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de  combate a la corrupción ponen en riesgo su eficiencia y sostenibilidad. La limitada  independencia de los órganos de contralor es un elemento revelador. 

Para tener acceso al informe completo hacé click acá

Capacitación para periodistas: Monitoreo e indicadores de libertad de expresión y acceso a la información

Capacitación para periodistas: Monitoreo e indicadores de libertad de expresión y acceso a la información

Los días 13, 14 y 16 de noviembre se desarrollará una actividad con el propósito de capacitar periodistas de todo el país para la identificación y el monitoreo de episodios que amenacen el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

El encuentro se realiza en línea con la metodología que lleva adelante Cainfo en el marco del proyecto regional Voces del Sur. Esta instancia de formación profesional cuenta con el apoyo del Programa Internacional Para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Durante la capacitación se realizarán encuentros con expertos en seguridad para periodistas, monitoreo de amenazas a la libertad de expresión, identificación de casos, estándares interamericanos de libertad de expresión, acceso a la información pública y perspectiva de género.

Al final del evento se discutirá cómo aprovechar los conocimientos adquiridos y el intercambio realizado para consolidar una red de periodistas que asegure el alcance del monitoreo en todo el territorio nacional, en línea con las mejores prácticas que se desarrollan a nivel regional.

La actividad se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de noviembre de forma presencial en Montevideo y el martes 16 de noviembre por plataforma zoom.

La capacitación está destinada a periodistas en ejercicio en medios de comunicación de todo el país. Se financiará el traslado y la estadía para aquellas personas que residan fuera de la Zona Metropolitana y se comprometan a asistir a todas las actividades programadas.

Los cupos son limitados. Quienes quieran participar de esta instancia deberán completar el formulario de postulación. Para la selección se tendrá en cuenta la representación territorial, de género y ascendencia étnico racial. 

El período de postulación estará abierto hasta el 9 de noviembre. Las personas seleccionadas recibirán una notificación el 10 de noviembre.

El monitoreo de los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes del año 2030 y constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

Entre ellos el objetivo 16 se propone «Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas», mediante el alcance de 10 Metas. Entre ellas se encuentran la Meta 10.1 relativa a «Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales». A su vez, esta meta se divide en dos mediciones: 1. Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, y 2. Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.

Desde 2015 Cainfo realiza en Uruguay una labor de monitoreo de la libertad de expresión de periodistas, publicando alertas y elaborando un informe anual que se publica cada 3 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Expresión y de Prensa. 

Desde 2019 Cainfo también forma parte del proyecto Voces del Sur, una red de 13 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que se dedica al monitoreo del cumplimiento del ODS 16.10.1, indicador que registra el número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios de comunicación asociados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. 

Ese trabajo conjunto se refleja, a su vez, en un Informe Sombra que Voces del Sur publica desde hace tres años, y que sirve como insumo para el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), la principal instancia de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

A partir de 2021, Voces del Sur también realiza el monitoreo a nivel regional del indicador 16.10.2 de los ODS que refiere al número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.