Ago 27, 2019
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobó en julio pasado una
resolución en la que destaca que el Estado uruguayo cumplió con el acuerdo de
solución amistosa aprobado en octubre de 2017 entre el gobierno y el periodista
David Rabinovich quien realizó una petición debido a que vio afectado su
derecho al acceso de información pública.
El
caso de Rabinovich fue clave en el proceso de aprobar una ley de Acceso a la
Información Pública. En octubre de 2007, la CIDH recibió una petición
presentada por Rabinovich, con el patrocinio de la Asociación de la Prensa
Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales del Uruguay (IELSUR),
alegando que se había violado su libertad expresión y el acceso a la
información pública. Rabinovich había solicitado, en su calidad de periodista,
el acceso a las actas, transcripción de grabaciones de una sesión de la
Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de San José. La información no
fue proporcionada.
En
octubre de 2015, las partes iniciaron una negociación de una solución amistosa
que se firmó el 25 de octubre de 2017.
A
través del acuerdo, el Estado uruguayo adoptó el compromiso de facilitar la
difusión del acuerdo poniendo énfasis en la difusión de la normativa vigente en
materia de acceso a la información pública. Además, el Estado reconoció que la
negativa de la Junta Departamental de San José a brindar información pública,
se tradujo en una “limitación al ejercicio de su derecho de buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole.
El
3 de mayo de este año, las partes suscribieron un Acta de Entendimiento. El 11
de junio de 2019, el Estado uruguayo remitió información sobre el cumplimiento
de acuerdo y la homologación por parte de la CIDH. La aprobación se dio el 16
de julio pasado.
A
continuación, el documento con el informe final de la CIDH.
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2019/URSA1224-07ES.pdf
Ago 26, 2019
Fue lanzada semana pasada, durante el Foro de Gobernanza de Internet Latinoamericano, LACIGF, la propuesta de regulación de plataformas “Aportes para una regulación democrática de grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en Internet”. El documento estará disponible para consulta pública hasta 15 de octubre, y tiene versiones en español, inglés y portugués.
La iniciativa fue elaborada por OBSERVACOM (Uruguay), IDEC (Brasil), Intervozes (Brasil) y Desarrollo Digital (Argentina), y cuenta con el apoyo de TEDIC (Paraguay), CAInfo (Uruguay), PROLEDI (Costa Rica) y Usuarios Digitales (Ecuador). La formulación del texto contó con los aportes (a título personal) de Javier Pallero, Coordinador de Políticas Públicas para América Latina de Access Now; Joan Barata, Miembro de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información; Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); el consultor Andrés Piazza; los profesores de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Mastrini y Martín Becerra; y Juan Ortíz Freuler, investigador afiliado al Berkman Klein Center.
El documento postula una regulación “progresiva y asimétrica” que alcanza a “plataformas de contenidos”, es decir, redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de intercambio de contenidos de terceros). En cambio, no incluye a servicios de mensajería.
Dentro de las plataformas de contenidos, se propone que haya mayores exigencias para aquellas con posición dominante (por su incidencia en el debate público, fuente de información, etc.) pero mínimas para start-up, sin fines de lucro o específicas para no bloquear innovación y otras.
En base a los estándares de derechos humanos, la propuesta de las organizaciones sociales para regular plataformas retoma el criterio de proporcionalidad. El estándar de proporcionalidad aplica no sólo a las sanciones que pudieran aplicar sino también a los procedimientos y debido proceso para ajustarse a los derechos humanos en línea.
En materia de transparencia y rendición de cuentas y derecho de apelación, la propuesta de regulación recoge las propuestas de organismos multilaterales y organizaciones sociales tales como Principios de Santa Clara o Principios de Manila o los Relatores, pero las transforma en obligaciones y no en sólo en recomendaciones que las plataformas pueden adoptar si quieren.
La propuesta está abierta a consulta pública hasta el 15 de octubre y se puede dejar los comentarios aquí.
El documento también está abierto a firmas de organizaciones que actúen sobre el tema en América Latina. Para firmar, envía un correo a: contacto@observacom.org
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