El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes reitera:
1- Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con
adolescentes detenidos son los que hemos denunciado junto a los familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, con ataque a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas denunciadas.
2- Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de
control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento.”
3- La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de ddhh toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada nunca puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.
4- Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a que termine con la desidia institucional para que otorgue las garantías del debido proceso a los adolescentes privados de
libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones.
5- Solicitamos a los partidos políticos una manifestación clara acerca de la violencia institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil. Puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.
La tortura no se negocia, se denuncia y se investiga
Adhieren:
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)
Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU)
PRODERECHOS
Casa Bertolt Brecht
Fundación Mario Benedetti
Asociación de Expres@s Polític@s de Uruguay
Mujer y Salud en Uruguay- MYSU
Cotidiano Mujer
Mujer Ahora
Ovejas Negras
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ)
Centro de Archivos y Acceso a La Información Pública (CAINFO)
El Abrojo
Coordinadora de Apoyo a Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Gurises Unidos
RebelArte
Agencia Voz y Vos
El Tejano
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Luna Nueva
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
Te Digo la Otra
Defensa de los Niños Internacional- DNI
Asociación Civil El Paso
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF)
Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay (IPRU)
Ciudadanías en Red (CIRE)
Comisión NO a la baja Flores
Comisión NO a la baja Salto
Comisión NO a la baja Lavalleja
La Barca
Fundación Ricardo Zabalza
Fundación Justicia y Derecho
Grupo Teatro del Oprimido Montevideo- GTO
Minervas
Colectivo Jóvenes Armenio del Uruguay (JADU)
Servicios y Acciones por la Infancia (S.A.I)
Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo- CEPID
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay- CPU
Coordinadora de Feminismos
Adhesiones personales
Luis Eduardo Morás
Rodrigo Arim
www.comitednu.org
Rafael Cotelo
Aníbal Corti
Álvaro Carballo
Angélica Vitale Parra
Pablo Martinís
Rafael Paternain
Olga Laura Fernández
Soledad Platero Puig
Santiago Mazzarovich
Annabella Balduvino
Gabriel Tenenbaum
Agustín Cano
Diane DeNoir
Roque Faraone
Carmen Rico de Sotelo
Rosario Martínez
Leonard Mattioli
Sandra Giménez
Ariel Silva
Mariana Licandro
Andrea Graña
Verónica Engler
Jorge Zabalza
Manuela Abrahan
Nadia Pereyra
www.comitednu.org
Brenda Bogliaccini
Mariana Risso
Jimena Alonso
Laura Aspirot
Miguel Millán
Marco Algorta
Fabiana Larrobla
Carla Larrobla
Guillermo Lamolle
Valeria Rubino
Martín Mercado
Nairí Aharonián
Bolivar Moreira
Inés Martínez
Sebastián Aguiar
Melissa Ardanche
Valeria España
Nicolás Ambrosi
Enrique Trujillo
Aníbal Varela
Oscar Destouet
Cecilia Blezio
Sylvia Cabrera Schusselin
Silvana Arbelo Hernández
www.comitednu.org
Antonio Romano
Marcelo Ubal Camacho
Marcelo Morales
Mónica Herrera Noguera
Paola Dogliotti Moro
Sebastián Santana
Beatríz Liberman
Soledad Rodríguez
Eloisa Bordoli
Silvia Peyrou
Álvaro Silva Muñoz
Selva Braselli
Liliana Pertuy
Cristina Fynn
La iniciativa de CAinfo para regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial es proyecto de ley. Legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente firmaron ayer, lunes 10 de agosto, para darle trámite parlamentario.
Firmaron Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posadas (Partido Independiente). El texto ingresó con una exposición de motivos única.
Allí los legisladores establecen que “en atención a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, así como para promover un gasto más eficiente de los recursos públicos, resulta necesario aprobar una legislación específica que regule la distribución y asignación de publicidad oficial”.
La iniciativa de CAinfo se sustenta “en principios de publicidad y transparencia de los actos de gobierno, rendición de cuentas, no discriminación y máximo respeto a la libertad de expresión y de información”, señala la exposición de motivos.
Sobre la iniciativa
El artículo 2 considera que la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. La información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población.
El artículo 4 establece una serie de prohibiciones, como el uso de la publicidad oficial para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios; el uso para fines propagandísticos de los partidos políticos; o incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos.
También prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo la información emitida por las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones, o en caso de emergencias.
El artículo 6 señala que los organismos públicos tendrán la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web diferente tipo de información, como monto presupuestal total destinado a publicidad en todas sus formas, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada.
También se exige transparencia del mercado. Todos los medios de comunicación que reciben publicidad oficial deberán publicar información detallada que dé debida cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida, establece el artículo 7. De la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes.
El proyecto incluye los criterios y procedimientos que deben adoptarse para la asignación de la publicidad. El principio general para la asignación de publicidad oficial será el procedimiento de licitación pública (artículo 8), mientras que el artículo 9 establece que los criterios para la selección de los medios para difundir a pauta serán, en primer lugar, la relación entre información o campaña y la población objetivo, luego los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría (atendiendo especialmente a los medios de exclusiva producción local) y, finalmente, el precio.
El artículo 10 establece que deberá destinarse al menos un 30% del monto total asignado de la publicidad oficial a medios de comunicación que estén radicados en localidades del interior cuando se trate de publicidad destinada al público general. En el artículo 11 se establece un fondo para la realización de encuestas y estudios tanto a nivel nacional como departamental, para contar con información suficiente y adecuada para una correcta asignación de la pauta oficial.
Está en línea la nueva página web del código de ética periodística, un proyecto coordinado desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), con la participación de la Asociación de la Prensa Uruguaya y el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO). Se puede acceder a través de: etica.cainfo.org.uy
El objetivo de la nueva página web es difundir el contenido del código de ética, replicar las noticias y debates que se dan en el mundo en torno a esta temática y promover la discusión en el medio periodístico local sobre la autorregulación de la profesión.
Además también estarán disponibles los pronunciamientos del Tribunal Arbitral de APU, que está asesorado por un comité que analiza los casos presentados ante dicho tribunal, y habrá un formulario para plantear consultas y denuncias respecto a prácticas profesionales que puedan estar en conflicto con el código.
Dos años del código
El texto fue producto de un proceso abierto y participativo de discusión que duró ocho meses y terminó en abril de 2013 con su adopción por parte de la Asamblea General del sindicato. En los meses posteriores se realizó un trabajo que incluyó la realización de talleres con estudiantes avanzados de periodismo así como con periodistas en ejercicio, reuniones con editores y dueños de medios de comunicación y difusión del contenido del texto en notas periodísticas.
Asimismo el Tribunal Arbitral – asesorado por un comité especial integrado por cinco personas – emitió diversos pronunciamientos sobre distintas coberturas periodísticas vinculadas con notorios temas de interés público, así como una denuncia de plagio. Varios de esos pronunciamientos fueron motivo de debate en el medio periodístico sobre el abordaje periodístico de temas como la privacidad, la cobertura de la campaña electoral, los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
El Comité de Ética quedó integrado originalmente por Daniel Lema, Carolina Molla, Pilar Teijeiro, Edison Lanza, José Imaz y Fabián Werner.
