Relator de Naciones Unidas dijo en Uruguay que “la concentración mediática genera distorsiones al sistema democrático de gobierno”

Debate sobre Medios de Comunicación, Cambios Regulatorios y Discriminación organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática

En la jornada organizada el miércoles 8 de abril, que contó con el apoyo de la Comisión Nacional del Uruguay para la Unesco, participaron Frank La Rue (Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas), Cynthia Ottaviano (Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual), Guilherme Canela (Consejero de Comunicación e Información UNESCO para Mercosur y Chile), Gabriel Kaplún (director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UDELAR) entre otros, quienes desde distintos enfoques dieron una visión de cómo ha evolucionado el panorama de los medios de comunicación tanto nacionales como regionales, y dejaron planteado un itinerario a seguir, con regulaciones inspiradas en los Derechos Humanos, la libertad de expresión y opinión.

Frank Larue: “Toda ley debe ser mirada en perspectiva de Derechos Humanos”

El relator de las Naciones Unidas Frank La Rue comenzó mostrando su preocupación sobre el tiempo que se tomó el gobierno uruguayo para definir temas claves en materia normativa de comunicación, como la transición a la Televisión Digital o el envío al parlamento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Señaló que es importante “acelerar la marcha, pues son temas que no se pueden postergar” e instó a “resolver pronto” la ley SCA antes de entrar en el proceso electoral que frenaría el debate.

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La ANEP informó a la justicia que prevé regularizar la seguridad de 2670 locales educativos en aproximadamente 4 años y medio. La jueza letrada de Familia de 19 turno solicitó al organismo que amplíe su informe para conocer el cronograma

 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó ante el Juzgado Letrado de Familia de 19 Turno el segundo informe cuatrimestral sobre las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia de agosto del año pasado que, a pedido de varias organizaciones sociales, lo ordenó a garantizar que todas las escuelas públicas del país cuenten con las normas de seguridad contra siniestros e incendios que exige la Dirección Nacional de Bomberos.

El documento presentado el 10 de abril por la ANEP plantea un Plan de Trabajo tendiente a regular “2670 locales educativos en 57 meses (4 años y seis meses aproximadamente)”. Según se anuncia la regularización se ejecutará en cuatro etapas, comenzando por 1135 escuelas rurales. El organismo también informó sobre otras medidas adoptadas, como la designación de un coordinador entre la ANEP y la Dirección Nacional de Bomberos, el funcionamiento de una comisión integrada por representantes de los dos organismos a fin de atender la situación de las escuelas, la realización de un llamado a licitación para la adquisición de extintores y cartelería requerida para la habilitación, y la adopción de un instructivo interno para agilizar la presentación de las solicitudes de habilitación.
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