El pasado 31 de octubre se aprobó el Decreto que reglamenta la Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, Nº 18.220, un paso clave para la sistematización y acceso a los archivos nacionales.
Celebramos que se haya concretado este paso luego de cinco años de aprobada la ley. La demora preocupaba tanto por tratarse de un pre-requisito para el cumplimiento de la ley de Acceso a la Información Pública, como para el cumplimiento de la sentencia que la Corte Interamericana de DDHH sobre el caso María Claudia Irureta de Gelman. La sentencia de la Corte indicó que “el Estado debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.
Para poder brindar información es fundamental organizar los archivos, ya que de lo contrario se presentarán obstáculos al acceso a los mismos. Sin una reglamentación adecuada la aplicación de la ley siempre estaba condicionada a la existencia y localización efectiva de la información.El organismo encargado de llevar a cabo esta tarea es el Archivo General de la Nación a cargo de Alicia Casas de Barrán. Ese organismo se encargará de dictar las políticas archivísticas para coordinar y asesorar a los restantes organismos del Estado en materia de documentación y archivos.
Para el Estado uruguayo su aplicación producirá un cambio significativo en la forma de considerar los archivos, el tratamiento de la documentación y la inserción de técnicos profesionales para la realización de esta tarea.
Es necesaria la implementación de estándares, normas y recomendaciones para una correcta y eficiente gestión de la documentación pública, que permita mantener las características de documentos auténticos y fiables, que conserven su integridad y disponibilidad al servicio de la ciudadanía.
También implica un cambio de prioridades dentro de los presupuestos adecuados, para que ésta política pueda ser ejecutada, otorgándoles insumos materiales, capital humano formado por profesionales en archivos, así como también acondicionar los edificios para que se pueda llevar a cabo.
Uruguay cuenta hoy con un adecuado marco normativo en referencia a los estándares exigidos internacionalmente para poder desarrollar políticas de Transparencia. En los últimos 7 años se han aprobado un conjunto de leyes que otorgan a las personas herramientas para ejercer su derecho al acceso a la información pública (ley 18.381), protegen su intimidad y sus datos sensibles (ley 18 331). En ese trinomio se conjugan derechos esenciales que constituyen una herramienta de relevante importancia en la defensa de los derechos humanos. A partir de organizar los archivos podremos ser capaces de lograr una eficiente aplicación de éstas tres leyes y así dar respuestas tanto a la justicia como a los ciudadanos.
También desde las organizaciones de derechos humanos se está a la espera de más respuestas sobre el destino de las personas desaparecidas y la sistematización de archivos puede contribuir al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.
Los archivos son un pilar para vencer los obstáculos del acceso a la Información Pública y la cultura del secreto instalada en el Estado. Vencerla con la organización de la documentación pública contenida en los Archivos es un imperativo de las democracias.
CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) desarrolla un monitoreo permanente del sistema de información estatal, como contraparte de la sociedad civil de las administraciones públicas.