El País, 09 de setiembre de 2012
Los ministerios del Interior y Defensa, y los Bancos República y Central, calificaron como «reservada» o «confidencial» prácticamente toda la información pública que manejan y, de esa forma, la dejaron lejos del alcance del control ciudadano.
El artículo 9 de la ley de Acceso a la Información Pública (18.381) permite a los organismos estatales declarar confidencial o reservada información que cumpla con determinadas condiciones y cuya divulgación pueda afectar la seguridad pública o el funcionamiento de la propia entidad.
No obstante, el Ministerio del Interior incluyó en esa lista prácticamente toda la información disponible. Algo similar ocurrió con el Banco República, el Banco Central y el Ministerio de Defensa Nacional.
Edison Lanza, presidente del Consejo Directivo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) dijo a El País que se han detectado abusos a la hora de restringir el acceso a la información. «Hoy la realidad es muy heterogénea, hay ministerios y organismos que hacen muy bien las cosas y hay otros que no se apegan al principio de transparencia y máxima divulgación que exige la ley. Persiste en el Estado una cultura del secreto, de apropiarse de la información pública, se desconocen las reglas de clasificación de la información y el espíritu de la ley», sostuvo.
CAinfo hará un relevamiento de los criterios aplicados en todo el Estado para reservar la información y elevará un informe a la Unidad Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). La UAIP tiene por cometido garantizar el acceso a la información y verificar si las dependencias públicas cumplen con la ley. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a El País que es «lógico» que se limite el acceso a «información sensible». «La ley tiene tres años y medio y requiere de un cambio de cultura muy importante en el Estado, esto llevó muchos años en otros países, nosotros recién estamos comenzando», justificó. Señaló que los ministerios del Interior, Defensa o los bancos estatales «tienen fundamentos suficientemente válidos para restringir la información, porque la ley no solo permite que un ciudadano uruguayo pida datos sino que cualquiera pueda hacerlo, incluso desde otro país».
Lanza dijo que «la declaración de confidencialidad no se puede hacer al voleo, requiere un proceso que debe cumplir al pie de la letra el decreto reglamentario y además se debe justificar el motivo de la confidencialidad o reserva porque el daño que se pretende evitar con la divulgación no puede ser mayor al daño que se le causa a la ciudadanía al hacerle perder el poder de control».
Lanza dijo que los «grandes listados» de algunas dependencias estatales que incluyen información vedada al público «son una muestra de la debilidad de la política de acceso a la información». «El ministerio del Interior no deja prácticamente nada para divulgar y tampoco explica por qué esa información es tan importante», dijo.
INSTITUCIONAL. La Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la misión de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública, a través de la promoción, construcción e institucionalización de una cultura de la transparencia y del control del cumplimiento de la ley 18.381.
Sin embargo, el organismo funciona hoy con un Consejo Ejecutivo integrado por dos profesionales que son honorarios y cumplen tareas en otras dependencias del Estado. Hace dos meses renunció una tercera integrante, la Dra. Sonia Sena, y su cargo no ha sido cubierto. Fuentes de la UAIP dijeron a El País que están «desbordados» y carecen de «recursos materiales y humanos» para desempeñar la tarea.
Lanza dijo que el organismo de control tiene una «gran debilidad institucional» y carece de las potestades necesarias para enfrentar «la burocracia y la cultura del secreto del Estado». Puso como ejemplo a México, que tiene un Instituto Federal con autonomía y presupuesto propio, y a Chile, con un Consejo con integrantes rentados.
Cánepa afirmó que el acceso a la información constituye uno de los pilares de la Reforma del Estado. «Implementar una estructura adecuada a la ley ha sido un gran desafío, los funcionarios del Estado tienen que entender que ahora hay un nuevo protocolo y hay que cumplirlo. Pero creo que no es hora de hacer un balance, todavía no se cumplieron cuatro años y se ha hecho mucho, hoy los ciudadanos y hasta los legisladores canalizan sus pedidos de informes a través de la ley porque el plazo es de apenas 20 días para responder, y se cumple», dijo. Consideró que por el contrario habría que analizar si la ley no ha sido muy dura con el propio Estado previendo «plazos muy cortos, penas muy duras y el libre acceso a la información en cualquier parte del planeta tierra».
Lanza cree que llegó el momento de modernizar la ley para mejorar el diseño institucional y ampliarla a las sociedades anónimas del Estado.