El País, 11 de julio de 2011 – Pablo Meléndrez
El Estado incumplió en el 58% de los casos en los cuales se le pidió acceso a información pública, según un estudio de una ONG. El trabajo detectó, además, que hay «resistencia» de los funcionarios para cumplir con las solicitudes.
Uruguay cuenta desde 2008 con una ley de Acceso a la Información Pública que garantiza el derecho de cualquier persona física o jurídica a reclamar información estatal sin necesidad de justificar su interés en ella.
La ley, que se aprobó junto a otras dos normas complementarias (las leyes de Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Archivos), rige para los tres poderes del Estado. Uruguay es el único país del Mercosur que por vía legal asegura el acceso a la información pública.
Según lo que prevé la ley, ante un pedido de información, si el organismo público que lo recibe se niega a cumplirlo, el interesado puede presentar una acción de amparo ante la Justicia que, por lo general, emite su fallo de primera instancia en un plazo no superior a 15 días.
Sin embargo, más allá de que pasaron tres años de su aplicación, a nivel oficial todavía no hay conciencia sobre lo que la norma implica. En 2010, el 34% de los pedidos de información no fueron respondidos y en un 24% la respuesta llegó fuera de plazo, según una investigación realizada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo).
El estudio será publicado en el libro «Venciendo la Cultura del Secreto», que se presentará el próximo 26 de julio, y donde se analiza la situación en cuanto al acceso a la información pública en siete países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
A nivel comparativo, en cuanto a los pedidos sin respuesta, Bolivia ocupa el primer lugar, con el 56% de los casos, mientras Argentina es el país que registra menos solicitudes de acceso a información sin responder, con el 27%.
Por otro lado, en lo que respecta a brindar la información en tiempo y forma, Uruguay y Chile registraron los mejores índices (55 y 41% respectivamente) y Argentina tuvo el peor guarismo, con el 73% de las respuestas fuera de plazo, indica la investigación del Cainfo.
«DESCONOCIMIENTO». El estudio señala que se constató «desconocimiento por parte de varios organismos acerca del procedimiento a seguir al recibir un pedido de acceso a la información, así como resistencias por parte de funcionarios a entregar la información».
A su vez, para el Cainfo, hay «indicios de temor» en algunos funcionarios a «perder su puesto de trabajo» si otorgan la información. Además, el estudio advierte la «falta de sistematización» de los datos en poder de los organismos públicos.
El abogado y periodista Edison Lanza, presidente del Cainfo, dijo a El País que si bien la situación de Uruguay en cuanto al acceso a la información pública «no es dramática», existe una «cultura de molestia» ante los pedidos.
«Todavía falta mucho para que todos los organismos del Estado entiendan que cuando un ciudadano solicita información eso se tiene cumplir porque existe una ley y porque existe un derecho y por eso el Estado está obligado a responder», destacó Lanza.
Solicitudes: En 2010, el 34% de los pedidos de información no obtuvo respuestas.
Piden transparencia en la ley de obras
El Cainfo reclama que los emprendimientos que se inicien en el marco de la ley de Participación Público Privada (PPP) estén abarcados por la ley de Acceso a la Información Pública, cosa que, hasta ahora, «no está clara», dijo el presidente de la institución, Edison Lanza.
«Sería un error grave que carreteras, cárceles y escuelas se manejen por fuera de las políticas de Transparencia Pública», advirtió Lanza, quien informó que el Cainfo planteó el tema a varios legisladores.
«Debería establecerse a texto expreso que las empresas que se creen también están obligadas a cumplir con las normas de transparencia que prevé la ley de Acceso a la Información Pública», insistió Lanza.