Organizaciones expresan preocupación por censura privada en plataformas digitales que afecta libertad de expresión en Uruguay

Organizaciones expresan preocupación por censura privada en plataformas digitales que afecta libertad de expresión en Uruguay

Montevideo, 25 de Noviembre de 2021

Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay

Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestra preocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso. 

Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).

Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.

Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:

  • Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
  • Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
  • Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
  • Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.

Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto,  es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.

Access Now

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Asociación de la Prensa Uruguaya

Asociación TEDIC (Paraguay)

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)

CAInfo (Uruguay)

Cieenpre Juntos (Uruguay)

Cotidiano Mujer (Uruguay)

Creative Commons Uruguay

Data Uruguay

Datysoc (Uruguay)

El Abrojo (Uruguay)

Fundación Karisma (Colombia)

Fundación Vía Libre (Argentina)

Hermandad Pro Derechos Uruguay

IFEX-ALC

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social

ISICRI (Perú)

OBSERVACOM

ONG Acción Constitucional (Chile)

Open Knowledge Foundation

Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)

Uruguay Transparente

Usuarios Digitales (Ecuador)

Descargá la declaración completa acá.

Cumplimiento del Compromiso de Lima: Uruguay registra avances y rezagos en lucha contra la corrupción

Cumplimiento del Compromiso de Lima: Uruguay registra avances y rezagos en lucha contra la corrupción

Este jueves se presentaron en Montevideo los resultados del Informe de seguimiento al  cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la  Corrupción”. Ese documento fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 por los gobiernos de las Américas, como forma de generar una serie de medidas a nivel regional contra la corrupción. 

El trabajo fue realizado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), integrado en Uruguay por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ColectivaMujeres, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción – Uruguay Transparente (UT).

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos  para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron  temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen  organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos. 

Los hallazgos recogidos en el informe sobre Uruguay destacan positivamente las políticas  de gobierno abierto, orientadas a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las  instituciones del Estado. Asimismo, se registran avances en las políticas de fortalecimiento  de la ciudadanía digital, como normativas y políticas públicas que han favorecido el  fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay. 

Sin embargo, continúa pendiente el avance efectivo en normativa y políticas que garanticen la transparencia del funcionamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas de actores privados que manejan fondos públicos y el logro de mayor transparencia de las compras públicas, entre otras medidas. 

Algunos de los compromisos analizados registran rezagos y estancamientos en el  desarrollo e implementación de normativa que materialice lo comprometido en Lima.  Niveles de desarrollo disímiles de políticas limitan la eficacia de las acciones. y las diferencias entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de  combate a la corrupción ponen en riesgo su eficiencia y sostenibilidad. La limitada  independencia de los órganos de contralor es un elemento revelador. 

Para tener acceso al informe completo hacé click acá

Relator Pedro Vaca llamó a Uruguay a cuidar situación de libertad de expresión ante aumento de reportes

Relator Pedro Vaca llamó a Uruguay a cuidar situación de libertad de expresión ante aumento de reportes

Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.

Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.

En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.

Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.

También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.

López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.

El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.

Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.

Cainfo presentó aportes para reforma de la Ley de Acceso a la Información

Cainfo presentó aportes para reforma de la Ley de Acceso a la Información

Una delegación del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) compareció este jueves 21 en el parlamento para presentar sus aportes al tratamiento de un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública. 

El proyecto fue presentado por la bancada del Frente Amplio y, entre otras propuestas, incluye la ampliación de la lista de sujetos obligados, la reducción del plazo de que disponen los organismos que solicitan prórrogas para dar respuesta a las solicitudes de acceso y la ampliación de las potestades del órgano garante, la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Si bien Cainfo considera que varias de las modificaciones propuestas contribuyen a mejorar la ley y van en la línea de los estándares internacionales en la materia, también planteó en el informe la necesidad de avanzar aún más en distintos aspectos normativos. Por ejemplo, revisando el posicionamiento institucional de la UAIP, dotándola de una mayor independencia política y presupuestal; otorgarle mayores potestades sancionatorias; y dar una mayor precisión conceptual a las causales de reserva de información. 

Cainfo también planteó la inconveniencia de establecer cambios a la ley mediante iniciativas aisladas, como las contenidas en la Ley de Urgente Consideración o el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se encuentra a discusión del Poder Legislativo. Por el contrario, propuso avanzar en mecanismos participativos y abiertos -como el de las comisiones parlamentarias- a fin de lograr la adecuación de la normativa nacional a los más altos estándares internacionales en esta materia. 

Ver el proyecto de ley que analiza la Cámara de Representantes. 

Ver el informe presentado por Cainfo

Hostigamiento y estigmatización de periodistas. Situación de Uruguay y contexto regional

Hostigamiento y estigmatización de periodistas. Situación de Uruguay y contexto regional

Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique

  • Viernes 22 de octubre
  • Hora 12
  • Duración 45 minutos

Contexto local

En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.

El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares. 

“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”. 

Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas

En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país. 

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios. 

En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014. 

El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA). 

Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio,  disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general  respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.

“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”. 

Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU

Objetivo

En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar  la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.

La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.