Jun 1, 2016
La observación y defensa de la situación de derechos humanos por parte de la CIDH es clave para la realización de los pilares que sostienen la Alianza.Gobiernos abiertos no pueden ser ajenos al escrutinio exterior ni ser omisos de sus compromisos internacionales.
En el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que toma lugar el 01 y 02 de junio en Montevideo, Uruguay, más de 50 organizaciones y redes de sociedad civil de las Américas hacen un llamado puntual para que los países que integran la Organización de los Estados Americanos se comprometan seria y fehacientemente a respetar el mandato y asegurar la operación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la labor de monitoreo y defensa que desempeña la Comisión Interamericana (CIDH) y sus relatorías.
La CIDH es uno de los órganos principales de protección, promoción y defensa de derechos humanos de la región, y el recurso último con el que cuenta la sociedad y las víctimas de violaciones para garantizar la vigencia de los mismos.
De igual manera, la Comisión ha robustecido el sistema con estándares regionales que generan cambios legislativos, judiciales y de política pública. A pesar de todo esto, el órgano hizo pública su delicada situación financiera vigente, la que amenaza directamente la realización oportuna y efectiva de su mandato.De acuerdo con lo comunicado por la Comisión, el presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, equivalente al 6% del presupuesto de la OEA, lo cual contrasta con el 41.5% que destina el Consejo de Europa a la promoción y protección de los derechos humanos.
Ante la insuficiencia de recursos, la CIDH ha buscado aportes directos, de países miembros, observadores y la cooperación internacional. En los últimos tres años, el 34% de lo recolectado provino de los países observadores europeos. De forma paradójica, tan sólo en 2015 los países de la región aportaron directamente cerca de 200 mil dólares a la Comisión en comparación con los más de 13 millones de dólares que destinaron a la Corte Penal Internacional, a pesar de que sólo existe un caso de examen preliminar para un país latinoamericano en contraste con las más de 6 mil peticiones de casos de la región en la CIDH.
Ante este escenario, a excepción de Perú, Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda, ningún país ha manifestado su intención de contribuir con compromisos materiales que aseguren la operación de la CIDH y el cumplimiento de su complejo mandato.Las organizaciones civiles reunidas en Montevideo, francamente preocupadas por esta situación y por lo que representa para la agenda de defensa y protección de derechos humanos, aprovechamos el foro que nos reúne para recordar a todos los países miembros de la OEA, y especialmente a los 17 países americanos integrantes de la Alianza por el Gobierno Abierto, que rehuir del escrutinio internacional que hace la CIDH o ser omisos en garantizar su operación es una profunda contradicción hacia los principios con los que se han comprometido cuando decidieron adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto.
El mandato de la Comisión se vincula directamente con los pilares de gobierno abierto: rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Una plataforma de diálogo y colaboración entre sociedad civil y gobiernos, como AGA, no puede entregar resultados sustantivos sin un marco que garantice derechos humanos y los mecanismos para su tutela, como la CIDH.
Ante este panorama, las organizaciones firmantes hacen un enérgico llamado:
A los países miembros de la OEA e integrantes de la AGA, a realizar aportaciones de emergencia con el fin de superar la crisis financiera inmediata, que llevaría a la reducción del 40% del personal de la CIDH y suspensión de diversas actividades.
A la OEA, para que en su próxima Asamblea General a realizarse en junio, asigne a la CIDH y sus relatorías los recursos necesarios para el cumplimiento cabal de su mandato a corto, mediano y largo plazo.
A todas las partes contribuyentes, asegurar que cualquier tipo de apoyo financiero no debe condicionar la acción autónoma e independiente de la CIDH.
A los Estados miembros de AGA, a ser congruentes con los pilares de gobierno abierto, mostrando apertura al escrutinio que hace la CIDH en materia de derechos humanos.
A los países de la Alianza, asumir compromisos que fortalezcan la CIDH en sus respectivos planes de acción.
Para adherir a este posicionamiento ingrese aquí: http://bit.do/posCIDHogp
Firmantes
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Alianza Latinoamericana frente al Fracking
Articulación Feminista Marcosur
Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) Abriendo Datos, Costa Rica
Alianza Internacional de Habitantes, México
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA), México Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, Argentina
Cartocrítica, México
CENSAT Agua Viva, Colombia
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Cainfo, Uruguay
Centro de Investigación en Desarrollo AC, CIDAC, México
CONGCOOP, Guatemala
Congreso Transparente, Guatemala
Controla tu Gobierno.com A.C., México
Cooperativa Mujer Ahora, Uruguay
Cotidiano Mujer, Uruguay
DATA, Uruguay
DECA Equipo Pueblo, A.C., México
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, Perú
ECODESS, Perú
El Abrojo, Uruguay
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), México
Food & Water Watch, Estados Unidos
Freshwater Action Network Mexico, México
Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios FUNDAMEDIOS, Ecuador Fundación Chile Sustentable, Chile
Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD, Ecuador
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México
GESOC, A.C., México
Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, Uruguay
Grupo Propuesta Ciudadana, Perú
Iniciativa Social para la Democracia (ISD), El Salvador
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México
Instituto Mexicano para la Competitividad AC, México
#JusticiaYa, Guatemala
Mujer y Salud en Uruguay, Uruguay
No Fracking Tamaulipas, México
Observatorio Petrolero Sur, Argentina Pobladores, México
Poder Ciudadano, Argentina
Red Académica de Gobierno Abierto, Uruguay Red de Gobierno Abierto RGA, Uruguay SocialTIC, México
Transparencia Mexicana, México Transparencia por Colombia, Colombia
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Uruguay
Nov 19, 2014
Los miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y capítulos de la red de Transparency International de América Latina, así como las organizaciones y personas abajo firmantes, reconocemos la importancia de la iniciativa de OGP como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil.
Sin embargo, vemos con preocupación que este diálogo no se haya traducido en avances significativos y concretos para empezar a convertir el ideal de gobierno abierto en una realidad.
Consideramos que a tres años de iniciada esta iniciativa es un momento decisivo para introducir cambios.
Comprendemos que los estándares de ingreso sean amplios para permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Ahora bien, creemos que las calificaciones de elegibilidad requieren ser revisadas y debe llevarse a cabo una estricta evaluación cuyos resultados se apeguen a la realidad. Esto incluye analizar los contenidos de los índices que se están utilizando y la verificación de los datos con la sociedad civil local. Asimismo, los criterios de permanencia en OGP deben ser más rigurosos y la evaluación tiene que hacerse a la luz de los principios de no regresión y progresividad, y los países que no los respeten deben ser sancionados, llegando eventualmente a la expulsión.
Creemos que debe hacerse explícito que el objetivo de OGP es acercar los gobiernos a las personas, poniendo énfasis en garantizar un real respeto de los derechos fundamentales y niveles cada vez más altos de calidad de vida.
Por esto, estamos convencidos que un primer requisito ineludible es contar con normas jurídicas que garanticen un real y efectivo acceso a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Del mismo modo, se observa una gran desigualdad entre el rol del gobierno y el de la sociedad civil en la convocatoria y elaboración de los planes de acción y en su implementación. Es importante, en consecuencia, una acción más eficiente del Support Unit y del Steering Committee para contribuir a garantizar la co-creación de los planes de acción, así como una participación paritaria Estado-Sociedad Civil durante todo el proceso de implementación, lo cual requiere apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil en los países miembros de OGP.
Creemos, que la consideración y atención de estos temas servirán para incentivar el diálogo entre las instancias de dirección y las bases del movimiento por un Gobierno Abierto.
ORGANIZACIONES:
Artículo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por una Sociedad más Justa – Honduras
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) – Uruguay
Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO – Paraguay
Chile Transparente
Ciudadano Inteligente – Chile
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) – Honduras
Consejo Nacional de Periodismo (CNP) – Panamá
Consejo de la Prensa Peruana – Perú
Costa Rica Integra – Costa Rica
Directorio Legislativo – Argentina
Espacio Público – Venezuela
Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador
Fundación Construir – Bolivia
Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) – Honduras
Fundación para la Libertad Ciudadana – Panamá
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) –
El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación – México
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú
Observatorio Legislativo – Ecuador
Participación Ciudadana (PC) – República Dominicana
Poder Ciudadano – Argentina
Pro Acceso – Chile
Pro Etica – Perú
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa
Semillas para la Democracia – Paraguay
Transparencia Por Colombia
Transparencia Venezuela
Visión Legislativa – México
A TITULO PERSONAL:
Karina Banfi
May 20, 2014
Este jueves 22 de mayo el Estado, la sociedad civil y la Universidad de la República convocan a la primera Mesas de Diálogo sobre Gobierno Abierto, la que lleva por título “Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública”. La instancia de diálogo, abierto a la participación de todas las organizaciones interesadas, tendrá lugar a las 14 hs. en la sede de UNESCO en Montevideo (Luis Piera 1992, Edificio Mercosur).
El gobierno uruguayo adhirió a la Alianza de Gobierno Abierto (AGA o OGP por sus siglas en inglés) en diciembre de 2012. AGA es una iniciativa multilateral, que ya suma a más de 60 países, con el objetivo de alcanzar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernabilidad.
Dentro del mandato de esta alianza, Uruguay se encuentra ahora terminando la redacción de su Plan de Acción Nacional de gobierno abierto 2014-2015, tarea que coordina AGESIC. El plan nacional se compone de una serie de proyectos, vinculados a la transparencia, los datos abiertos y la probidad, presentados por varios organismos públicos que abarcan temas como salud, turismo, cultura, transporte y educación, entre otros.
Gobierno abierto supone una fuerte participación de la sociedad civil organizada, por este motivo en Uruguay una serie de organizaciones conforman la Red de Gobierno Abierto (RGA), con el objetivo de ser la contraparte del gobierno en este proceso. Desde el trabajo de la RGA y en coordinación con el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, coordinado por AGESIC y al que asisten una serie de organismos del Estado y dos representante de la Red, se acordó la convocatoria a tres mesas de diálogo de gobierno abierto.
Este jueves comienza el proceso de diálogo con la mesa sobre “gobierno abierto y acceso a la información pública”. El objetivo es generar un diálogo sobre las diversas temáticas relacionadas, proponer una agenda de temas para avanzar en materia de acceso a la información pública que aporten iniciativas concretas que puedan ser incluidas en el Plan de Acción Nacional 2014-2015, con el acuerdo de todas las partes interesadas.
Para las mesas el Grupo de Trabajo sobre Gobierno Abierto convoca a representantes del Estado, la academia y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la generación de información vinculada a la protección de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). De esta forma se pretende obtener líneas de acción y recomendaciones para el Plan de Acción para desarrollar proyectos vinculados a la información sobre estos derechos, en colaboración entre el Estado y estos sectores.
Las organizaciones que hemos participado en las negociaciones previas para alcanzar estas mesas de diálogo son las siguientes: Centro de Acceso a la Infromación Pública (CAinfo), Centros de Estudios de Software Libre (CESoL), Cotidiano Mujer, DATA, El Abrojo, Proyecto EVA (UdelaR), REDCON, Uruguay Transparente.
Saludamos que este espacio de diálogo se haya concretado y esperamos que el mismo cuente con una amplia representación y se logre avanzar en iniciativas concretas que puedan estar reflejadas en la agenda uruguaya de gobierno abierto.
