Feb 12, 2015
El juez Alejandro Martínez de las Heras hizo lugar a un pedido del periodista Victor Bacchetta con el auspicio de CAinfo, solicitando que la justicia controle la información del proyecto Aratirí que el Ministerio de Industria (MIEM) declaró confidencial amparándose en el secreto industrial.
En diciembre, la justicia hizo lugar a una acción de acceso a la información pública (prevista en la ley N° 18.381) impulsada por la ONG Uruguay Libre contra el MIEM para conocer información ambiental clave sobre sobre el proyecto Aratirí. En esa instancia el juez Alejandro Martínez de las Heras intimó al MIEM a entregar la información solicitada, excepto aquella que configurara “secreto industrial o comercial”.
El MIEM entregó la información al grupo ambientalista, con la excepción de aquella que a su propio juicio debía ser excluida. Uruguay Libre consideró que el ministerio había clasificado arbitrariamente como “secreto industrial o comercial” un cúmulo de informaciones relacionadas con aspectos ambientales.
Con el apoyo de CAinfo, se presentaron ante el Juzgado Letrado en de primera instancia en lo Contencioso Administrativo solicitando que se intimara al MIEM al cumplimiento completo de la Sentencia. El grupo argumentó ante la justicia que “la definición sobre cuál información ingresa en esa categoría (de información reservada) no puede quedar sujeto al criterio del demandado y/o la empresa”. Finalmente, solicitó que se “realice un control judicial de todo el Expediente y para definir cuál es la información que debe quedar en reserva”
El pasado 4 de febrero, el juez Alejandro Martínez de las Heras hizo lugar a la solicitud e intimó al MIEM a entregar la información para ser controlada, con un plazo de 10 días hábiles, que vencerá el próximo 23 de febrero.
Vea el amparo presentado ante la justicia:
Nov 28, 2014
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) emitió un dictamen técnico en favor del periodista Victor Bacchetta en el juicio que mantiene contra el Ministerio de Industria (MIEM) por información solicitada sobre el proyecto Aratirí. La Unidad señala que se configuró silencio positivo ya que la cartera no respondió dentro de los plazos legales, y clasificó mal la información.
La UAIP tomó conocimiento en el caso (que también se sustancia a nivel judicial), luego que el integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, Victor Bacchetta, denunciara la falta de respuesta ante el organismo. Como se ha informado, Bacchetta también entabló una acción judicial de acceso a la información contra el MIEM para acceder a información ambiental sobre el proyecto Aratirí. En esa órbita, la acción, patrocinada por CAinfo, desembocó en una sentencia que obligó en primera instancia al MIEM a entregar la información. Mientras tanto, se aguarda en estos días el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones.
En su dictamen la UAIP se pronuncia en en el mismo sentido que la sentencia judicial de primera instancia. El texto del informe técnico dado a conocer el jueves 27 de noviembre señala que el MIEM no respondió dentro del plazo estipulado en el artículo 15 de la ley de acceso a la información pública (20 días hábiles más otros 20 de prórroga), por lo cual se configuró el llamado silencio positivo.
“Vencido el plazo (…) si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva”, establece el artículo 18 que regula el silencio positivo.
El MIEM esgrimió que la Unidad de Acceso de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige, dependencia del Ministerio) informó al solicitante que esa dependencia había declarado la información que requería como confidencial en mayo de 2013.
La UAIP rechaza estos argumentos y recuerda que según establece el artículo 16 de la ley de acceso “el acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo”, extremo que no se verifica en este caso, puesto que a la fecha no existe ninguna resolución del Ministro de Industria Energía y Minería sobre este asunto.
Dinamige reconoció este punto ante la UAIP: “acerca del invocado artículo 16 de la ley, considera la suscrita que efectivamente para finalizar el trámite correspondería dictar resolución denegando la solicitud”, señaló.
La resolución de confidencialidad de la Dinamige fue firmada el 15 de marzo de 2013 a pedido de Aratirí y estableció: “Declárese confidencial la totalidad de la información contenida en esta asunto, relativa a los informes técnicos presentados por la Minera Aratirí S.A.”.
La UAIP hace saber que según lo establece el artículo 8 de la ley de acceso, todas las excepciones al principio de publicidad deben ser de interpretación estricta. “Nótese que la resolución en cuestión, dispone que se declare como confidencial ‘la totalidad de la información contenida…’. No surge de la misma si toda la información ha sido entregada en calidad de confidencial, si existe información que puede ser dada a conocer, así como tampoco si se han cumplido los extremos establecidos en la normativa vigente para que la excepción opere en forma cabal”, señala la UAIP.
La UAIP concluye que la resolución de Dinamige “se realiza en forma genérica y no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8° así como tampoco a los principios de máxima publicidad”.
La UAIP es el órgano de de control creado por la ley de derecho de acceso a la información pública 18.381. Si bien interviene en reclamos por falta de cumplimiento de la ley de acceso a la información sus dictámenes no son vinculantes.
Jul 30, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y Gaia presentaron los resultados de una investigación sobre la aplicación regional del Principio 10 de la Declaración de Río en Uruguay, compromiso referido a las garantías para el cumplimiento del acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia en esa materia.
La jornada que se desarrolló el martes 29 de julio en el anfiteatro Reinaldo Gargano de la Cancillería, propició el diálogo entre actores gubernamentales, sociedad civil y público en general en relación al proceso regional tendiente a garantizar los derechos ambientales.
En representación de la sociedad civil expusieron el director del CAinfo, Edison Lanza, y el integrante de Gaia, ALberto Gómez.
Por el Estado intervinieron, entre otros, el director General Adjunto para Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González Arenas, el Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, y el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Gabriel Delpiazzo.
También participaron la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El Principio 10 de la Declaración de Río fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En 2012, durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron una declaración donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas, hasta un convenio regional abierto a todos los países, tendiente al cumplimiento cabal del Principio 10.
Vea el informe completo aquí.
Jul 26, 2014
El próximo martes 29 del corriente se realizará un seminario con participantes del Estado y la sociedad civil sobre el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia medioambiental en América Latina y el Caribe.
El evento tendrá lugar en el anfiteatro Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colonia 1206 (Planta Baja), de 10 a 13 horas.
Los expositores en representación del Estado serán por parte de la Cancillería el Director General Adjunto para Asuntos Políticos Ricardo González Arenas y el Director de Medio Ambiente Martín Vidal; por parte del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el Director Nacional de Medio Ambiente Jorge Rucks y el asesor de DINAMA Marcelo Cousillas; y en nombre de la Unidad de Acceso a la Información Pública el presidente del Consejo Ejecutivo Gabriel Delpiazzo.
En representación de la sociedad civil expondrán el director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) Edison Lanza y el integrante de GAIA Derecho Ambiental Alberto Gómez. También participarán la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El taller tiene como objetivo informar e involucrar a actores gubernamentales y del público en general en el proceso regional, del que participa Uruguay a fin de lograr la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia medio ambiental.
Se dividirá en dos sesiones o paneles, el primero se focalizará en la iniciativa regional para la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre medio ambiente, abordándola desde el punto de vista de los diferentes actores e instituciones involucradas, que expresarán sus percepciones sobre el desarrollo y desafíos del proceso.
La segunda sesión tratará la situación nacional a la luz del proceso regional en el que participa Uruguay; mecanismos de aplicación de los derechos de acceso en materia de medio ambiente, avances alcanzados y proyecciones a futuro.
El principio 10
El Principio 10 de la Declaración de Río (“Principio 10”), fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En los preparativos y durante la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas hasta un convenio regional abierto a todos los países con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica.
A la fecha los países signatarios son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Vea el programa – Seminario Principio 10 y el proceso regional
Feb 21, 2014
En materia de minería –actividad que genera resistencia en algunos sectores de la sociedad– el gobierno dejó en claro ayer dos cosas. Una es que Uruguay no puede renunciar a ese recurso. Lo otro, es que no se moverá una piedra por parte de Aratirí sin autorización ambiental. De todos modos, el contrato con esa compañía que reservó 15.000 hectáreas en cuatro departamentos para explotar yacimientos de hierro, se firmará sin que se haga público su contenido.Al mismo tiempo se irán procesando los permisos ambientales.De no concederse los permisos por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el contrato caerá. Para la oposición, el hermetismo con que el gobierno maneja el tema es una falta de transparencia. Desde el gobierno se rechazó esa acusación y se afirmó que se actúa en base a derecho y estableciendo garantías para resguardar el interés del país.
Casi en forma simultánea a que los ministros, Roberto Kreimerman (Industria, Energía y Minería) y Francisco Beltrame (Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) llegaban al Parlamento para informar sobre el acuerdo que se negocia con Aratirí, el presidente José Mujica se preguntó desde su audición en M24 “si puede el Uruguay renunciar a esos recursos. La respuesta es no”, afirmó.“Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser diversificados. No debemos poner los huevos en la misma canasta. Tenemos que sostener la agricultura y multiplicar la forestación y la logística. Hay que incorporar la minería como un recurso. Convivir con todo eso. Siempre hay mercados buenos y malos para muchas cosas. Si somos diversificados, podemos afrontarlo”, aseguró Mujica.
Desde la oposición, sobre todo el convocante de los ministros, el senador colorado Ope Pasquet, se reclamó que el acuerdo con Aratirí sea conocido públicamente antes de firmarse. “Firmar primero es ponerle una enorme presión a la Dinama. El director de la Dinama dijo el año pasado que recibe presiones de la sociedad y del gobierno”, recordó Pasquet.
Sobre ese punto los representantes del Poder Ejecutivo se limitaron a señalar que el texto se dará a publicidad “una vez terminada la negociación” con Aratirí, según lo dijo en sala el ministro Kreimerman.
El diputado Ivan Posada (Partido Independiente) propuso entonces que al menos se le permita a un representante de cada partido de la oposición acceder a las cláusulas reservadas, pero no recibió ninguna respuesta.En medio de la negociación del contrato, el ministro Beltrame reveló que el 14 enero la Dinama intimó a Aratirí a presentar información adicional. Se le reclamó un análisis de impacto urbano, otro de impacto ambiental, sobre la terminal portuaria y el plan de cierre.
La empresa también deberá aportar información sobre el mineroducto que construirá para exportar su producción desde Rocha. Una vez que se presente esa información se estará en condiciones de pedirle a la empresa el informe ambiental primario que será la base para el llamado a una audiencia pública, dijo Beltrame.“El compromiso es brindar todas las garantías a todos nosotros y a las generaciones que vendrán. El contrato garantizará y no condicionará los procesos de control ambiental del proyecto Valentines”, aseveró el secretario de Estado.El senador nacionalsita Carlos Moreira preguntó si “después de firmado el contrato, la Dinama se va a animar a decirle que no, a algo de Aratirí”.La duración de la concesión a Aratirí, aspectos vinculados a las garantías que debe aportar, y datos geológicos que faltan son los aspectos que resta ajustar para firmar el acuerdo con la compañía de capitales de la India que tiene su sede en Londres, dijo a El Observador el ministro Roberto Kreimerman.
