Generar estándares sobre discriminación por motivos de discapacidad, adecuar los programas de formación docente y producir datos estadísticos de calidad son algunas de las propuestas que presentaron un conjunto de organizaciones sociales uruguayas ante las Naciones Unidas para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en Uruguay.
Las organizaciones, nucleadas en torno al Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, elevaron las propuestas el pasado 19 de marzo al Comité de expertos de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en el marco del día de discusión general sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, a realizarse el próximo 15 de abril en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
En el documento recuerdan que a través de distintos pactos o tratados internacionales así como leyes nacionales Uruguay se comprometió a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
“Si bien reconocemos que en los últimos años se han destinado esfuerzos para implementar una política de inclusión educativa general, es fundamental que (…) se trabaje de forma holística para que todo el sistema educativo uruguayo público y privado, formal y no formal, genere las condiciones necesarias para garantizar que la educación en Uruguay sea un derecho que se promueva en base a la igualdad y no discriminación”, señalan las organizaciones.
Para trabajar en este sentido plantearon una serie de propuestas al Comité e hicieron comentarios sobre el artìculo 24 de la CDPD, que es el que garantiza y reconoce el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. En resumen, hicieron énfasis en cinco puntos:
1- Formación docente
La formación docente debe armonizarse con los estándares de la CDPD. Se deben destinar recursos para asegurar una formación adecuada de los docentes y establecer una propuesta pedagógica y didáctica de la educación inclusiva en todos los niveles.
También es necesario adecuar la normativa y la práctica administrativa para que el proceso de admisión e inclusión de las personas con discapacidad en los centros educativos se haga en base al principio de no discriminación.
2 – Ajustes razonables
Para efectivizar el derecho a la educación, los Estados deben hacer los “ajustes razonables en función de las necesidades individuales”, establece la CDPD. Si bien la convención define qué se entiende por “ajustes razonables”, es necesario que se amplíe y clarifique esta definición, referida particularmente a la educación.
3 – Accesibilidad y Asequibilidad
El artículo 3 de la CDPD establece la accesibilidad como un principio general. Sin embargo, el texto de la Convención refiere en diversas ocasiones a la “asequibilidad”. Debe clarificarse qué entiende el Comité por accesibilidad y asequibilidad.
4 – Generar datos de calidad
En Uruguay existen diversos vacíos en cuanto a la sistematización de datos estadísticos y a la información de calidad referida al nivel de inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los ámbitos educativos uruguayos.
Esto impide que las personas con discapacidad y las personas que se encuentran a cargo de ellos puedan tomar una decisión informada referida a las opciones que existen actualmente en el ámbito educativo. También dificulta el diseño e implementación de políticas públicas efectivas que garanticen la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad
En este sentido, es necesario promover la obligación para que los Estados produzcan información desglosada que permita apreciar la calidad de la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, con énfasis en el ámbito educativo.
Las recomendaciones, junto a otras que formulen organizaciones de la sociedad civil y los Estados parte de la Convención, serán debatidas el próximo 15 de abril en un evento convocado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esa instancia, el Comitè podrá incluir alguna de las propuestas dentro de sus Observaciones sobre la aplicaciòn del artìculo 24 de la Convención.
Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva en Uruguay
El Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva está integrado por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Uruguay, Federación Autismo Uruguay, Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Infancia Adolescencia Ciudadana, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y Amnistìa Internacional Uruguay.
El objetivo del grupo es impulsar que se garantice el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en el país. Con este motivo, a principio de mes difundieron un spot alertando sobre el acceso a los centros educativos comunes de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay en el marco del inicio del año lectivo.
El asesor y propuesto Ministro de Educación y Cultura en un eventual gobierno del Partido Nacional, Pablo Da Silveira, se mostró receptivo a los planteos del conjunto de organizaciones que lidera CAinfo con miras a impulsar un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Partido Nacional este jueves 20 de novembre. Participó una delegación de CAinfo, la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) y la Federación Autismo Uruguay (FAU). Por el Partido Nacional participaron Pablo da Silveira, la diputada suplente electa Camila Ramírez y Laura Nahabetián.
Las organizaciones propusieron la reunión en el marco de una serie de acciones de incidencia para visibilizar la necesidad de que el nuevo gobierno y parlamento que resulte de las próximas elecciones nacionales avance en la construcción de un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva, que garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Por este motivo ya se sostuvieron similares reuniones con el Partido Independiente y el Partido Colorado.
Las organizaciones plantearon a los representantes blancos su preocupación por la escasa disponibilidad de información estadística de calidad sobre el derecho a la educación de niños/as con discapacidad.
A su vez, solicitaron el compromiso de esa fuerza política para que trabaje con miras a:
garantizar una formación docente adecuada en el área de la discapacidad, que sea parte de la curricula de formación básica de maestros y profesores
garantizar la disponibilidad de apoyos especiales, adaptación curricular y la disponibilidad de centros educativos accesibles tanto física como comunicacionalmente
reglamentar el ingreso de acompañantes pedagógicos y/o personales tanto en la educación pública como en la privada, y éstos formen parte del staff docente del centro de estudio
adoptar un Protocolo de Acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación común que comprenda los niveles de Primaria, Secundaria y UTU
formar una comisión parlamentaria que trabaje específicamente el tema de educación inclusiva
reglamentar la ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, Nº 18. 651
Da Silveira se mostró de acuerdo y receptivo respecto a estos planteos. En tanto, Camila Ramírez, que de asumir la banca será la primer diputada sorda del Parlamento, mostró su interés en trabajar estos temas y poder articular los planteos de las organizaciones con su bancada en el ámbito legislativo.
CAinfo, FUAP y FAU esperan la confirmación del Frente Amplio para proseguir las reuniones con los candidatos y sus equipos.
La campaña “La educación inclusiva es un derecho” busca visibilizar, a través de una serie de spots audiovisuales, el derecho a la educación de las personas con discapacidad y sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión de los niños con algún tipo de discapacidad en escuelas “comunes” y con disponibilidad de recursos para aprender.
La campaña es una iniciativa del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), y cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.
En ese marco CAinfo y FUAP realizaron un monitoreo sobre la situación del derecho a la educación inclusiva en Uruguay. La información recabada permite afirmar que la mayoría de los niños y niñas con discapacidad en Uruguay no acceden a una educación inclusiva.
Para visibilizar esta situación se lanzó un spot que aborda algunos conceptos básicos sobre la educación inclusiva, que compartimos con ustedes en ocasión del inicio de un nuevo año curricular para los niños y niñas de todo el país.
Próximamente se dará a conocer una segunda pieza audiovisual complementaria con datos estadísticos sobre la realidad de la educación inclusiva en Uruguay.
De acuerdo a un primer relevamiento de datos realizado en el sector público por la ANEP en 2013, en las escuelas comunes de todo el país hay 5821 niños/as con discapacidad diagnosticada. Sin embargo la mayor parte permanece en las Escuelas Especiales (57% del total). A ello se suma la existencia de un déficit importante de docentes con formación adecuada para trabajar con personas con discapacidad. Puede ver los resultados completos del informe aquí.
Según los estándares internacionales la educación inclusiva no se limita al acceso de los niños/as con discapacidad a las escuelas “comunes”. Implica la existencia de una política pública que garantice la disponibilidad de docentes y de otros recursos humanos con formación adecuada, la flexibilización curricular, la accesibilidad física y comunicacional, entre otros requisitos.
En el marco de la Semana de la Discapacidad, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), lanzan el primero de los videos de la campaña “La educación inlcusiva es un derecho”.
El spot busca visibilizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión.
La campaña se enmarca en el proyecto “Acceso a la educación inclusiva en Uruguay”, que cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.
En ese marco CAinfo y FUAP realizaron un monitoreo sobre la situación del derecho a la educación inclusiva en base al uso de la ley de acceso a la información pública, cuyos resultados forman parte del informe “Discapacidad y Educación inclusiva en Uruguay”. La información recabada permite afirmar que la mayoría de los niños y niñas con discapacidad en Uruguay no acceden a una educación inclusiva.
De acuerdo a un primer relevamiento de datos realizado en el sector público por la ANEP en 2013, en las escuelas comunes de todo el país hay 5821 niños/as con discapacidad diagnosticada. Sin embargo la mayor parte permanece en las Escuelas Especiales (57% del total). A ello se suma la existencia de un déficit importante de docentes con formación adecuada para trabajar con personas con discapacidad.
De acuerdo a los estándares internacionales, la educación inclusiva no se limita al acceso de los niños/as con discapacidad a las escuelas “comunes”. Implica la existencia de una política pública que garantice la disponibilidad de docentes y de otros recursos humanos con formación adecuada, la flexibilización curricular, la accesibilidad física y comunicacional, entre otros requisitos.
La campaña será difundida en las redes sociales. El spot está licenciado bajo Creative Commons y fue subtitulado para que sea accesible. No obstante, invitamos a toda persona interesada en contribuir con la traducción a la lengua de señas uruguaya.
Alentamos a todas las personas y organizaciones que quieran sumarse a la campaña, a difundir ampliamente este video.
La campaña continuará en los próximos días con una segundo spot que contiene datos estadísticos sobre la realidad de la educación inclusiva en Uruguay.
