Ago 17, 2015
Los días 6 y 7 de agosto se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, un Encuentro Regional por la Educación Inclusiva. Participaron representantes de organizaciones de Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina, que luchan por el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva.
Estas organizaciones acordaron conformar la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) con el objetivo de incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los Estados garanticen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva. Además, la RREI se propone realizar acciones coordinadas para que toda la sociedad y el colectivo de personas con discapacidad, familias y aliados contribuyan al logro de este objetivo.
Se establecieron estos objetivos porque hubo consenso en reconocer que en los países de la región sistemáticamente se violan los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de la educación, donde éstas enfrentan situaciones de discriminación y exclusión, así como barreras que dificultan una participación en igualdad de oportunidades.
También se reconoce que las personas con discapacidad constituyen uno más de los grupos cuyo derecho a la educación se ve vulnerado, y que solo será posible remediar esta situación con el establecimiento de una educación para todas y todos, brindada en escuelas regulares inclusivas, capaces de enseñar a todos y cada uno los niños y niñas, en condiciones de dignidad, calidad y equidad.
Los Estados de los países que constituyen esta Red han asumido obligaciones internacionales al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, las organizaciones participantes acordaron que existe una gran brecha entre el marco normativo, el discurso político y las políticas y prácticas educativas efectivamente implementadas. Además, las personas con discapacidad son invisibilizadas dentro del sistema educativo y no acceden a espacios de efectiva participación e inclusión. La Red se nuclea bajo el lema de “Una escuela para todos”.
Las organizaciones que acordaron la creación de esta coalición, y por lo tanto dan origen a la RREI son el Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva, de Argentina, la Asociación Colombiana de Síndrome de Down ASDOWN COLOMBIA, Sociedad y Discapacidad –Sodis–, de Perú, la Sociedad Peruana de Sindrome de Down, la Federación Brasilera de Asociaciones de Síndrome de Down, la Fundação Síndrome de Down, de Brasil, la Fundación Saraki, de Paraguay, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública –Cainfo– de Uruguay y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo –iiDi–.
Jun 12, 2015
Una decena de organizaciones sociales uruguayas firmaron una declaración de principios y se comprometieron a trabajar juntas con el propósito de incidir en la promoción y defensa del derecho humano a la educación inclusiva en Uruguay.
Las organizaciones, que conforman el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva (#GTEI), se comprometieron a aunar esfuerzos para generar cambios sociales para todas las personas que viven situaciones de discriminación por motivos de discapacidad.
“Todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen el derecho humano a asistir a centros educativos comunes”, sostiene el #GTEI en su declaración de principios. Para ello, el sistema educativo uruguayo debe realizar “profundos cambios a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en todos los niveles”.
Con este objetivo, las organizaciones se comprometieron a trabajar para incidir en la eliminación de “los obstáculos y barreras que impiden la participación efectiva de las personas con discapacidad en el sistema educativo común”.
“Un sistema educativo es inclusivo cuando valora y celebra la diversidad del alumnado, contempla sus necesidades y características individuales, y promueve el desarrollo pleno del potencial humano y sus capacidades”, señalan.
Recuerdan que a través de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Uruguay, la Ley N° 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación N°18.437, el Estado uruguayo está obligado a trabajar en este sentido.
Sin embargo, aún persisten muchos desafíos para que la educación inclusiva sea un hecho. Las organizaciones sostienen que es fundamental asegurar la inclusión efectiva de todas las personas con discapacidad en el sistema educativo común público y privado, formal y no formal, en la medida que “trae importantes beneficios para toda la comunidad educativa, y fomenta la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en su ciclo de vida”.
Finalmente, las instituciones y organizaciones firmantes de la Declaración de Principios señalan que trabajarán para promover el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad: “Queremos que el derecho sea un hecho”.
El #GTEI es coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Adhirieron a la declaración de principios: Amnistía Internacional – Uruguay, el Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Uruguay, Federación Autismo Uruguay, Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Infancia Adolescencia Ciudadana, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
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Declaración de Principios #GTEI
Abr 15, 2015
CAinfo participó este miércoles 15 de abril del día de Discusión General sobre el Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad, organizado por las Naciones Unidas.
En el encuentro que se desarrolló en Ginebra, Suiza, contó con la presencia de organizaciones sociales y Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Los participantes centraron la discusión en el artículo 24 de la CDPD, que promueve la implementación de la Educación Inclusiva en los Estados que son parte de la Convención.
Las organizaciones coincidieron en señalar que es necesario trabajar en adecuar los programas de formación docente e instar a los Estados a que produzcan datos fiables sobre la calidad de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo común.
Además, los actores presentes solicitaron al Comité de Naciones Unidas que supervisa la implementación de la CDPD que profundice y defina qué es la educación inclusiva, y que avance en definir el concepto de «ajustes razonables» que figura en el artículo 24 de la Convención.
«El Sistema Educativo común debe dar respuestas apropiadas a todas las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación», señaló Catalina Devandas, Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, agregó que “los Estados deben asegurarse que ninguna persona es rechazada en ningún centro educativo por razones de discapacidad».
Barbara Bailey, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hizo hincapié en la necesidad de producir información: «El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad debe alentar a los Estados a que generen datos de calidad y fiables sobre la situación de las personas con discapacidad a nivel nacional».
“Los y las estudiantes con discapacidad son el grupo más excluido y discriminado en América Latina. La falta de datos de calidad que permiten monitorear esa situación hacen que las brechas de discriminación aumenten a lo largo de todo el ciclo educativo de las personas con discapacidad» coincidió Rosa Blanco, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura.
Rabjyot Singh Kohli, adolescente Indio de 17 años, remarcó que la inclusión no sólo reporta beneficios para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad: “Al poder estudiar en un contexto inclusivo he podido hacer amigos y proyectar sobre el futuro de mi vida. El entorno inclusivo en mi escuela ha promovido la sensibilidad de las personas que allí asisten. Los docentes de todas las partes del mundo deben estar preparados para recibir a personas con discapacidad en los salones de clase. Los padres y las familias deben poder acceder a información relevante para poder tomar decisiones informadas en relación al futuro educativo de sus hijos e hijas».
Por último, Jorge Cardona, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, señaló: «La incomprensión de lo que es la Educación inclusiva por parte de los Estados ha sido una barrera para garantizar la integración de las personas con discapacidad en el sistema educativo común».
El día de discusión fue convocado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta instancia, el Comitè podrá incluir alguna de las propuestas dentro de sus Observaciones sobre la aplicación del artìculo 24 de la Convención.
Previo a esta instancia, CAinfo junto a otras organizaciones sociales uruguayas nucleadas en torno al Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva en Uruguay, habían elevado al Comité una serie de propuestas sobre educación inclusiva.
Mar 9, 2015
Una comisión asesora del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) presentó un documento con las líneas estratégicas para la construcción de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. El texto incorpora los planteos realizados por CAinfo junto a otras organizaciones sobre la necesidad de trabajar con un enfoque de educación inclusiva y mejorar la formación docente para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
Uruguay se encuentra en la discusión de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, un conjunto de lineamientos estratégicos y políticas públicas orientadas a incluir los Derechos Humanos como componente transversal y sustancial en todos los niveles de la enseñanza del país.
La educación sobre, por medio, y para los derechos humanos es el principal objetivo de este plan, cuyas bases fueron presentadas por la Comisión Nacional de Educación en Derechos Humanos, asesora del SNEP (ver documento) el pasado miércoles 25 de febrero.
En el proceso de consulta para la elaboración de las bases, CAinfo junto a la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) y Federación Autismo Uruguay (FAU) señalaron a la comisión la necesidad de desarrollar una perspectiva inclusiva que garantice los derechos de las personas con discapacidad.
Las organizaciones plantearon la necesidad de instrumentar “instancias de capacitación a autoridades educativas y personas en formación docente en todos los niveles educativos” e “instancias de sensibilización y formación” con activa participación de la comunidad educativa, las organizaciones sociales y los grupos técnicos especializados en el trabajo con esta población.
CAinfo, FUAP y FAU resaltaron el compromiso asumido en esta materia por el Estado Uruguayo tras la ratificación en el año 2009 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). (Ver propuestas presentadas por las organizaciones).
Precisamente, el documento presentado por la Comisión Nacional de Educación en Derechos Humanos días atrás plantea la necesidad de “incorporar la formación para la educación inclusiva en la currícula básica de la formación de educadores, garantizando una adecuada formación en torno al concepto de discapacidad a la luz de la CDPD”.
Asimismo, la comisión hace hincapié en la necesidad de “avanzar hacia un modelo de centros educativos inclusivos, que favorezcan el encuentro de grupos y colectivos sociales diversos y abiertos a la comunidad y al territorio”.
Finalmente recomienda “adecuar la normativa de rango infralegal a efectos de asegurar la efectiva implementación del principio de no discriminación en el proceso de admisión e inclusión de las personas con discapacidad, a lo largo de toda su trayectoria educativa en todos los niveles y subsectores de la enseñanza”.
En la presentación de las bases, los integrantes de la Comisión destacaron que el documento es un insumo para seguir trabajando en un proceso de deliberación lo más participativo posible que afiance la posibilidad de la construcción de políticas públicas y del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos como tal.
A partir de ahora se abre un proceso consultivo que prevé la realización de cuatro instancias regionales presenciales de debate, en distintos puntos del país y diversas modalidades de debate descentralizado. A partir de los resultados del debate se acordará el marco y las propuestas concretas del Plan.
Más información.
1. Integrada por Fernando Willat y Fernanda Blanco del Ministerio de Educación y Cultura, Luján Criado y Margarita Navarrete de la Universidad de la República, y Martín Prats y Mariángeles Caneiro de la Administración Nacional de Educación Pública.
Mar 4, 2015
