Seminario sobre periodismo, libertad de expresión y derechos humanos

Seminario sobre periodismo, libertad de expresión y derechos humanos

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) organizará con el apoyo de UNESCO un seminario para analizar el nuevo marco normativo relativo a periodismo, libertad de expresión y derechos humanos. Serán dos jornadas dirigidas a jueces, fiscales y periodistas, a desarrollarse los días 9 y 16 de abril.

El día 9 se  tratará el tema Código del Proceso Penal y garantías para ejercer el periodismo. Contará con la participación de  Edison Lanza (Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), Raúl Oxandabarat (Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia) y Marcelo Pesce (Subdirector general de los Servicios Administrativos del poder Judicial).

El día 16 tratará sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y derechos de niños, niñas y adolescentes. Expondrán: Paula Baleato (Coordinadora de la Agencia Voz y Vos), Gustavo Gómez (Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), Andrea Venosa (Directora de la División Jurídica del INAU) y Marianella Fernández (Asesora de Dirección del INAU).

Ambas jornadas se desarrollarán a la hora 9 en la sede de UNESCO (Luis Piera 1992, Edificio Mercosur). Por consultas e inscripciones: secretaria@cainfo.org.uy

 

CIDH renueva mandato del relator de libertad de expresión Edison Lanza

CIDH renueva mandato del relator de libertad de expresión Edison Lanza

CAinfo saluda la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que renovó por tres años (hasta 2020) el mandato de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Esta decisión de la CIDH significa un reconocimiento al destacado trabajo desarrollado en estos años del Relator Especial en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

El periodista, docente y abogado uruguayo Edison Lanza fue cofundador de CAinfo en el año 2008 y se desempeñó como su Director Ejecutivo hasta 2014, año en que designado como Relator Especial de la CIDH.

Además, trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas de Uruguay, y como docente universitario.

CIDH renueva mandato del relator de libertad de expresión Edison Lanza

Relatoría Libertad de Expresión: la Ley Audiovisual de Uruguay cumple con los estándares internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos

Durante su visita académica a Uruguay, invitado por la Cámara de Diputados, OBSERVACOM entrevistó en exclusiva al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Edison Lanza, quien se refirió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y destacó los siguientes aspectos:

Las regulaciones de contenidos para proteger a la infancia son legítimas, razonables y proporcionadas: “son puntuales, durante un horario determinado y están redactadas en forma clara”, a la vez que amparan “el debate político o las noticias de interés general”.

Los “límites a la concentración de la propiedad o control de medios audiovisuales cumplen con los estándares construidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La ley “prevé límites razonables para el acaparamiento de licencias y/o frecuencias, preserva a las empresas de radiodifusión históricas y a las que accedan al espectro, evita que las empresas de telecomunicaciones se hagan con el negocio de la radiodifusión”.

Resalta “la creación de un organismo de supervisión con garantías básicas de independencia tanto del gobierno como de la influencia económica y la creación de una defensoría de las audiencias que no tiene potestades punitivas”.
Observa que “el régimen sancionatorio parece muy amplio y debería precisarse aún más la proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad de la conducta desplegada, para no dejar nada al arbitrio del juzgador”.
Destaca “el proceso de construcción de la ley, por la amplia participación y discusión que tuvo”.

– ¿Cuál es la evaluación que hacen la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay?

– En su último informe anual la CIDH y la Relatoría indicaron que la ley de Uruguay constituye un avance en términos de respeto a la libertad de expresión y la regulación de diversos aspectos de los medios audiovisuales. Ya antes, la Relatoría había destacado el proceso de construcción de la ley por la amplia participación y discusión que tuvo. Pero en líneas generales hay que destacar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión a través de este tipo de medios, el desarrollo de mecanismos claros y transparentes para acceder a licencias y frecuencias, la búsqueda de la igualdad y la no discriminación en la participación del sistema de medios y los mecanismos equilibrados que establece para limitar la formación de monopolios y oligopolios. También hay que resaltar la creación de un organismo de supervisión con garantías básicas de independencia tanto del gobierno como de la influencia económica y la creación de una defensoría de las audiencias que no tiene potestades punitivas. Teniendo en cuenta lo complejo que es construir equilibrios y garantías en este tema, la ley constituye un avance claro no sólo para Uruguay, sino para la región.

– En Uruguay ha sido muy controversial el capítulo referido a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunos medios alertan sobre una intromisión en contenidos. ¿Qué evaluación hace al respecto?

– Desde la Relatoría hacemos un análisis técnico jurídico para establecer si una norma legal se adecúa a la Convención Americana. En este caso se trata de limitar una serie de contenidos para proteger y prevenir el daño que estos pueden causar a niños, niñas y adolescentes. Para responder a esta pregunta no tengo otra opción que ser tedioso y riguroso.

El principio general es que la libertad de expresión no puede tener censura previa y que cualquier limitación hay que mirarla a la luz de un test muy estricto que establece la propia Convención. Como se ha dicho en forma reiterada, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y el artículo 13 de la Convención Americana establece las condiciones que cualquier limitación debe cumplir para ser legítima (incisos 2, 4 y 5). De este modo, el artículo 13.2 establece que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, pero si a responsabilidades ulteriores, las que necesariamente deben: a) estar fijadas por ley; b) y ser necesarias para el logro de los siguientes objetivos: asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional o el orden público o la salud o la moral pública.

En este orden de ideas considero que las normas que establece la ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes están contempladas como un objetivo legítimo y permitido por la Convención, que además incorpora las obligaciones que establece la Convención de los Derechos del Niño, un Tratado internacional que ha sido ratificado por Uruguay. Las restricciones son puntuales, durante un horario determinado y están redactadas en forma clara, pero además se establece una salvaguarda para discursos especialmente protegidos por la Convención, como es el caso del debate político o las noticias de interés general, que no están alcanzadas por esta restricción en cuanto al debate, e incluso podrá recurrirse a imágenes en forma puntual. Todo esto hay que interpretarlo armónicamente en el marco amplio de garantías que establece la propia ley y los estándares internacionales que son de aplicación obligatoria según el artículo 2 de la propia norma. Creo que en ese sentido estas restricciones puntuales que estableció la ley cumplen con los estándares internacionales.

Por último, hay que analizar el régimen de sanciones que se aplica en caso de que se incumpla el mandato legal y creo que allí hay un punto a mejorar. El régimen sancionatorio me parece muy amplio y debería precisarse aún más la proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad de la conducta desplegada, para no dejar nada al arbitrio del juzgador y así impedir que se apliquen sanciones desproporcionadas que podrían poner en riesgo la continuidad de un medio.

– En cuanto a las normas para prevenir y limitar la formación de monopolios y oligopolios en los medios como un riesgo serio para la vigencia de la libertad de expresión, tal como lo define el artículo 12 de la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Relatoría y de la CIDH. ¿A su juicio cómo resuelve este tema la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay?

-Este tema es fundamental no sólo para la libertad de expresión, sino para la salud del sistema democrático. Sostengo que la Ley de Uruguay en el capítulo referido a límites a la concentración de la propiedad o control de medios audiovisuales cumple con los estándares construidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El informe de la Relatoría sobre “Libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente” estableció la necesidad de que los Estados garanticen un equilibrio entre tres sectores en los medios de comunicación que requieren licencias para operar (comerciales, públicos y comunitarios), también se recomienda establecer organismos reguladores independientes para aplicar este tipo de leyes, y esto es algo fundamental. Finalmente, los Estados tienen la obligación de evitar los monopolios y oligopolios en cualquier sector (público o comercial), así como promover la diversidad y el pluralismo.

En ese sentido, la ley uruguaya resuelve muy bien estos tres problemas: prevé límites razonables para el acaparamiento de licencias y/o frecuencias, preserva a las empresas de radiodifusión históricas y a las que accedan al espectro, evita que las empresas de telecomunicaciones se hagan con el negocio de la radiodifusión y crea un organismo de aplicación con garantías de independencia del Ejecutivo y de los grupos económicos. Otra cuestión fundamental es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual limita el peligro de los oligopolios estatales (casos que hoy podemos ver en Cuba o Venezuela), al reducir la propiedad pública de los medios a la cantidad mínima indispensable para tener medios públicos de servicio público, e incluye claramente al sector social-comunitario de la comunicación.

Edison Lanza asumió como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA

Edison Lanza asumió como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA

El abogado, docente y periodista Edison Lanza asumió hoy, lunes 6, como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en sustitución de la colombiana Catalina Botero. Es la primera vez que un uruguayo ocupa este cargo creado en 1997 como una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la CIDH.

Lanza ocupará el cargo por los próximos tres años, con opción a una renovación por el mismo período, y trabajará junto a la CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La selección de Lanza para encabezar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) fue el resultado de un proceso amplio, abierto, transparente y participativo, al que postularon 49 personas. Durante el 150º Período de Sesiones, celebrado en la sede del 20 de marzo al 4 de abril de 2014, la Comisión seleccionó a seis finalistas y publicó sus hojas de vida en su sitio Web. De acuerdo a lo establecido en el artículo 15.4 del Reglamento de la CIDH, la CIDH abrió un plazo para recibir observaciones sobre los y las finalistas del 1 al 31 de mayo de 2014. Durante ese plazo, la CIDH recibió 154 cartas con observaciones de Estados Miembro de la OEA y de la sociedad civil.

Según destacó la CIDH al anunciar su designación, Lanza trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay, y como docente universitario. Asimismo, ha presentado varios casos emblemáticos relacionados con el derecho a la libertad de expresión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha integrado, dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión, y es integrante de diversas instancias nacionales de supervisión del cumplimiento de normas relacionadas con la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Es co-fundador del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y del Grupo Medios y Sociedad, e integró el Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y el Grupo de Trabajo sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de defensa de la libertad de expresión. Ha realizado consultorías para diversas organizaciones, incluyendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Asimismo ha redactado e impulsado diversas iniciativas legales a nivel nacional y regional y es autor de numerosas publicaciones especializadas en la materia. Se graduó como abogado y cursó estudios de postgrado sobre libertad de expresión y ley penal en la Universidad de la República de Uruguay, y realiza un doctorado relacionado con los procesos de regulación de medios audiovisuales en la región en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Reconocimiento a Botero

La CIDH destacó el pasado 3 de octubre mediante un comunicado la labor de la abogada colombiana Catalina Botero al frente de la RELE, cargo que ocupó desde el 21 de julio de 2008 durante seis años.

“La Comisión reconoce que bajo el liderazgo de Catalina Botero, la Relatoría Especial avanzó de manera sustancial para afianzar el derecho a la libertad de expresión en el orden jurídico interamericano. Su mandato estuvo caracterizado por logros significativos en el desarrollo de los estándares interamericanos en la materia, la promoción de su implementación en los ordenamientos internos y el fortalecimiento de la capacidad tanto de los Estados como de las organizaciones de la sociedad civil encargadas de promover el ejercicio y alcance del derecho a la libertad de expresión”, señaló la comisión.

La comisionada Tracy Robinson, presidenta de la CIDH, indicó que gracias a la labor de Botero “ha avanzado el trabajo temático de la Comisión Interamericana en relación con el derecho a la libertad de expresión y es en tributo a la efectividad de esta Relatoría Especial que la Comisión consideró útil la creación de una nueva Relatoría en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.

CIDH renueva mandato del relator de libertad de expresión Edison Lanza

Latinoamerica ha mejorado en libertad de expresión, pero no lo suficiente

En el marco del aniversario número 20 de la Declaración de Chapultepec, que consagra la libertad de expresión como un derecho fundamental para todos los países de América, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abrió un espacio virtual para conversar con el relator especial designado para la Libertad de Expre-sión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.
En este conversatorio participaron representantes de varios medios de comunicación de América y otros ciudadanos de todas partes del continente interesados en el tema del seminario digital o ‘webinar’ que se realizó este martes.

Según Edison Lanza, periodista oriundo de Uruguay, “el acceso a la información es un derecho inalienable para todos los ciudadanos, especialmente si lo que se busca es que haya una democracia estable”. Por esta razón, el Relator para la Libertad de Expresión asegura que “es lo primero que los Gobiernos no democráticos suprimen”.

En este sentido, Lanza asegura que el desafío más grande para los países de América Latina es que “todos tengan acceso libre a la información pública”. Por esta razón, afirma que “los Gobiernos deben invertir en libertades civiles y políticas para garantizar una democracia incluyente y de calidad”.

Al ser planteado el tema de algunos Gobiernos que, a pesar de tener consagrada la libertad de información y expresión en sus leyes o Constitución Política, no permiten el acceso o ponen obstáculos a los ciudadanos, por ello el Relator Especial asegura que “la primera lucha que se debe ganar es la lucha contra la corrupción”.

Por esta razón, Lanza opina que los Gobiernos del continente, pero especialmente los de Latinoamérica, “deberían emitir leyes de información pública con el fin de garantizar la transparencia de su gestión”.

Al ser interrogado sobre casos específicos de violación a la libertad de expresión e información, Lanza recordó que en días pasados hizo un llamado de atención al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que sus instituciones “se apeguen más a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación de ese país, ejercer sin intervenciones indebidas, el derecho pleno a la libertad de expresión”.

El Relator recibió durante el conversatorio digital una denuncia sobre un caso específico de irrespeto a la libertad de expresión en el estado de Aguascalientes, en México, donde un periodista de un medio regional afirmaba que cada vez que se se encontraba haciendo el cubrimiento de un hecho “le echan a la Policía para que lo retire”. Edison Lanza le respondió al periodista mexicano que le escribiera en su correo personal para conocer más detalles del caso.

Los desafíos en las Américas

Durante su conferencia el relator Edison Lanza mostró cuáles son los desafíos principales para los países de América en términos de libertad de expresión e información.

El primero de ellos se da en torno a la protección a los periodistas y la lucha contra la impunidad en los crímenes que se han cometido contra comunicadores por cuenta del ejercicio de su profesión. En ese sentido, Lanza mencionó que Colombia, debido a la violencia interna que padece es uno de los peores casos, seguido muy de cerca por Venezuela durante los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y luego por los países del Cono Sur como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile por cuenta de las dictaduras.

El segundo desafío es descriminalizar el ejercicio del periodismo, en el que se suele convertir en un delincuente al periodista que hace críticas a su Gobierno o a algún sector de la sociedad. El Relator Especial explicó que esto no necesariamente se hace a través de procesos judiciales en contra de los periodistas, “sino también a través de declaraciones que buscan poner a la opinión pública en su contra”.

El tercer desafío es eliminar todas las formas de censura. Si bien Lanza reconoció que en casi todos los países de América ya se ha eliminado la censura directa, sí existen varios casos en los que ésta se realiza de manera indirecta. Esto se hace mediante la generación de un ambiente de hostilidad y desconfianza hacia los medios de comunicación, o mediante la imposición de obstáculos en el acceso a ella.

Un cuarto desafío es eliminar los ‘Secretos de Estado’ de tal forma que la gente pueda acceder a documentos y registros de lo que está haciendo su Gobierno con toda libertad. También que la gente pueda conocer la información que guarda el Estado acerca de ella misma, para lo cual en el caso colombiano se creó la ley de Hábeas Data.

El quinto y último desafío consiste en evitar el monopolio en las empresas que manejan medios informativos, donde un mismo dueño o un mismo sector político maneja canales de televisión, emisoras de radio, periódicos y revistas impresas así como portales de acceso digital. Para él, esto hace que una sociedad solo tenga acceso a un punto de vista de la información que existe.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión concluyó su charla diciendo que “si bien hay países que han avanzado en el tema de garantizar el derecho a la libertad de prensa”, entre los cuales incluyó a Colombia, “hay algunos en los cuales todavía no se ha avanzado en este sentido y, aún peor, se ha retrocedido”. Entre estos últimos reiteró su preocupación por el caso venezolano, donde se han denunciado varios hechos de censura y ataques contra algunos medios de comunicación.

Publicado en Vanguardia, Colombia, el 23 de setiembre de 2014