Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestrapreocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso.
Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.
Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:
Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.
Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.
Access Now
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de la Prensa Uruguaya
Asociación TEDIC (Paraguay)
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
CAInfo (Uruguay)
Cieenpre Juntos (Uruguay)
Cotidiano Mujer (Uruguay)
Creative Commons Uruguay
Data Uruguay
Datysoc (Uruguay)
El Abrojo (Uruguay)
Fundación Karisma (Colombia)
Fundación Vía Libre (Argentina)
Hermandad Pro Derechos Uruguay
IFEX-ALC
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique
En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.
El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares.
“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”.
Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas
En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios.
En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014.
El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).
Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio, disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.
“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”.
Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU
Objetivo
En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.
La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) destaca el anuncio realizado el pasado miércoles 8 por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien comprometió la voluntad oficial de modificar el artículo 35 del proyecto de Rendición de Cuentas, que en su actual redacción introduce obstáculos al acceso a la información pública.
Dicha redacción ha sido cuestionada por la Red de Gobierno Abierto (RGA), un conjunto de 16 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de transparencia y rendición de cuentas, así como por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano garante del cumplimiento de la Ley N° 18.381, y por representantes regionales de Naciones Unidas.
Ante un planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que analiza el proyecto, Delgado aseguró que no es intención del gobierno “generar opacidad” y consideró que es necesario “mejorar la redacción” del artículo mencionado.
“Lo que le vamos a proponer es aplazar la consideración de este artículo para mejorar la redacción. Nosotros estamos trabajando en una propuesta alternativa que lo mejora, siempre sobre la base de la intención original y permanente, que es asegurar transparencia”, expresó Delgado.
En el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al parlamento, el gobierno propuso incluir en el artículo 5 de la Ley N°18.381 (que regula el alcance de la información de transparencia activa que deben publicar los sujetos obligados) un párrafo que impone nuevas limitaciones al derecho.
“La información detallada en el presente artículo sólo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública establecida en los artículos 13 y siguientes de esta ley, en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales o no estatales obligados en este artículo. La información solicitada que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año sólo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión”, dice la propuesta, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes.
Mediante un pronunciamiento realizado el día 8 de julio, la RGA había considerado “perjudicial e innecesario” el texto incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas e invitó a las autoridades a propiciar un diálogo para discutir el tema.
“A cambio de esta modificación que debilita el acceso y no cumple el cometido que se propone, invitamos a las autoridades a recorrer el camino del diálogo para mejorar la Ley 18.381 y generar soluciones reales a los desafíos que pueda presentar”, expresó la coalición de organizaciones.
Por su parte, la UAIP se pronunció el 9 de julio y calificó como “regresivo e innecesario” el cambio normativo planteado por el gobierno. “Esta propuesta de cambio nos tomó por sorpresa, ya que en ningún momento fuimos noticiados ni consultados sobre la misma. Tomamos conocimiento de ella una vez publicado el proyecto de ley presentado ante el Parlamento”, manifestó la unidad en una nota firmada por su presidente, Gabriel Delpiazzo.
“Por lo tanto, adoptaremos las medidas que estén a nuestro alcance para procurar que nuestra opinión como órgano especializado en la materia sea escuchada, participar en la discusión de la modificación proyectada y, en definitiva, incidir positivamente para que la misma no resulte aprobada”, añadió en una nota dirigida al Consejo Consultivo de Acceso a la Información Pública.
El texto propuesto por el gobierno también fue cuestionado por representantes en la región de Naciones Unidas, que enviaron una carta al Senado en la que plantean que la modificación “podría resultar problemática desde la perspectiva de los estándares internacionales en derechos humanos”.
Según publicó La Diaria, el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y la directora de la Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe, Lidia Brito, insisten en que la propuesta es “regresiva”, entre otras cosas porque “Al incluir nuevos requisitos para que la acción de acceso a la información pública sea procedente, la modificación propuesta por el proyecto estaría limitando el derecho”, afectando especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
SERPAJ publica “Derechos Humanos en el Uruguay”, un informe anual sobre la situación de los derechos humanos. El libro recoge aportes de distintos sectores de la sociedad civil, que expresan los nudos, desafíos y avances en la materia.
SERPAJ buscar comunicar y difundir, a través de una labor sostenida, impulsar grados de materialización efectiva de los derechos humanos, a partir de del monitoreo continuo sobre el cumplimiento del Estado de sus obligaciones al respecto.
Al igual que años anteriores, para esta edición 2017 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) participó con la redacción de un capítulo. Este año nos centramos en denunciar amenazas a libertad de expresión y acceso a la información pública.
