La educación inclusiva es un derecho

La educación inclusiva es un derecho

La educación inclusiva es un derecho

En el marco de la Semana de la Discapacidad, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), lanzan el primero de los videos de la campaña “La educación inlcusiva es un derecho”.

El spot busca visibilizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión.

La campaña se enmarca en el proyecto “Acceso a la educación inclusiva en Uruguay”, que cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.

En ese marco CAinfo y FUAP realizaron un monitoreo sobre la situación del derecho a la educación inclusiva en base al uso de la ley de acceso a la información pública, cuyos resultados forman parte del informe “Discapacidad y Educación inclusiva en Uruguay”. La información recabada permite afirmar que la mayoría de los niños y niñas con discapacidad en Uruguay no acceden a una educación inclusiva.

De acuerdo a un primer relevamiento de datos realizado en el sector público por la ANEP en 2013, en las escuelas comunes de todo el país hay 5821 niños/as con discapacidad diagnosticada. Sin embargo la mayor parte permanece en las Escuelas Especiales (57% del total). A ello se suma la existencia de un déficit importante de docentes con formación adecuada para trabajar con personas con discapacidad.

De acuerdo a los estándares internacionales, la educación inclusiva no se limita al acceso de los niños/as con discapacidad a las escuelas “comunes”. Implica la existencia de una política pública que garantice la disponibilidad de docentes y de otros recursos humanos con formación adecuada, la flexibilización curricular, la accesibilidad física y comunicacional, entre otros requisitos.

La campaña será difundida en las redes sociales. El spot está licenciado bajo Creative Commons y fue subtitulado para que sea accesible. No obstante, invitamos a toda persona interesada en contribuir con la traducción a la lengua de señas uruguaya.

Alentamos a todas las personas y organizaciones que quieran sumarse a la campaña, a difundir ampliamente este video.

La campaña continuará en los próximos días con una segundo spot que contiene datos estadísticos sobre la realidad de la educación inclusiva en Uruguay.

La ANEP informó a la justicia que prevé regularizar la seguridad de 2670 locales educativos en aproximadamente 4 años y medio. La jueza letrada de Familia de 19 turno solicitó al organismo que amplíe su informe para conocer el cronograma

 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó ante el Juzgado Letrado de Familia de 19 Turno el segundo informe cuatrimestral sobre las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia de agosto del año pasado que, a pedido de varias organizaciones sociales, lo ordenó a garantizar que todas las escuelas públicas del país cuenten con las normas de seguridad contra siniestros e incendios que exige la Dirección Nacional de Bomberos.

El documento presentado el 10 de abril por la ANEP plantea un Plan de Trabajo tendiente a regular “2670 locales educativos en 57 meses (4 años y seis meses aproximadamente)”. Según se anuncia la regularización se ejecutará en cuatro etapas, comenzando por 1135 escuelas rurales. El organismo también informó sobre otras medidas adoptadas, como la designación de un coordinador entre la ANEP y la Dirección Nacional de Bomberos, el funcionamiento de una comisión integrada por representantes de los dos organismos a fin de atender la situación de las escuelas, la realización de un llamado a licitación para la adquisición de extintores y cartelería requerida para la habilitación, y la adopción de un instructivo interno para agilizar la presentación de las solicitudes de habilitación.
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CAinfo presenta acción judicial para acceder a información en poder de ANEP y CEIP sobre la situación del derecho a la educación para los niños y niñas con discapacidad

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pùblica (CAinfo) presentó el miércoles pasado una acción judicial de acceso a la información para que la justicia ordene a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) la entrega de una serie de datos relativos a las medidas que ha adoptado el Estado para garantizar el derecho a la educación delos niños/as con discapacidad, y cuál es la inserción que este grupo de la población tiene hoy en el sistema educativo.

Las solicitudes de Acceso a la Información que CAinfo presentó (al amparo de la ley Nº 18.381, Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública) ante los organismos fueron efectuadas en el marco del proyecto “Acceso a la educación inclusiva en Uruguay”. El estudio, realizado en alianza con la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, busca conocer las medidas que el Estado está implementando para garantizar el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad.

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