Feb 25, 2015
CAinfo y el Instituto Interamericano Sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) lanzaron el proyecto «Derecho de las personas con discapacidad al acceso a la atención de la salud», que busca potenciar la utilización del acceso a la información pública para avanzar en la exigibilidad del derecho al acceso a la salud de las personas con discapacidad en Uruguay.
La jornada, que se desarrolló en el Centro de Formación de la Cooperación Española, contó con la participación de organizaciones sociales que trabajan sobre discapacidad. Los colectivos plantearon distintas inquietudes respecto el acceso a la salud y en posteriores instancias se seguirá avanzando sobre el tema potenciando el derecho de acceso a la información como herramienta para la exigibilidad de este derecho derecho.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto regional que CAinfo se encuentra desarrollando en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina, que trabaja sobre el acceso a la información y los Derechos Económicos Sociales y Culturales. El proyecto cuenta con el apoyo del Programa Human Rights Initiative de Open Society Foundations.
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Nov 11, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) señaló avances y desafíos que enfrenta Uruguay en materia de acceso a la información, política de comunicación y libertad de expresión.
El integrante de CAinfo Fabián Werner hizo las siguientes consideraciones en una audiencia pública de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, celebrada este martes 11 de noviembre.
Libertad de expresión
En materia de libertad de expresión CAinfo reconoció los pasos importantes que dio el país en la última década hacia la armonización de su legislación interna con los estándares internacionales.
Este proceso dio lugar a la despenalización de delitos de comunicación (reforma de la ley 16.099 y la sustitución de los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal a través de la aprobación de la ley 18.515), la regulación del sector de radiodifusión comunitaria (Ley 18.232), el avance de la discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), entre otros.
Sin embargo, estos avances registrados en el plano normativo se han visto frecuentemente amenazados por diferentes prácticas institucionales a nivel de los diferentes poderes del Estado que impiden el ejercicio pleno de estos derechos.
En los últimos meses el país ha visto aumentar la cantidad de pronunciamientos del Poder Judicial que amenazan la libertad de expresión. Esto se traduce en la citación de periodistas por parte de algunos magistrados con el objetivo de impedirles el ejercicio de su profesión, pedirles que revelen la identidad de sus fuentes de información o someterlos a procesos por difamación por publicar denuncias contra funcionarios públicos.
Una de las regulaciones pendientes que el país tiene que emprender es sobre la Publicidad Oficial. Dejar librada la asignación de la pauta oficial a la discrecionalidad de los gobernantes afecta no solo la transparencia indispensable en la gestión pública, sino que también puede constituirse en un mecanismo velado de censura. La adopción de un marco normativo en Uruguay que recoja los estándares internacionales es una materia pendiente en este sentido.
Acceso a la información
En materia de acceso a la información pública CAinfo señaló algunos aspectos en los que es necesario avanzar para adecuar la ley N°18381 (Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública) a los estándares internacionales, como la Ley Modelo Interamericana de la OEA.
En ese sentido, la ley uruguaya necesita una revisión en cuanto a la definición de los sujetos obligados. De acuerdo a la normativa los sujetos obligados son “los organismos públicos sean o no estatales”.
Sin embargo, el organismo de aplicación ha entendido que las sociedades comerciales privadas, con capital accionario propiedad del Estado, no se encuentran comprendidas dentro del alcance de la norma. Tampoco están abarcadas las organizaciones privadas que reciben fondos públicos.
Otro de los aspectos que debería ser revisado a la luz de la ley de la OEA es la posición institucional de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano garante en esta materia.
Aunque la ley dotó al organismo de “amplia autonomía técnica”, su posición institucional sujeta a jerarquía de la Presidencia de la República y el carácter de sus resoluciones como no vinculantes, han debilitado su eficacia como órgano de aplicación y cumplimiento de la ley.
En este marco, CAinfo considera necesaria la apertura de un proceso que culmine con la redacción de un proyecto de ley que introduzca modificaciones a distintos aspectos de la ley de Acceso a la Información Pública.
Entre otros aspectos, esta reforma debería contemplar la mejora del diseño institucional del órgano de control fortaleciendo, su institucionalidad y autonomía, el poder de fiscalización y sanción, el poder de incidencia en la formulación de las políticas públicas de transparencia y acceso a la información, y garantizar la provisión de recursos presupuestales acordes a tal función. Es necesario además perfeccionar el mecanismo de designación de los integrantes del órgano de control bajo un marco de procesos abiertos, participativos y transparentes para la elección de los mismos.
Política de comunicación
En materia de política de comunicación uno de los pasos más importantes dados en los últimos años han sido la aprobación de la Ley 18.232 de radiodifusión comunitaria -a impulso y propuesta de las organizaciones de la sociedad civil- que puso a Uruguay a la vanguardia en Latinoamérica en lo referido a la regulación de los medios comunitarios.
Sin embargo esta reforma legal todavía no ha sido acompañada de una fuerte política de promoción del sector comunitario a fin de garantizar que pueda competir en igualdad de condiciones con los sectores comercial y público.
Por otro lado, uno de los aspectos pendientes en materia de política de comunicación es la aprobación de la Ley de servicios de comunicación audiovisual. El proyecto, que para la elaboración contó con amplia participación de representantes de la sociedad civil, academia, sindicatos y empresarios, está a estudio en el Senado. Su aprobación se espera para diciembre, se según expresaron en los últimos días integrantes del Frente Amplio.
La Coalición por una Comunicación Democrática, red de la sociedad civil integrada por más de 30 organizaciones sociales, entre las cuales se encuentra CAinfo, que ha acompañado y apoyado el proceso de aprobación de la ley, ha señaló a lo largo del proceso una serie de aspectos que podrían mejorarse del proyecto.
Entre ellos están mejorar la composición del órgano de control para que tenga mayor autonomía del poder Ejecutivo, fortalecer la presencia de la sociedad civil en procesos de participación en la implementación y cumplimiento de la ley, mejorar los mecanismos para evitar la concentración de medios, desarrollar políticas públicas para fomentar esta producción, entre otros.
Finalmente, en materia de telecomunicaciones CAinfo señaló su preocupación porque la expansión de Internet y los avances tecnológicos que ha registrado el país en los últimos años no han tenido un correlato en la discusión o aprobación de normas regulatorias.
Es necesario que el país encare un debate sobre este punto, que debería incluir: la adopción de medidas para prevenir la conducta abusiva de los prestadores de servicios de internet tanto en las tarifas como en la calidad de estos servicios, fijar una política de responsabilidad de intermediarios, garantizar la neutralidad de la red, evitar la concentración, garantizar los derechos de las personas en relación a las telecomunicaciones, establecer pautas para el manejo de los datos personales de los usuarios, poner límites a las posibilidades de vulnerar la privacidad de las personas mediante el uso de tecnologías para la vigilancia de las comunicaciones, abordar el tema de los derechos de autor en Internet, el combate a los delitos informáticos, entre otros temas de actualidad.
En resumen, desde CAinfo valoramos fuertemente los avances registrados en el país en los últimos años en estos temas pero al mismo tiempo consideramos necesario que el país realice ajustes a su legislación que le permitan acompañar la permanente evolución de los estándares internacionales de protección de derechos.
Ago 7, 2014
Iniciar un proceso de consulta para reformar la ley de acceso, implementar cursos de capacitación y promover el uso del derecho de acceso a la información son algunos de los compromisos que asumió el Estado en el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014- 2016.
Los 40 compromisos y más de 90 metas sobre gobierno abierto que conforman el plan son producto de un proceso debate y participación entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia.
En las instancias de Mesas de Diálogo conformadas con este propósito, CAinfo y distintas organizaciones civiles que también integran la Red de Gobierno Abierto propusieron a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) compromisos concretos para fortalecer la capacidad de los ciudadanos para ejercer el derecho de Acceso a la información pública. Finalmente la UAIP tomó dos compromisos con 10 metas.
El organismo estatal se comprometió a generar un ámbito de discusión para proponer mejoras a la Ley de Acceso a la Información Pública (ley nº 18.381). Para lograr este objetivo convocará entre marzo y mayo del próximo año a su Consejo Consultivo “a fin de reflexionar y generar propuestas”.
Por otro lado apunta a “desarrollar y ejecutar un plan para la difusión y promoción del uso del Derecho de Acceso a la Información Pública por parte de distintos grupos sociales y de un mayor número de personas”.
La UAIP se comprometió a:
- Poner en marcha, para junio de 2015, el proyecto “Queremos Saber”, mediante el cual niños, niñas y adolescentes preguntan y piden información al Estado en línea
- Capacitar sobre derecho de acceso a la información pública a funcionarios estatales, académicos y activistas de la sociedad civil (diciembre de 2014).
- Crear para fines de este año un repositorio único con los datos en formato abierto de los correos de los referentes de Transparencia de los organismos del Estado.
Por último, el organismo se comprometió a implementar una herramienta informática que permita centralizar la gestión y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública.
La Unidad prevé comenzar a producir la versión final del sistema para diciembre de 2015. Actualmente la única herramienta similar es el portal Qué Sabes?, diseñado por DATA con el apoyo de CAinfo.
Jul 26, 2014
El próximo martes 29 del corriente se realizará un seminario con participantes del Estado y la sociedad civil sobre el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia medioambiental en América Latina y el Caribe.
El evento tendrá lugar en el anfiteatro Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colonia 1206 (Planta Baja), de 10 a 13 horas.
Los expositores en representación del Estado serán por parte de la Cancillería el Director General Adjunto para Asuntos Políticos Ricardo González Arenas y el Director de Medio Ambiente Martín Vidal; por parte del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el Director Nacional de Medio Ambiente Jorge Rucks y el asesor de DINAMA Marcelo Cousillas; y en nombre de la Unidad de Acceso a la Información Pública el presidente del Consejo Ejecutivo Gabriel Delpiazzo.
En representación de la sociedad civil expondrán el director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) Edison Lanza y el integrante de GAIA Derecho Ambiental Alberto Gómez. También participarán la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El taller tiene como objetivo informar e involucrar a actores gubernamentales y del público en general en el proceso regional, del que participa Uruguay a fin de lograr la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia medio ambiental.
Se dividirá en dos sesiones o paneles, el primero se focalizará en la iniciativa regional para la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre medio ambiente, abordándola desde el punto de vista de los diferentes actores e instituciones involucradas, que expresarán sus percepciones sobre el desarrollo y desafíos del proceso.
La segunda sesión tratará la situación nacional a la luz del proceso regional en el que participa Uruguay; mecanismos de aplicación de los derechos de acceso en materia de medio ambiente, avances alcanzados y proyecciones a futuro.
El principio 10
El Principio 10 de la Declaración de Río (“Principio 10”), fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En los preparativos y durante la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas hasta un convenio regional abierto a todos los países con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica.
A la fecha los países signatarios son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Vea el programa – Seminario Principio 10 y el proceso regional
