Amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública, las organizaciones solicitaron información ante el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Inmujeres-Mides) y el Poder Judicial -entre otros organismos- para conocer la real aplicación y evaluación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010. Se observa también la disponibilidad y sistematización de información recabada por cada organismo, paso fundamental para hacer una evaluación de la instrumentación del plan.

Las organizaciones pusieron el foco en los servicios especializados de atención a víctimas de violencia doméstica, que funcionan bajo la órbita de Inmujeres, para orientar, hacer el seguimiento y derivar a las víctimas. Los equipos técnicos están integrados por profesionales de abogacía, psicología, trabajo social, orientadores familiares o procuradores y un administrativo; en la capital hay el doble de técnicos y atienden en mayor horario. En 2010, 1.484 mujeres acudieron a estos espacios. El 72% dijo que diariamente sufría violencia psicológica, 44% de tipo patrimonial y 12% ambiental; 50% dijo padecer ocasionalmente violencia física, y 50% negó que alguna vez hubiera sufrido violencia sexual. La mayoría de las consultantes tenía entre 26 y 45 años, había cursado estudios de secundaria, pero más de la cuarta parte no tenía trabajo.

El informe da cuenta de los incrementos presupuestales (fondos propios y de cooperación internacional) que han recibido los servicios, también indica que no se ha llegado a la cobertura nacional, puesto que aún no están instalados en seis departamentos (Soriano, San José, Flores, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres). Tampoco se ha logrado la instalación de los servicios para la rehabilitación de varones agresores. Este aspecto es crucial, porque es la pata necesaria para que el plan de erradicación de la violencia funcione efectivamente. Por otra parte, 45% de los hombres que asesinaron a sus compañeras en el último año se suicidaron, según datos del MI.

Las organizaciones sugirieron al Mides mejorar el registro de información que hacen los servicios para beneficiar el relevamiento estadístico, analítico y evaluativo de la tarea que realizan. Recomendaron, también, “tender a una política de datos abiertos” en que estén a disposición “en crudo” para que la ciudadanía pueda hacer su propia lectura y para que el Estado no se sienta recargado para hacer esos análisis.

Por otra parte, se aconseja fortificar el programa de soluciones habitacionales a víctimas de violencia que comenzaron a implementar el Mides y el Ministerio de Vivienda.

Al Poder Judicial se le solicitó información que disponía sobre violencia doméstica y maltrato infantil. El documento indica las dificultades del organismo para recopilar y procesar la información, que muchas veces termina en expedientes hechos a mano cuyos datos son procesados tiempo después.

El registro de los cumplimientos e incumplimientos de medidas cautelares mereció una especial atención de red y Cainfo, puesto que es un punto clave en la ley de violencia doméstica a la hora de prevenir muertes (impiden que los agresores se acerquen a las víctimas). Sin embargo, desde el Poder Judicial se informó la imposibilidad de extraer conclusiones sobre ese punto.

El documento consigna: “La infraestructura judicial que existe para el abordaje de las situaciones de violencia doméstica y maltrato infantil sigue siendo insuficiente, especialmente en lo que atañe a la existencia de servicios especializados a nivel nacional”, que solamente había cuatro, ubicados todos en Montevideo (en 2011 se creó otro más en la capital y uno en Pando, Canelones). Se agrega que la situación es más compleja si se considera que tampoco existen Juzgados Letrados de Familia en todo el país, solamente hay en nueve departamentos. “Este panorama determinó que en el año 2010, el 40% del total de los casos de violencia doméstica judicializados recayera en las cuatro únicas sedes especializadas que existían en Montevideo a esa fecha”. Se afirma que la judicialización se ha incrementado en los últimos años, los procesos iniciados por violencia doméstica representan 9% del total de procesos judiciales en Montevideo y 7,75% en el interior del país, con una tendencia marcadamente ascendente desde 2004. En 2010 hubo 15.000 denuncias.

Sin embargo, el documento sostiene que “según los datos analizados existe un desfasaje cada vez más importante entre la cantidad de asuntos iniciados y la realización de audiencias. Este dato, junto con otros, como el hecho constatable del archivo de los expedientes cuando la víctima se presenta a 'retirar la denuncia' y el bajo número de pericias practicadas en relación al total de asuntos iniciados, dan cuenta de situaciones que debieran corregirse en lo inmediato a efectos de dar cabal cumplimiento a la ley”.

Por otra parte, se indica que la mayoría de las medidas impulsadas por el juez para proteger a las víctimas son las de prohibición de acercamiento, mientras que otras “relacionadas a las tenencias, pensiones alimenticias y visitas de los niños/as” representan sólo 2,9% de las decretadas en 2008 y 0,8% de las dictadas en 2009. Por eso se afirma que “en lo que refiere a fijar como medida de protección la pensión alimenticia de la víctima ésta es prácticamente inexistente dentro del elenco que manejan los jueces. Estos últimos datos permiten reflexionar respecto a de qué manera el Poder Judicial contribuye a fortalecer las posibilidades de salida del círculo de la violencia generando autonomía para las víctimas”.