CIDH, 20 de enero de 2012

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, instaron hoy a Estados Unidos a proteger enérgicamente la libertad de expresión en Internet. Los relatores especiales recordaron que las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos.

Los relatores especiales han observado atentamente los debates relativos a los dos proyectos de ley sobre piratería en Internet que están siendo tratados en el Congreso de Estados Unidos: la Ley contra la Piratería en Línea (Stop Online Piracy Act - SOPA) y la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PROTECT IP Act). Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión. Concretamente, algunas versiones de los proyectos de ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un procedimiento extrajudicial de "notificación y rescisión", al exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios, para identificar violaciones de los derechos de autor, y al permitir que la totalidad de un sitio web pueda verse afectada aun cuando solo una pequeña proporción de sus contenidos se consideren ilícitos. Los relatores especiales consideran positivo que en los últimos días algunos líderes del Congreso hubieren manifestado su intención de suspender el debate sobre la ley "SOPA" para profundizar el análisis y lograr un mayor consenso, mientras que el Gobierno del Presidente Obama anunció que "no apoyará leyes que reduzcan la libertad de expresión, aumenten los riesgos para la ciber-seguridad o frustren la capacidad dinámica e innovadora de la red global de Internet".

En junio de 2011, los relatores especiales de la ONU y la CIDH, de manera conjunta con sus colegas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. Esta Declaración Conjunta señala que si bien la libertad de expresión, incluso a través de Internet, no tiene carácter absoluto, deben formularse enfoques específicos para responder a contenidos ilícitos que, al mismo tiempo, reconozcan las características singulares de Internet y su capacidad de promover el goce de la libertad de expresión. La Declaración señala que no se debe exigir a los intermediarios controlar el contenido generado por usuarios y enfatiza la necesidad de protegerlos respecto de cualquier responsabilidad, siempre que no intervengan específicamente en los contenidos o cuando se nieguen a cumplir una orden judicial que exija su eliminación. La Declaración expresa, además, que la competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados donde tales causas presenten impactos directos y genuinos.

Portal 180, 15 de diciembre de 2011

Un Tribunal de Apelaciones revocó el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, a cargo de Pablo Eguren, que había denegado información solicitada a la DGI sobre recaudación por juegos de azar y casinos.

La solicitud de datos fue realizada por el periodista Pablo Alfano en el marco de una investigación periodística, pero la DGI negó el acceso amparándose en el secreto tributario.

El fallo que le da la razón al periodista -y al Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) que patrocinó el recurso- fue aprobado por unanimidad. Según un comunicado de Cainfo, el fallo del Tribunal de Apelaciones sienta jurisprudencia: parece claro que se trata de información de carácter público, que se encuentra en poder de la demandada, y no se advierte que informar sobre montos totales de recaudación por los conceptos aludidos lesione normativa alguna o pueda vulnerar derechos de terceros, secreto tributario o requerir especial producción, como para que la denegatoria de información encarte en alguna de las excepciones legales.

El Tribunal de Apelaciones de 5º turno revocó un fallo del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 3er. turno, a cargo de Pablo Eguren, que había denegado información solicitada a la Dirección General de Impositiva sobre la recaudación por concepto de juegos de azar y casinos. La solicitud de esos datos fue realizada por el periodista Pablo Alfano en el marco de una investigación periodística, pero la DGI negó el acceso a esa información amparándose en el secreto tributario.

Frente a la negativa, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) decidió patrocinar el caso y presentó una acción de acceso a la información ante el juez competente, quién en primera instancia falló a favor de la DGI. Desde el comienzo del juicio CAinfo alegó que la información estadística sobre lo recaudado por la DGI en cualquier rubro forma parte del principio de máxima transparencia que estable la Ley de Acceso a la Información Pública y que informar sobre estos aspectos no violenta la intimidad de ningún contribuyente. La sentencia de primera instancia fue apelada, gracias a lo cual se pronunció una sentencia de segunda instancia a favor de la transparencia en materia tributaria.

El fundado fallo fue aprobado por unanimidad y redactado por el magistrado Luis Simón. Esta sentencia sienta jurisprudencia sobre varios puntos relacionados con la publicidad y el acceso a la información pública, entre los cuales destacamos:

09 de diciembre de 2011

Adjuntamos la resolución del gobierno con fecha 22 de noviembre de 2011 por la que se crea un grupo de trabajo que debera presentar un plan de acción en marzo de 2012 ante el compromiso asumido por Uruguay ante la Asamblea de Naciones Unidas, reunida en NY el 20 de setiembre de 2011.

El objetivo de la iniciativa de Gobierno Abierto, de la que participa Uruguay, es obtener compromisos de los gobiernos para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad

Ver resolución