En los últimos días desde cuentas en redes sociales de primeras figuras del oficialismo, han proliferado comentarios tendientes a deslegitimar la labor informativa de periodistas. En especial, respecto de las coberturas que son consideradas críticas hacia el accionar del gobierno.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos acusó la semana pasada (por segunda vez) al semanario Búsqueda de practicar un “periodismo sicario” al responder a una publicación que lo vincula a él y a su familia a un campo del Instituto Nacional de Colonización.
A su vez, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, descalificó al periodista del diario El País, Tomer Urwicz, quien realizó una publicación en Twitter sobre la actividad de la legisladora en las redes sociales. Primero lo entrecomilló como periodista y siguió arrobándolo en posteos sucesivos, intentando cuestionar su trabajo periodístico.
Bianchi también acometió contra la periodista Georgina Mayo atacándola con varios calificativos por diferentes coberturas periodísticas o publicaciones en redes sociales.
A lo largo de 2021, la senadora oficialista ya había realizado posteos contra periodistas como Ana Laura Pérez, Paula Barquet, Denisse Legrand, Cristina Richeri, Guillermo Garat, Darío Klein y Fabián Cardozo. Además, en varias ocasiones sostuvo que cuenta con el apoyo del presidente de la República en sus dichos y acciones.
Cainfo alerta sobre el efecto amedrentador y de silenciamiento que tienen estos discursos agraviantes desde primeras figuras públicas, no solo a las personas directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Esto resulta particularmente grave en un contexto electoral, donde los agravios más recientes se asocian a la cobertura periodística de la campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Estas acciones no solo vulneran la libertad de expresión de periodistas sino que atentan contra el derecho de la población a buscar, recibir y difundir todo tipo de información, propiciando un debate democrático y robusto, como señalan convenios internacionales a los que el Uruguay adhirió.
Este ambiente de hostigamiento, que Cainfo ya denunció en 2021 y se ha mantenido, se produce a pocos días de que el país se convierta en sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que organiza Unesco entre el 2 y el 5 de mayo en Punta del Este. Este foro internacional de primer nivel pondrá a Uruguay en el foco de la comunidad global de libertad de expresión, en momentos en que el periodismo enfrenta a nivel mundial diversas amenazas, muchas veces provenientes de los gobiernos y agentes estatales.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país volvió a la discusión pública en las últimas semanas luego de la cobertura periodística de la violación grupal que sufrió una mujer en Montevideo.
La forma en que se publicó la noticia en distintos medios de comunicación, el desconocimiento de principios éticos de la profesión periodística -y la presunta vulneración del artículo 92 de la ley de violencia de género N° 19.580- al difundir audios sin la autorización de la víctima, así como las consecuencias judiciales de dichas prácticas, tuvieron una amplia repercusión a nivel social.
Por ese motivo, Cainfo considera pertinente y necesario realizar algunas consideraciones, de forma de enriquecer una discusión sobre el cumplimiento de las garantías del derecho a la libertad de expresión y la mejora de las prácticas periodísticas.
La medida solicitada por la fiscal Mariana Alfaro, y aceptada por la jueza Patricia Rodríguez, de acceder a los dispositivos móviles y equipamiento informático de los integrantes del programa radial La Pecera de Azul FM, afecta la libertad de expresión del periodista y su equipo, y establece un peligroso antecedente para el ejercicio de la profesión periodística que puede generar un efecto inhibitorio en todo el colectivo a nivel nacional.
Si bien el derecho a la libertad de información no es absoluto, y la medida se dispuso en el marco de una indagatoria penal, la medida resulta desproporcionada porque sus efectos exceden el caso concreto e implica un riesgo para las fuentes informativas, cuya identidad puede revelarse a terceros mediante el acceso de los equipos informáticos de los periodistas. Este episodio puede, además, inhibir a cualquier potencial fuente que en el futuro esté en condiciones de aportar información en casos de interés público, ante el riesgo de que su identidad sea revelada. Esto empobrece el debate democrático y afecta el derecho a la información pública de toda la población.
Reserva de las fuentes
Uruguay ha adherido a normativa internacional que garantiza la libertad de expresión de periodistas, la reserva de sus fuentes de información y la independencia en el ejercicio profesional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos considera que la libertad de expresión es “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
En este sentido, es oportuno recordar que el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, y la posterior interpretación de dicho principio consagra “el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales”.
“Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación. Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional”, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese mismo documento.
Por el alcance de estas garantías, que además están amparadas por legislación a nivel nacional, Cainfo considera que la medida judicial dispuesta en este caso implica una nueva afectación del ejercicio de la libertad de expresión periodística en el país, que se suma a retrocesos normativos y de aplicación legal que la organización ha venido señalando en reiteradas alertas e informes de monitoreo en el pasado reciente.
No obstante, resultan oportunas y saludables las manifestaciones del Fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, quien descartó la intención de “vulnerar fuentes, derechos consagrados internacionalmente y también legalmente en nuestro país” para el periodismo.
La ética periodística
En el caso concreto de la cobertura periodística que dio origen a la solicitud judicial, a juicio de Cainfo se incurrió en una práctica que vulnera principios éticos de la profesión contenidos en manuales, guías y códigos a nivel internacional, incluso en el que la organización contribuyó a redactar en 2013 y fue adoptado en ese año por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
Por ejemplo, el código de ética señala en su artículo 16 que “Los periodistas deben respetar la privacidad de las personas. El derecho a la información de los ciudadanos prevalecerá sólo cuando se viera afectado un bien de la comunidad o el interés público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona involucrada de manera directa en el asunto que es objeto de la cobertura”.
El artículo 21 establece que “Los periodistas cuidarán especialmente el uso de la imagen en las coberturas de hechos violentos, a fin de no abundar en detalles escabrosos como la exposición de caras y cuerpos con claros signos de violencia ni criminalizar a las personas involucradas cuando se utilizan recursos de ocultación”.
El artículo 22 señala que “los periodistas deben ser respetuosos del dolor ajeno, evitando testimonios que re victimicen a las personas en situación de vulnerabilidad. Tampoco deben obtener de modo inconsulto imágenes o audio de las personas involucradas en hechos violentos”. En este caso además, los audios obtenidos fueron difundidos junto con consideraciones y comentarios que afectaban especialmente a la víctima.
En materia de género y discriminación, el artículo 34 del código sugiere que “Las coberturas periodísticas deben ser equilibradas en el tratamiento de género, utilizando lenguaje neutro y no sexista que evite estereotipos y contemple la diversidad. Esto debe regir tanto para la cobertura de información como en la producción y presentación de las noticias”.
Más adelante, el artículo 36 complementa que “Los periodistas identificarán la violencia de género con exactitud, utilizarán lenguaje preciso y no estereotipado, de acuerdo a la definición internacional incluida en la Declaración de las Naciones Unidas de 1993”.
En consideración de todos estos hechos, Cainfo expresa su preocupación por una medida judicial que, por el solo hecho de haber sido ordenada y aunque no haya tenido un pleno cumplimiento, afecta la libertad de expresión y sienta un antecedente negativo que puede afectar el ejercicio de la profesión periodística. Por esa razón, considera que este episodio debe tomarse como una oportunidad para profundizar el compromiso del Estado en las garantías para una prensa libre e independiente, y en las prácticas periodísticas ajustadas a los principios éticos que guían esta profesión.
Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestrapreocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso.
Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.
Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:
Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.
Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.
Access Now
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de la Prensa Uruguaya
Asociación TEDIC (Paraguay)
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
CAInfo (Uruguay)
Cieenpre Juntos (Uruguay)
Cotidiano Mujer (Uruguay)
Creative Commons Uruguay
Data Uruguay
Datysoc (Uruguay)
El Abrojo (Uruguay)
Fundación Karisma (Colombia)
Fundación Vía Libre (Argentina)
Hermandad Pro Derechos Uruguay
IFEX-ALC
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Este jueves se presentaron en Montevideo los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”. Ese documento fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 por los gobiernos de las Américas, como forma de generar una serie de medidas a nivel regional contra la corrupción.
El trabajo fue realizado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), integrado en Uruguay por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ColectivaMujeres, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción – Uruguay Transparente (UT).
El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
Los hallazgos recogidos en el informe sobre Uruguay destacan positivamente las políticas de gobierno abierto, orientadas a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones del Estado. Asimismo, se registran avances en las políticas de fortalecimiento de la ciudadanía digital, como normativas y políticas públicas que han favorecido el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay.
Sin embargo, continúa pendiente el avance efectivo en normativa y políticas que garanticen la transparencia del funcionamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas de actores privados que manejan fondos públicos y el logro de mayor transparencia de las compras públicas, entre otras medidas.
Algunos de los compromisos analizados registran rezagos y estancamientos en el desarrollo e implementación de normativa que materialice lo comprometido en Lima. Niveles de desarrollo disímiles de políticas limitan la eficacia de las acciones. y las diferencias entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción ponen en riesgo su eficiencia y sostenibilidad. La limitada independencia de los órganos de contralor es un elemento revelador.
Para tener acceso al informe completo hacé click acá.
Los días 13, 14 y 16 de noviembre se desarrollará una actividad con el propósito de capacitar periodistas de todo el país para la identificación y el monitoreo de episodios que amenacen el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El encuentro se realiza en línea con la metodología que lleva adelante Cainfo en el marco del proyecto regional Voces del Sur. Esta instancia de formación profesional cuenta con el apoyo del Programa Internacional Para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Durante la capacitación se realizarán encuentros con expertos en seguridad para periodistas, monitoreo de amenazas a la libertad de expresión, identificación de casos, estándares interamericanos de libertad de expresión, acceso a la información pública y perspectiva de género.
Al final del evento se discutirá cómo aprovechar los conocimientos adquiridos y el intercambio realizado para consolidar una red de periodistas que asegure el alcance del monitoreo en todo el territorio nacional, en línea con las mejores prácticas que se desarrollan a nivel regional.
La actividad se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de noviembre de forma presencial en Montevideo y el martes 16 de noviembre por plataforma zoom.
La capacitación está destinada a periodistas en ejercicio en medios de comunicación de todo el país. Se financiará el traslado y la estadía para aquellas personas que residan fuera de la Zona Metropolitana y se comprometan a asistir a todas las actividades programadas.
Los cupos son limitados. Quienes quieran participar de esta instancia deberán completar el formulario de postulación. Para la selección se tendrá en cuenta la representación territorial, de género y ascendencia étnico racial.
El período de postulación estará abierto hasta el 9 de noviembre. Las personas seleccionadas recibirán una notificación el 10 de noviembre.
El monitoreo de los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes del año 2030 y constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.
Entre ellos el objetivo 16 se propone «Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas», mediante el alcance de 10 Metas. Entre ellas se encuentran la Meta 10.1 relativa a «Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales». A su vez, esta meta se divide en dos mediciones: 1. Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, y 2. Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.
Desde 2015 Cainfo realiza en Uruguay una labor de monitoreo de la libertad de expresión de periodistas, publicando alertas y elaborando un informe anual que se publica cada 3 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Expresión y de Prensa.
Desde 2019 Cainfo también forma parte del proyecto Voces del Sur, una red de 13 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que se dedica al monitoreo del cumplimiento del ODS 16.10.1, indicador que registra el número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios de comunicación asociados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Ese trabajo conjunto se refleja, a su vez, en un Informe Sombra que Voces del Sur publica desde hace tres años, y que sirve como insumo para el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), la principal instancia de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
A partir de 2021, Voces del Sur también realiza el monitoreo a nivel regional del indicador 16.10.2 de los ODS que refiere al número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.
Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
