Cainfo y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información invitan a periodistas a participar de un ciclo de talleres sobre el uso del derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 13: salud, con perspectiva de género; y acción por el clima. La iniciativa forma parte del proyecto de Fortalecimiento de los ODS. Los talleres serán dictados por expertos internacionales de cuatro países de América Latina. El proyecto está impulsado por la UNESCO y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y contará con 24 periodistas de El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cainfo seleccionará a seis periodistas de Uruguay que recibirán formación gratuita durante cinco semanas de la mano de especialistas en cada ODS y en el derecho de AIP. Además tendrán la posibilidad de conocer las realidades regionales y generar posibles trabajos en conjunto. Cada semana las y los participantes deberán ver una clase asincrónica grabada por expertos internacionales, y conectarse a una sesión en vivo de 1.5 hs vía Zoom donde podrán poner en práctica los contenidos, compartir con colegas de otros países y desarrollar una propuesta sólida de investigación que incluya el monitoreo del ODS seleccionado, a partir del ejercicio del derecho de AIP. La sesión inaugural del taller será el lunes 9 de mayo a las 19 horas (URU). Los cuatro encuentros restantes serán los días martes, hasta el 07 de junio, en el mismo horario. Adicionalmente, las personas seleccionadas podrán participar en un encuentro final con personalidades del ámbito internacional en la defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y periodismo. Se otorgará certificado de participación al asistir al menos al 80% de las sesiones, completar la asignación final y responder los cuestionarios de cada clase.
Período de postulación
El plazo para presentar postulaciones culminará el 30 de abril de 2022. El anuncio de las personas seleccionadas será el 2 de mayo, en todos los países participantes.
Requisitos
Breve Currículum Vitae
Breve carta en la cual exponga su interés en realizar investigaciones sobre los temas: Salud y bienestar con enfoque de género (ODS 3), o Acción por el clima (ODS 13) Presentación de postulaciones: vía electrónica al correo info@cainfo.org.uy con el asunto: “Postulación talleres seguimiento ODS”
En los últimos días desde cuentas en redes sociales de primeras figuras del oficialismo, han proliferado comentarios tendientes a deslegitimar la labor informativa de periodistas. En especial, respecto de las coberturas que son consideradas críticas hacia el accionar del gobierno.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos acusó la semana pasada (por segunda vez) al semanario Búsqueda de practicar un “periodismo sicario” al responder a una publicación que lo vincula a él y a su familia a un campo del Instituto Nacional de Colonización.
A su vez, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, descalificó al periodista del diario El País, Tomer Urwicz, quien realizó una publicación en Twitter sobre la actividad de la legisladora en las redes sociales. Primero lo entrecomilló como periodista y siguió arrobándolo en posteos sucesivos, intentando cuestionar su trabajo periodístico.
Bianchi también acometió contra la periodista Georgina Mayo atacándola con varios calificativos por diferentes coberturas periodísticas o publicaciones en redes sociales.
A lo largo de 2021, la senadora oficialista ya había realizado posteos contra periodistas como Ana Laura Pérez, Paula Barquet, Denisse Legrand, Cristina Richeri, Guillermo Garat, Darío Klein y Fabián Cardozo. Además, en varias ocasiones sostuvo que cuenta con el apoyo del presidente de la República en sus dichos y acciones.
Cainfo alerta sobre el efecto amedrentador y de silenciamiento que tienen estos discursos agraviantes desde primeras figuras públicas, no solo a las personas directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Esto resulta particularmente grave en un contexto electoral, donde los agravios más recientes se asocian a la cobertura periodística de la campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Estas acciones no solo vulneran la libertad de expresión de periodistas sino que atentan contra el derecho de la población a buscar, recibir y difundir todo tipo de información, propiciando un debate democrático y robusto, como señalan convenios internacionales a los que el Uruguay adhirió.
Este ambiente de hostigamiento, que Cainfo ya denunció en 2021 y se ha mantenido, se produce a pocos días de que el país se convierta en sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que organiza Unesco entre el 2 y el 5 de mayo en Punta del Este. Este foro internacional de primer nivel pondrá a Uruguay en el foco de la comunidad global de libertad de expresión, en momentos en que el periodismo enfrenta a nivel mundial diversas amenazas, muchas veces provenientes de los gobiernos y agentes estatales.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) destaca el anuncio realizado el pasado miércoles 8 por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien comprometió la voluntad oficial de modificar el artículo 35 del proyecto de Rendición de Cuentas, que en su actual redacción introduce obstáculos al acceso a la información pública.
Dicha redacción ha sido cuestionada por la Red de Gobierno Abierto (RGA), un conjunto de 16 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de transparencia y rendición de cuentas, así como por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano garante del cumplimiento de la Ley N° 18.381, y por representantes regionales de Naciones Unidas.
Ante un planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que analiza el proyecto, Delgado aseguró que no es intención del gobierno “generar opacidad” y consideró que es necesario “mejorar la redacción” del artículo mencionado.
“Lo que le vamos a proponer es aplazar la consideración de este artículo para mejorar la redacción. Nosotros estamos trabajando en una propuesta alternativa que lo mejora, siempre sobre la base de la intención original y permanente, que es asegurar transparencia”, expresó Delgado.
En el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al parlamento, el gobierno propuso incluir en el artículo 5 de la Ley N°18.381 (que regula el alcance de la información de transparencia activa que deben publicar los sujetos obligados) un párrafo que impone nuevas limitaciones al derecho.
“La información detallada en el presente artículo sólo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública establecida en los artículos 13 y siguientes de esta ley, en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales o no estatales obligados en este artículo. La información solicitada que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año sólo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión”, dice la propuesta, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes.
Mediante un pronunciamiento realizado el día 8 de julio, la RGA había considerado “perjudicial e innecesario” el texto incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas e invitó a las autoridades a propiciar un diálogo para discutir el tema.
“A cambio de esta modificación que debilita el acceso y no cumple el cometido que se propone, invitamos a las autoridades a recorrer el camino del diálogo para mejorar la Ley 18.381 y generar soluciones reales a los desafíos que pueda presentar”, expresó la coalición de organizaciones.
Por su parte, la UAIP se pronunció el 9 de julio y calificó como “regresivo e innecesario” el cambio normativo planteado por el gobierno. “Esta propuesta de cambio nos tomó por sorpresa, ya que en ningún momento fuimos noticiados ni consultados sobre la misma. Tomamos conocimiento de ella una vez publicado el proyecto de ley presentado ante el Parlamento”, manifestó la unidad en una nota firmada por su presidente, Gabriel Delpiazzo.
“Por lo tanto, adoptaremos las medidas que estén a nuestro alcance para procurar que nuestra opinión como órgano especializado en la materia sea escuchada, participar en la discusión de la modificación proyectada y, en definitiva, incidir positivamente para que la misma no resulte aprobada”, añadió en una nota dirigida al Consejo Consultivo de Acceso a la Información Pública.
El texto propuesto por el gobierno también fue cuestionado por representantes en la región de Naciones Unidas, que enviaron una carta al Senado en la que plantean que la modificación “podría resultar problemática desde la perspectiva de los estándares internacionales en derechos humanos”.
Según publicó La Diaria, el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y la directora de la Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe, Lidia Brito, insisten en que la propuesta es “regresiva”, entre otras cosas porque “Al incluir nuevos requisitos para que la acción de acceso a la información pública sea procedente, la modificación propuesta por el proyecto estaría limitando el derecho”, afectando especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Se trata del número más alto de casos desde que existe el estudio, luego de los 26 registrados en el sexto informe. La mayoría de los episodios (30) tienen que ver con la restricción del acceso a la información.
La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno.
El reporte abarca entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” de CAinfo, que impulsa la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.
El trabajo realizado este último año muestra la existencia de, al menos, 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay en seis de los 12 indicadores analizados: agresiones y ataques, discurso estigmatizante, restricción al acceso a la información, procesos civiles y/o penales, uso abusivo del poder estatal y marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.
La restricción al acceso a la información fue la categoría que reunió más casos y entre ellos 29 correspondientes a pedidos de acceso rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial. Esto también confirma un deterioro en el cumplimiento de este derecho que ya se venía registrando en informes anteriores, pero que tiene una confirmación cuantitativa en el año 2020.
Además de los pedidos de acceso que no fueron respondidos también se registró un retroceso normativo, que se refleja en algunas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración aprobada con los votos de la coalición de gobierno, según consignó CAinfo en su informe ante el parlamento en mayo de 2020.
La categoría Agresiones y ataques tuvo 8 episodios y le siguen el Marco jurídico contrario a estándares con 4, los procesos judiciales con 3, el uso abusivo del poder estatal con 2 y el Discurso estigmatizante con 2.
De las personas que sufrieron las amenazas, en 4 casos se afectó a periodistas mujeres (en dos casos los ataques tuvieron claros componentes de violencia de género), en 30 a varones y en 15 ocasiones el episodio tuvo impacto en equipos periodísticos o medios de comunicación. Los responsables de las amenazas fueron organismos o funcionarios del Estado en 39 ocasiones, en 6 fueron personas no estatales y en 5 no se identificó a los responsables.
CAinfo ve particularmente preocupante el aumento de casos de rechazo de solicitudes de acceso a la información pública amparándose en cláusulas de confidencialidad, como ocurrió en los casos de los contratos para la compra de vacunas contra la Covid-19, el proceso de litigio internacional contra el Estado uruguayo por parte de la minera Aratirí, y otros casos puntuales como el acuerdo con la empresa PepsiCo y el caso del sumario al exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma.
También se constató una tendencia de los organismos públicos, tanto a nivel nacional como departamental, a restringir el acceso a la información vinculada a la pandemia de Covid-19, en una línea contraria a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana (CIDH). En este sentido, a CAinfo le resulta alarmante el criterio aplicado por algunas direcciones departamentales de salud que se niegan a informar sobre los casos de Covid-19 por localidad, con el argumento de no “estigmatizar” a la población, mientras hay otras que lo hacen en tiempo y forma.
El problema motivó a CAinfo y un grupo de organizaciones preocupadas por la situación a emitir una declaración en defensa de la transparencia de la información sobre la pandemia, a fin de exhortar a las autoridades nacionales y departamentales a cumplir con su obligación de garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental en tiempo de crisis sanitaria.
Descargá el Séptimo Informe de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión en este enlace.
En todo el mundo, viejos y nuevos desafíos sobre temas centrales para la agenda de la promoción y la protección de la libertad de expresión están sobre la mesa de tomadores de decisión y actores involucrados con el desarrollo de los medios.
Con el reto de contribuir con esta discusión la UNESCO lanzó recientemente el informe global “Tendencias mundiales de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios”.
Para Irina Bokova, Directora General de la UNESCO “es necesario actuar sobre el campo –fortalecer los marcos legislativos nacionales, capacitar a los periodistas, construir capacidades y avanzar en la alfabetización en medios e información”.
En América Latina y el Caribe, la evolución de la libertad de medios ha sido heterogénea. El pluralismo se ha visto limitado por la hegemonía del sector comercial con elevadas tasas de concentración de la propiedad. Si bien ha habido avances en el fortalecimiento de medios públicos y la reglamentación de los medios comunitarios aún se registran severas brechas y dificultades. Persiste la ausencia de reguladores independientes al respecto, en un contexto que exige renovación y actualización de marcos regulatorios. No obstante, hay que subrayar que la región ha avanzado mucho en la aprobación de nuevas leyes de acceso a la información y la ampliación de la conectividad a la internet.
Otro aspecto saliente es la tendencia a la inseguridad creciente para los periodistas. La violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción en algunos países está creando un ambiente particularmente riesgoso para ellos.
Tal es el panorama que presenta en detalle, analiza e invita a debatir el nuevo capítulo regional “Tendencias mundiales de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios: Situación en América Latina y el Caribe” que la UNESCO lanzaró con motivo del XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación (ALAIC).
Eduardo Bertoni, experto del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (Argentina) considera que este informe “llega a América Latina, en un momento crucial para la Región”.
Por su parte, Ricardo Corredor, Director Ejecutivo de la Fundación Gabriel García Marquez (Colombia) para el nuevo periodismo iberoamericano expresa que el trabajo “presenta un diagnóstico que ofrece muchas luces, así como ideas y propuestas muy importantes para al debate que tendrá América Latina sobre hacia dónde irá la Región después de 2015”.
Fiel a su mandato de promover la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen y de mantener, aumentar y difundir el saber, la UNESCO participará en el XXII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación que reunirá a cientos de investigadores para exponer y compartir sus resultados sobre la situación y avances en estos temas. Durante este evento el Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO para el MERCOSUR, Sr. Guilherme Canela, presentará el mencionado capítulo regional de América Latina y el Caribe.
Influenciada por una perspectiva de igualdad de género, la publicación cubre profundamente los temas de libertad, pluralismo, independencia de medios y expresión, así como la seguridad de los periodistas.
