Feb 27, 2014
RSF, 26 de febrero de 2014
Las protestas en Venezuela han dado un giro violento y los periodistas que las cubren se encuentran en la primera línea. A través de actos de violencia y de brutal represión, las fuerzas del orden y algunos grupúsculos paramilitares autoproclamados se han convertidos en obstáculos al trabajo de los periodistas. La polarización entre medios de comunicación progubernamentales y de oposición se encuentra en un momento de paroxismo, fruto de una tensión generada desde las elecciones de marzo de 2013. En esa ocasión Reporteros sin Fronteras pidió a los candidatos a la presidencia que se comprometieran a favor del pluralismo y solicitó protección para los actores de la información.
Frente a la crítica situación de la libertad de información y de inseguridad de los periodistas, Reporteros sin Fronteras envía una carta abierta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
París, 26 de febrero de 2014
Señor Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Señor Presidente:
En nombre de Reporteros sin fronteras, deseo informarle de mi fuerte inquietud frente al empeoramiento de la situación de la libertad de información de Venezuela. Nuestra organización internacional que defende la libertad protegida por el arículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no promueve de ninguna manera cualquier interés diplomatico o privado, está particularmente preocupada por las dificultades que enfrentan los periodistas al cubrir las manifestaciones que tienen lugar en su país desde inicios del mes de febrero de 2014, así como por el refuerzo de la censura en respuesta al movimiento de protesta.
Hasta el día de hoy la organización ha registrado más de 70 incidentes de ataque o agresión a los actores de la información: al menos 60 agresiones físicas o verbales y 13 detenciones, en la mayoría de las cuales se ha robado o destruido el material de los periodistas; hechos a los que se suma el ataque a las oficinas de la cadena nacional Venezolana de Televisión (VTV). Los periodistas han sido agredidos tanto por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, como por algunos manifestantes y grupúsculos paramilitares que aprovechan el movimiento de protesta para sembrar el terror. En este ambiente, marcado por una fuerte tensión, esta cifra podría aumentar si no se ponen en marcha rápidamente dispositivos de protección de los actores de la información. Reporteros sin Fronteras recuerda que en virtud de la Resolución 19/35 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de abril 2012, las manifestaciones contribuyen a la “promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. El papel de los periodistas en los movimientos de protesta es esencial en una democracia abierta, a fin de informar a la población y de mostrar la reacción de las fuerzas del orden.
Por otra parte, las declaraciones de algunos miembros de su gobierno han empeorado la situación. Respecto a las denuncias formuladas públicamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por el Colegio Nacional de Periodistas, la Ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, señaló el 23 de febrero pasado en una entrevista concedida al canal Globovisión: «Ellos hablan de agresiones a unos periodistas, los cuales nosotros nunca hemos tenido conocimiento, la Fiscalía tampoco tiene conocimiento». Puedo asegurarle que los casos documentados por Reporteros sin Fronteras y otras ONG como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) e incluso Human Rights Watch no tienen nada imaginario. Representantes de Espacio Público acompañaron al fotoreportero Gabriel Osorio a hacer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Reporteros sin Fronteras le solicita urgentemente la creación una comisión parlamentaria que investigue las numerosas exacciones cometidas contra los profesionales de la información desde inicios de febrero de 2014, para que estas agresiones no permanezcan impunes.
Frente a la magnitud de las protestas usted optó por la censura. Ésta no puede constituir una respuesta adecuada. El 11 de febrero pasado el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) advirtió a los periodistas en un comunicado que la cobertura mediática de los hechos de violencia podría ser sancionada. Al día siguiente el canal de noticias colombiano NTN24 sufrió una censura directa. Más tarde, la censura se extendió a las redes sociales: se bloqueó el acceso a las fotografías alojadas en Twitter durante aproximadamente 48 horas. El 20 de febrero usted anunció su intención de impedir la difusión del canal estadounidense CNN en territorio venezolano, proceso que ya estaría en marcha, puesto que el gobierno de Venezuela revocó los permisos de trabajo de cuatro corresponsales de la cadena estadounidense que laboraban en el país.
La expulsión y la censura de cadenas internacionales significan la muerte del pluralismo audiovisual, dado que la mayoría de los canales nacionales y locales se encuentran bajo el control del gobierno. La prensa escrita, último atisbo de independencia, se ve obligada a reducir su número de ejemplares e, incluso, a suspender su tiraje debido a la carencia de papel. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios de Comunicación Electrónicos (Resortemec) permite controlar los contenidos e imponer sanciones –a través de la Conatel– a los medios de comunicación que no se alineen.
Una de las principales reivindicaciones de los manifestantes es que el Estado cese de controlar la difusión de la información. Le pedimos que tome muy en cuenta esta petición que sus conciudadanos le hacen.
Es cierto, la información circula hoy en día bajo una forma peligrosamente polarizada, pero sólo a través del diálogo será posible una difusión de información sin roces. Tomamos en cuenta sus denuncias respecto a la manipulación que se ha hecho de ciertas imágenes de las manifestaciones, pero llamamos su atención respecto al carácter antidemocrático de la censura de la información que circula en su país que usted lleva a cabo.
Lo instamos a que considere el pluralismo como un factor determinante del acceso a una información completa y globalmente objetiva. La guerra que lleva a cabo contra lo que usted llama “terrorismo mediático”, encaminada a proteger a la población de una supuesta incitación a la violencia, es en sí misma un factor determinante de esta polarización.
Agradeciendo su atención a esta solicitud, le envío señor Presidente mis saludos más cordiales.
Atentamente
Christophe Deloire Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Ene 17, 2014
RSF Américas, 16 de enero de 2014
El 13 de enero de 2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública. Esta legislación, imprecisa, discrecional y votada apresuradamente, constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países más peligrosos del continente para los actores de la información. Reporteros sin Fronteras espera que se presente un recurso por anticonstitucionalidad que invalide una ley que convierte a la información pública en un verdadero coto privado.
“La nueva ley le quita pura y simplemente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la prerrogativa que constituye su razón de ser: la de determinar y justificar la clasificación de ciertos datos de interés público. Ahora esta competencia se adjudica discrecionalmente al gobierno del Estado (a los funcionarios responsables de las entidades), que podrá así imponer el secreto sin tener que rendir cuentas”, explica Reporteros sin Fronteras.
“No podemos sino hacer eco de las objeciones a esta ley expresadas por la presidenta de la IAIP, Doris Ismelda Madrid. ¿De qué margen de acción dispondrán ahora los ciudadanos para cuestionar el funcionamiento y las decisiones de los poderes públicos? ¿En nombre de qué imperativo preciso se declarará una información ‘reservada’ según los términos de la nueva ley? Las condiciones mismas de aprobación de esta legislación plantean la cuestión. La iniciativa parlamentaria, peligrosa por su contenido, contraria a las jurisprudencias internacionales, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es políticamente desastrosa y tiene lugar apenas dos meses después de los controvertidos resultados preliminares de las últimas elecciones”, agregó la organización.
Presentada en el Congreso por el diputado del Partido Nacional (derecha conservadora), Rodolfo Zelaya, y adoptada rápidamente casi sin debate, la legislación dispone: “Reservado, es toda aquella información, documentación, o material, referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados, si estuviera públicamente disponible, en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta clasificación es facultad propia del titular de cada ente del Estado”.
La información clasificada como “reservada” no podrá publicarse durante un periodo de cinco años. Esta definición la decidirán unilateralmente los jefes de instituciones centralizadas o descentralizadas, quienes también tendrán la facultad de declarar la información “confidencial” –que no podrá hacerse pública durante diez años– en caso de que consideren que pueda “originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad y la defensa del orden público”.
Existe una tercera categoría: la de información “secreta”. Es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad quien podrá declararla de esta manera, e impedirá su publicación por un periodo de quince años, en caso de que considere que hay “amenaza directa contra el orden constitucional”. Finalmente, existe la clasificación de “ultrasecreta”. Corresponde al presidente de la República decretarlo sobre la información “que al ser de uso público cause peligro contra la seguridad, defensa nacional, soberanía e integridad territorial”. Esta información no podrá divulgarse durante 25 años.
Honduras se encuentra entre los países más mortíferos del continente para los periodistas. En una década han sido asesinados 38; dos tercios de ellos perdieron la vida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Dic 13, 2013
RSF Américas, 12 de diciembre de 2013.
Reporteros sin Fronteras celebra que la Cámara de Representantes haya aprobado –con 50 votos a favor y 35 en contra– la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) el 10 de diciembre de 2013. La organización reafirma su apoyo a esta ley, que considera un modelo para la región.
“La LSCA ofrece garantías importantes en lo que se refiere a la desconcentración del espacio de difusión y a una distribución más equitativa de las frecuencias, sin que se pretenda controlar los contenidos o ejercer presiones en la línea editorial de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios. Este marco general será debatido por el Senado en marzo de 2014, según se tiene previsto”, señaló Reporteros sin Fronteras.
Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Human Rights Watch realizaron una visita conjunta a Montevideo a inicios de octubre pasado (foto exterior) en la que sugirieron algunas modificaciones al documento inicial de la ley. La mayoría de estas propuestas se incluyeron en la versión de la ley aprobada por los diputados el 10 de diciembre.
Una de las principales modificaciones tiene que ver con la prohibición a los medios de comunicación de difundir contenidos de carácter racista, discriminatorio o que inciten al odio. En nombre de la libertad de informar, este punto se aclaró con una nueva formulación que especifica la prohibición de contenidos que “hagan apología” o “inciten explícitamente” a la violencia contra un grupo de individuos o de la población debido a su origen, género, orientación sexual, edad, etc. “En ningún caso estas pautas deben interpretarse como una imposibilidad de informar, analizar y discutir, en particular durante programas educativos, informativos y periodísticos, sobre situaciones de violencia, sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana u otros abordajes sobre la realidad uruguaya”, precisa la ley ahora.
Siguiendo la misma lógica, se revisaron las cláusulas relativas a la protección de los derechos de los niños y la difusión de ciertos contenidos violentos, para que éstas no perjudiquen la información considerada de interés general. En este caso, se hará una advertencia previa al público. No obstante, los diputados no aprobaron que se pusiera un límite de ocho horas anuales a los mensajes difundidos en cadena nacional (cadenas), propuesto por ONG y aceptado en octubre pasado por la Presidencia de la República. Finalmente, en lo que concierne al maná de la publicidad oficial asignada a los medios de comunicación, que asciende a unos 85 millones de dólares al año, los representantes se pronunciaron por un proyecto de ley paralelo. Sin anticipar juicios sobre el método, Reporteros sin Fronteras desea que se vote una verdadera regulación sobre este punto crucial.
Consejo en suspenso
¿Quién velará por la buena aplicación de la LSCA? La ley estipula la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), una autoridad independiente. Pero de momento esto no será posible, pues la Constitución uruguaya prohíbe crear nuevos cargos públicos un año antes de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y la primera vuelta de estos comicios tendrá lugar el 26 de octubre de 2014.
Los representantes del Frente Amplio (izquierda, partido mayoritario) finalmente decidieron que esta responsabilidad recayera en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), organismo técnico que depende del Poder Ejecutivo, aunque éste no está de acuerdo. Aún queda una pregunta: si la Ursec no ofrece las garantías necesarias para que se aplique la LSCA, ¿habrá que esperar el fin de las elecciones para que ésta entre al fin en vigor? ¿Cual organismo independiente asumirá la nueva regulación? El debate en el Senado deberá responder a estas cuestiónes.
El Presidente de la República se ha mostrado dispuesto a buscar una solución para el tema de la creación del CCA en el Senado.
