Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestrapreocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso.
Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.
Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:
Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.
Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.
Access Now
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de la Prensa Uruguaya
Asociación TEDIC (Paraguay)
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
CAInfo (Uruguay)
Cieenpre Juntos (Uruguay)
Cotidiano Mujer (Uruguay)
Creative Commons Uruguay
Data Uruguay
Datysoc (Uruguay)
El Abrojo (Uruguay)
Fundación Karisma (Colombia)
Fundación Vía Libre (Argentina)
Hermandad Pro Derechos Uruguay
IFEX-ALC
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Damos a conocer el documento elaborado por la Coalición por una Comunicación Democrática que se presentó hoy martes 9 de junio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
En el texto se plantea nuestra preocupación por el alcance de las medidas proyectas y como la iniciativa afectará la transparencia, la participación ciudadana, diversos derechos adquiridos, el pluralismo, la diversidad y la producción nacional. Acceda aquí al documento.
Desde CAinfo difundimos el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática (de la que somos parte) marcando posición respecto al contenido del proyecto de ley que viene a sustituir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Coalición por una Comunicación Democrática y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), expresan su preocupación debido a que la Asamblea General del Poder Legislativo aún no designó a los cuatro integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA).
El CCA es el organismo encargado de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ley aprobada hace casi cuatro años y casi sin aplicación hasta el momento. El organismo está integrado por cinco personas, cuatro de ellas deben ser nombradas por el Poder Legislativo y la quinta, que preside el organismo, por la Presidencia de la República.
Según la LSCA, los cuatro integrantes electos por el Parlamento deben ser designados por una mayoría especial de dos tercios de la Asamblea General.
En la sesión de la Asamblea General del 6 de junio de este año, no hubo acuerdo y la reunión se debió levantar por falta de quórum.
Ante esta falta de entendimiento, la Asamblea General no puede volver a reunirse por este tema hasta que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que permita, al menos, habilitar la sesión para luego discutir la votación de los nombres.
Las organizaciones firmantes, que hemos impulsado esta ley, reclamamos al Poder Legislativo que cumpla con lo establecido en la norma, vuelva a sesionar y discuta sobre la integración del CCA. Asimismo, reclamamos que el Poder Ejecutivo designe, sin más dilación, al Presidente del organismo.
La Coalición por una Comunicación Democrática presentó a los integrantes de la Comisión Especial del Parlamento, sus tres candidatos para formar parte del Consejo de Comunicación Audiovisual previsto en la ley 19.307.
Se trata de Gabriel Kaplún, Paula Baleato y Daniel Lema. Lo tres candidatos propuestos son personas que han trabajado tanto desde sus organizaciones como en el marco de nuestra Coalición, en la democratización de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la creación de una ley que regula los servicios de radio y televisión.
A continuación presentamos la carta enviada a los legisladores. Carta Coalición.
La Coalición por una Comunicación Democrática saluda que finalmente el parlamento haya comenzado el proceso de selección de candidatos para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) de acuerdo al art. 74° de la ley 19307, aprobada en 2014. Esperamos que, de acuerdo a lo previsto en la propia ley, en este proceso sean tenidas en cuenta las propuestas y comentarios de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la libertad de expresión.
Saludamos también que, tras una larga demora, en octubre de 2017 se haya instalado la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) que, como primer cometido, debe discutir la propuesta de reglamentación de la Ley, que el gobierno presentó a fin del año pasado.
Advertimos, sin embargo, que la propuesta de reglamentación presentada por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión de la CHASCA pretende restarle competencias al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y restringir los niveles de autonomía de la nueva institucionalidad, desvirtuando de este modo el alcance y el espíritu de la ley.
Las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la Coalición por una Comunicación Democrática hemos advertido al gobierno de algunas ilegalidades presentes en la reglamentación propuesta y hemos presentado redacciones alternativas de manera que la reglamentación no se aparte de la letra y el espíritu de la ley , se encuadre en las mejores prácticas de libertad de expresión y en los estándares internacionales en esta materia.
Hasta el momento los representantes del gobierno han manifestado su voluntad de incorporar algunas modificaciones , pero en aspectos fundamentales tales como garantizar la autonomía e independencia del nuevo organismo regulador (el CCA) han manteniendo su propuesta inicial que insistimos, se aparta en varios casos de la letra y el espíritu de la ley.
Esperamos que la aplicación integral de la Ley 19.307, votada por el Parlamento Nacional en diciembre de 2014, pueda finalmente ponerse en marcha plenamente, en este 2018. Desde la Coalición por una Comunicación Democrática seguiremos activos y aportando como hasta ahora, convencidos que el Uruguay necesita un sistema democrático para la regulación de los medios, que garantice el derecho a la comunicación de todas las personas en igualdad de condiciones.
