En los últimos días desde cuentas en redes sociales de primeras figuras del oficialismo, han proliferado comentarios tendientes a deslegitimar la labor informativa de periodistas. En especial, respecto de las coberturas que son consideradas críticas hacia el accionar del gobierno.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos acusó la semana pasada (por segunda vez) al semanario Búsqueda de practicar un “periodismo sicario” al responder a una publicación que lo vincula a él y a su familia a un campo del Instituto Nacional de Colonización.
A su vez, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, descalificó al periodista del diario El País, Tomer Urwicz, quien realizó una publicación en Twitter sobre la actividad de la legisladora en las redes sociales. Primero lo entrecomilló como periodista y siguió arrobándolo en posteos sucesivos, intentando cuestionar su trabajo periodístico.
Bianchi también acometió contra la periodista Georgina Mayo atacándola con varios calificativos por diferentes coberturas periodísticas o publicaciones en redes sociales.
A lo largo de 2021, la senadora oficialista ya había realizado posteos contra periodistas como Ana Laura Pérez, Paula Barquet, Denisse Legrand, Cristina Richeri, Guillermo Garat, Darío Klein y Fabián Cardozo. Además, en varias ocasiones sostuvo que cuenta con el apoyo del presidente de la República en sus dichos y acciones.
Cainfo alerta sobre el efecto amedrentador y de silenciamiento que tienen estos discursos agraviantes desde primeras figuras públicas, no solo a las personas directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Esto resulta particularmente grave en un contexto electoral, donde los agravios más recientes se asocian a la cobertura periodística de la campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Estas acciones no solo vulneran la libertad de expresión de periodistas sino que atentan contra el derecho de la población a buscar, recibir y difundir todo tipo de información, propiciando un debate democrático y robusto, como señalan convenios internacionales a los que el Uruguay adhirió.
Este ambiente de hostigamiento, que Cainfo ya denunció en 2021 y se ha mantenido, se produce a pocos días de que el país se convierta en sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que organiza Unesco entre el 2 y el 5 de mayo en Punta del Este. Este foro internacional de primer nivel pondrá a Uruguay en el foco de la comunidad global de libertad de expresión, en momentos en que el periodismo enfrenta a nivel mundial diversas amenazas, muchas veces provenientes de los gobiernos y agentes estatales.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país volvió a la discusión pública en las últimas semanas luego de la cobertura periodística de la violación grupal que sufrió una mujer en Montevideo.
La forma en que se publicó la noticia en distintos medios de comunicación, el desconocimiento de principios éticos de la profesión periodística -y la presunta vulneración del artículo 92 de la ley de violencia de género N° 19.580- al difundir audios sin la autorización de la víctima, así como las consecuencias judiciales de dichas prácticas, tuvieron una amplia repercusión a nivel social.
Por ese motivo, Cainfo considera pertinente y necesario realizar algunas consideraciones, de forma de enriquecer una discusión sobre el cumplimiento de las garantías del derecho a la libertad de expresión y la mejora de las prácticas periodísticas.
La medida solicitada por la fiscal Mariana Alfaro, y aceptada por la jueza Patricia Rodríguez, de acceder a los dispositivos móviles y equipamiento informático de los integrantes del programa radial La Pecera de Azul FM, afecta la libertad de expresión del periodista y su equipo, y establece un peligroso antecedente para el ejercicio de la profesión periodística que puede generar un efecto inhibitorio en todo el colectivo a nivel nacional.
Si bien el derecho a la libertad de información no es absoluto, y la medida se dispuso en el marco de una indagatoria penal, la medida resulta desproporcionada porque sus efectos exceden el caso concreto e implica un riesgo para las fuentes informativas, cuya identidad puede revelarse a terceros mediante el acceso de los equipos informáticos de los periodistas. Este episodio puede, además, inhibir a cualquier potencial fuente que en el futuro esté en condiciones de aportar información en casos de interés público, ante el riesgo de que su identidad sea revelada. Esto empobrece el debate democrático y afecta el derecho a la información pública de toda la población.
Reserva de las fuentes
Uruguay ha adherido a normativa internacional que garantiza la libertad de expresión de periodistas, la reserva de sus fuentes de información y la independencia en el ejercicio profesional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos considera que la libertad de expresión es “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
En este sentido, es oportuno recordar que el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, y la posterior interpretación de dicho principio consagra “el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales”.
“Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación. Vale destacar que dicho derecho no se constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y de ética profesional”, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese mismo documento.
Por el alcance de estas garantías, que además están amparadas por legislación a nivel nacional, Cainfo considera que la medida judicial dispuesta en este caso implica una nueva afectación del ejercicio de la libertad de expresión periodística en el país, que se suma a retrocesos normativos y de aplicación legal que la organización ha venido señalando en reiteradas alertas e informes de monitoreo en el pasado reciente.
No obstante, resultan oportunas y saludables las manifestaciones del Fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, quien descartó la intención de “vulnerar fuentes, derechos consagrados internacionalmente y también legalmente en nuestro país” para el periodismo.
La ética periodística
En el caso concreto de la cobertura periodística que dio origen a la solicitud judicial, a juicio de Cainfo se incurrió en una práctica que vulnera principios éticos de la profesión contenidos en manuales, guías y códigos a nivel internacional, incluso en el que la organización contribuyó a redactar en 2013 y fue adoptado en ese año por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
Por ejemplo, el código de ética señala en su artículo 16 que “Los periodistas deben respetar la privacidad de las personas. El derecho a la información de los ciudadanos prevalecerá sólo cuando se viera afectado un bien de la comunidad o el interés público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona involucrada de manera directa en el asunto que es objeto de la cobertura”.
El artículo 21 establece que “Los periodistas cuidarán especialmente el uso de la imagen en las coberturas de hechos violentos, a fin de no abundar en detalles escabrosos como la exposición de caras y cuerpos con claros signos de violencia ni criminalizar a las personas involucradas cuando se utilizan recursos de ocultación”.
El artículo 22 señala que “los periodistas deben ser respetuosos del dolor ajeno, evitando testimonios que re victimicen a las personas en situación de vulnerabilidad. Tampoco deben obtener de modo inconsulto imágenes o audio de las personas involucradas en hechos violentos”. En este caso además, los audios obtenidos fueron difundidos junto con consideraciones y comentarios que afectaban especialmente a la víctima.
En materia de género y discriminación, el artículo 34 del código sugiere que “Las coberturas periodísticas deben ser equilibradas en el tratamiento de género, utilizando lenguaje neutro y no sexista que evite estereotipos y contemple la diversidad. Esto debe regir tanto para la cobertura de información como en la producción y presentación de las noticias”.
Más adelante, el artículo 36 complementa que “Los periodistas identificarán la violencia de género con exactitud, utilizarán lenguaje preciso y no estereotipado, de acuerdo a la definición internacional incluida en la Declaración de las Naciones Unidas de 1993”.
En consideración de todos estos hechos, Cainfo expresa su preocupación por una medida judicial que, por el solo hecho de haber sido ordenada y aunque no haya tenido un pleno cumplimiento, afecta la libertad de expresión y sienta un antecedente negativo que puede afectar el ejercicio de la profesión periodística. Por esa razón, considera que este episodio debe tomarse como una oportunidad para profundizar el compromiso del Estado en las garantías para una prensa libre e independiente, y en las prácticas periodísticas ajustadas a los principios éticos que guían esta profesión.
Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique
En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.
El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares.
“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”.
Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas
En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios.
En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014.
El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).
Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio, disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.
“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”.
Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU
Objetivo
En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.
La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa preocupación por una serie de demandas judiciales contra periodistas presentadas en las últimas semanas, que atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de información.
La mayoría de las denuncias presentadas, o anunciadas públicamente, entre los meses de julio, agosto y setiembre refieren a demandas penales por difamación e injurias a raíz de publicaciones periodísticas. La mayoría de ellas provienen de altos funcionarios estatales o legisladores.
En tres meses suman siete los juicios presentados más dos amenazas de inicio de demandas, cuando el último informe de monitoreo registró tres casos en todo un año.
En base a estándares internacionales de libertad de expresión, CAinfo entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan un ambiente de hostigamiento utilizando el sistema judicial. Además, desconocen los avances acumulados en los últimos años en la materia, que permiten recurrir a mecanismos previos o alternativos, como el derecho a réplica.
Los casos que llegaron a conocimiento de CAinfo son los siguientes:
– Director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, contra José Morales Brum de semanario Tacuarembó Ahora
A fines de julio de 2021 Juan Miguel Motta, inició una demanda penal por difamación contra José Morales Brum, director del semanario Tacuarembó Ahora.
El motivo de la denuncia es la publicación de varios artículos periodísticos en los que se da cuenta de la gestión de Motta al frente del organismo que depende del Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, se menciona la gestión de la pandemia de Covid-19 a nivel local y la falta de controles sobre la actividad de un hogar de adultos mayores, que funcionaba en situación irregular.
Después de varias instancias judiciales, se llegó a un acuerdo para dar por terminado el proceso, sin consecuencias para el periodista.
– Exedil colorado de Maldonado, Pablo Gallo, contra La diaria, Canal 10, La República, Caras y Caretas, FM Gente, Radio Piriápolis.
En febrero de este año, los medios citados difundieron la noticia de que el exedil del Partido Colorado, Pablo Gallo, fue enviado a prisión por una estafa con terrenos. Gallo ya había sido procesado en 1997 por un delito de contrabando y en 1999 por un delito de violencia doméstica. La demanda es por daño moral y lucro cesante, y reclama una indemnización de 300 mil dólares.
– Exasesora de OFI, Andrea Valiente, contra Eduardo Mérica de Diario Uruguay
El 6 de agosto, el periodista Eduardo Mérica de Diario Uruguay, debió presentarse ante la Fiscalía de Rivera por una denuncia penal por difamación e injurias que presentó la exasesora jurídica de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), Andrea Valiente. El periodista había informado sobre la desvinculación de Valiente de la OFI. Finalmente, el caso se archivó luego que el periodista acordara un derecho a réplica.
– Diputado César Vega contra Leandro Grille de Legítima Defensa.
El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, presentó una demanda penal contra el periodista Leandro Guille. El 29 de julio Vega realizó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y mostró ante cámaras a mujeres con elementos de metal adheridos a su cuerpo, atribuyendo el fenómeno a la vacunación contra la Covid-19. Pocos días después trascendió que esas personas no habían sido vacunadas.
Durante una de las ediciones del programa televisivo, Grille cuestionó la conducta del legislador, quien consideró que el periodista realizó una serie de “conceptualizaciones difamatorias e injuriosas”. La demanda de Vega fue rechazada en primera instancia, aunque el legislador anunció su intención de apelar, lo cual no ha concretado.
– Científico Gonzalo Moratorio contra Esteban Queimada de Radio Nacional
El 12 de agosto, el virólogo Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el conductor radial Esteban Queimada. El abogado de Moratorio dijo que Queimada, en su programa, realizó una serie de comentarios agraviantes por su apoyo a la vacunación contra la Covid-19, por lo cual buscan una retractación del denunciado por la vía judicial.
–Expresidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, contra Nicolás Musetti de Control Orientado
Daniel Jablonka presentó una denuncia penal por difamación contra el periodista deportivo Nicolás Musetti, a raíz de informaciones publicadas hace más de un año sobre una asamblea de la institución en la que se discutieron detalles de su gestión financiera. El exdirectivo incluyó a otras cuatro personas en la denuncia, y presentó como prueba sus publicaciones en redes sociales; en el caso de Musetti, en ninguna de ellas aparece mencionado el denunciante.
La primera audiencia se realizó el pasado jueves 9 de setiembre. Hasta la publicación del presente comunicado no se realizaron nuevas actuaciones.
– Integrante de Cabildo Abierto, Pilar Silvestre contra La Diaria y Caras y Caretas
Pilar Silvestre presentó una demanda judicial contra los medios Caras y Caretas y La Diaria por las informaciones publicadas en marzo de 2020 luego de su frustrada designación como Directora Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social. La primera audiencia fue fijada para este jueves 16 de setiembre.
A estos juicios presentados se suma la amenaza realizada por la senadora Graciela Bianchi a través de la red social Twitter el 16 de julio al coordinador de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, a quién advirtió que presentaría ante Fiscalía una demanda por difamación e injurias si no reproducía textualmente sus tuits respecto a la formalización de dos agentes de policía por el homicidio de un joven. La presentación judicial todavía no se produjo.
A su vez, el periodista del semanario Crónicas del Este, Sergio Secinaro, denunció el 20 de agosto que recibió la llamada del ministro de Trabajo Pablo Mieres, y de uno de sus asesores, reclamando el retiro de una publicación para evitar la presentación de una demanda judicial. La noticia refería a que el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, había contratado a una empresa que hasta diciembre de 2019 integró la hija del secretario de Estado. Pocos días después de ese episodio, Mieres dijo en una entrevista en televisión que había desistido de la demanda porque el periodista aclaró la situación.
CAinfo reitera su preocupación ante este ambiente de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación, que configura una amenaza a la libertad de expresión y la instalación de un clima de amedrentamiento hacia todo el colectivo que reduce la calidad de la información que llega a la población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha reiterado que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. Y que “las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”.
ACTUALIZACIÓN: Luego de ser publicado este comunicado, CAinfo tuvo noticia de otro juicio que está en curso.
En mayo de este año, el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, presentó una denuncia por difamación e injurias contra la periodista Ana Laura Pérez.
Al participar en el programa En Perspectiva, la periodista hizo referencia al hecho ocurrido en 2015 cuando un grupo de funcionarios del INAU agredió a adolescentes privados de libertad, en presencia de López. El dirigente sindical solicitó un derecho a réplica por los dichos de Pérez, el que fue concedido el 21 de mayo de este año. Sin embargo, López presentó una denuncia penal que aún está abierta.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación por el robo ocurrido el pasado domingo 11 de julio en el domicilio de su presidente, Fabian Werner, y el de su compañera, María Natalia Rodríguez, a quienes le fue sustraída una mochila con equipamiento informático (dos computadoras y un disco externo) y tarjetas de crédito y débito.
CAinfo manifiesta su inquietud ante el hecho y pide a las autoridades una pronta investigación a fin de esclarecer la situación, ubicar a los responsables y recuperar el equipamiento robado, que contenía información relevante para la labor de ambos periodistas y para nuestra organización.
Es fundamental aclarar si se trató de un hecho delictivo al azar o si fue algo premeditado y dirigido contra ambas personas como consecuencia del trabajo que realizan como periodistas y miembros de una organización de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado en numerosos pronunciamientos la obligación de los Estados de investigar de manera diligente los hechos que puedan implicar una amenaza al ejercicio de la labor de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como adoptar un marco institucional adecuado que asigne la responsabilidad de investigar y juzgar dichos delitos a las autoridades que estén en mejores condiciones para resolverlos.
