Cainfo y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información invitan a periodistas a participar de un ciclo de talleres sobre el uso del derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 13: salud, con perspectiva de género; y acción por el clima. La iniciativa forma parte del proyecto de Fortalecimiento de los ODS. Los talleres serán dictados por expertos internacionales de cuatro países de América Latina. El proyecto está impulsado por la UNESCO y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y contará con 24 periodistas de El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cainfo seleccionará a seis periodistas de Uruguay que recibirán formación gratuita durante cinco semanas de la mano de especialistas en cada ODS y en el derecho de AIP. Además tendrán la posibilidad de conocer las realidades regionales y generar posibles trabajos en conjunto. Cada semana las y los participantes deberán ver una clase asincrónica grabada por expertos internacionales, y conectarse a una sesión en vivo de 1.5 hs vía Zoom donde podrán poner en práctica los contenidos, compartir con colegas de otros países y desarrollar una propuesta sólida de investigación que incluya el monitoreo del ODS seleccionado, a partir del ejercicio del derecho de AIP. La sesión inaugural del taller será el lunes 9 de mayo a las 19 horas (URU). Los cuatro encuentros restantes serán los días martes, hasta el 07 de junio, en el mismo horario. Adicionalmente, las personas seleccionadas podrán participar en un encuentro final con personalidades del ámbito internacional en la defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y periodismo. Se otorgará certificado de participación al asistir al menos al 80% de las sesiones, completar la asignación final y responder los cuestionarios de cada clase.
Período de postulación
El plazo para presentar postulaciones culminará el 30 de abril de 2022. El anuncio de las personas seleccionadas será el 2 de mayo, en todos los países participantes.
Requisitos
Breve Currículum Vitae
Breve carta en la cual exponga su interés en realizar investigaciones sobre los temas: Salud y bienestar con enfoque de género (ODS 3), o Acción por el clima (ODS 13) Presentación de postulaciones: vía electrónica al correo info@cainfo.org.uy con el asunto: “Postulación talleres seguimiento ODS”
Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestrapreocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso.
Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.
Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:
Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.
Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.
Access Now
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de la Prensa Uruguaya
Asociación TEDIC (Paraguay)
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
CAInfo (Uruguay)
Cieenpre Juntos (Uruguay)
Cotidiano Mujer (Uruguay)
Creative Commons Uruguay
Data Uruguay
Datysoc (Uruguay)
El Abrojo (Uruguay)
Fundación Karisma (Colombia)
Fundación Vía Libre (Argentina)
Hermandad Pro Derechos Uruguay
IFEX-ALC
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Un grupo de 17 organizaciones de la sociedad civil suscribieron una declaración por la transparencia en el manejo de la información sobre la pandemia, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa.
«Las organizaciones firmantes de esta declaración expresan su preocupación por las dificultades persistentes para acceder a información de calidad a más de un año del inicio de la pandemia de Covid-19 en el país y exhortan a las autoridades nacionales y departamentales a dar cumplimiento a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Acceso a la Información Pública», señala el pronunciamiento.
El siguiente es el texto completo:
El acceso a la información pública es un derecho fundamental que garantiza la transparencia del Estado y proporciona los elementos necesarios para estimular el debate democrático y la participación ciudadana.
Existen estándares claros en el ámbito internacional en materia de acceso a la información que el Estado uruguayo no está cumpliendo y, por lo tanto, no está ejerciendo su rol de garante del ejercicio pleno de este derecho. Este incumplimiento se debe en buena medida a decisiones gubernamentales que impiden conocer información esencial sobre el avance de la pandemia en el país, y sobre la forma en que el Estado la enfrenta.
El acceso a la información pública es un derecho tan relevante que la Organización de las Naciones Unidas lo definió como una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (16.10.2) conminando a los Estados a “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
En abril de 2020, cuando apenas estaba comenzando la pandemia en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe temático titulado “Pandemia y Derechos Humanos”, donde establece recomendaciones a los estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de acceso a la información sobre la Covid-19. En este informe, llamaba a los estados a “Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por la Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”.
A pesar de estos claros lineamientos, el Estado uruguayo, desde sus tres poderes, no garantiza de manera plena el ejercicio de este derecho, basándose en la urgencia e impidiendo conocer información esencial sobre el impacto de la pandemia en el país y las medidas que el Estado toma para mitigarlo.
Uruguay atraviesa un momento crítico, que afecta especialmente a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Para enfrentarlo, la población necesita un Estado que proporcione información completa, pertinente, actualizada y veraz, sobre las políticas públicas que se impulsan para combatir la pandemia de Covid-19. De lo contrario, es imposible mantener un debate público enriquecedor, y que las personas tengan elementos suficientes para tomar decisiones informadas para proteger su derecho a la salud y a la vida digna.
En este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones firmantes de esta declaración expresan su preocupación por las dificultades persistentes para acceder a información de calidad a más de un año del inicio de la pandemia de Covid-19 en el país y exhortan a las autoridades nacionales y departamentales a dar cumplimiento a la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de Acceso a la Información Pública.
Organizaciones firmantes:
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública | Agencia Voz y Vos – El Abrojo | Amnistía Internacional Uruguay | Casa Bertolt Brecht | C.i.e.en.p.re Juntos | CIVICO | Colectiva Mujeres | Cotidiano Mujer | DATA | Datysoc | Grupo de Trabajo por Educación Inclusiva | Hermandad Pro Derechos – Uruguay | Instituto Comunicación y Desarrollo (ICD) | Grupo de Trabajo por Educación Inclusiva | PODER | Red Pro Cuidados | Uruguay Transparente | OBSERVACOM
Si querés descargar la declaración entrá en este enlace.
El 14 de abril se realizó el primero de los cinco webinars de la serie Articulaciones: diálogos sobre COVID-19, derechos y desigualdades, convocado por Fundar-México, Artículo 19-México y Centroamérica, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con el fin de generar un espacio de diálogo sobre la situación en México y otros países de la región en materia de goce de derechos en el marco de la pandemia.
Este primer encuentro, titulado El derecho a la información durante la pandemia, contó con la participación de expertos internacionales en la materia: el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza; la Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de México, Blanca Lilia Ibarra; la directora Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas; la Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Justine Dupuy; y la Directora Ejecutiva de Fundar, Haydeé Pérez Garrido; con la moderación de Anaid García Tobón, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
En el primer bloque, el Relator Edison Lanza expuso los puntos principales consensuados por la CIDH: 1) La importancia crucial del acceso a la información pública y la transparencia para enfrentar esta situación; 2) La necesidad de que los gobiernos informen de manera veraz y oportuna; y 3) los derechos de libre expresión e información no deberían ser restringidos.
El Relator insistió en la priorización de algunas categorías fundamentales en este contexto: la información sobre la evolución de la pandemia, las medidas adoptadas por los gobiernos, los fondos destinados, y la afectación desproporcionada de determinados grupos o sectores de la población respecto a otros. Estos temas, señaló, deben ser objeto de información proactiva, veraz, en forma desagregada y en formatos abiertos y accesibles a los diferentes públicos; mientras que, para el caso de temas no prioritarios durante la pandemia, se deben establecer plazos razonables y mantener la posibilidad de apelar a estas resoluciones.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) coincidió en que existen derechos que pueden restringirse en contextos de emergencia pero el de información debe prevalecer: “La universalidad del derecho sigue siendo una aspiración, porque la gente no ha visto la importancia de este derecho sobre cualquier otro”.
Blanca Lilia Ibarra (INAI) coincidió en que la crisis será mejor atendida en la medida en que se cuente con información al respecto, y en que ésta no puede ser limitada bajo ningún esquema. La Comisionada por otro lado detalló las acciones llevadas a cabo por el INAI, explicando que se trata de una suspensión de los plazos de las solicitudes de AIP, pero no de actividades del organismo, con el fin de salvaguardar la salud de los empleados públicos sin menoscabar el derecho de acceso a la información. Explicó que se organizaron reuniones con la Secretaría de Salud para identificar los temas que más interesan a la población en base a las solicitudes presentadas; y anunció la publicación de un micrositio para la publicación de sus respuestas. También coordinarán con las autoridades para incorporar a este sitio un mapa interactivo que permita a la población conocer el estado de la pandemia en sus respectivas ciudades, municipios y estados. Entre los temas más frecuentes en las solicitudes de información, destacó: la cooperación internacional, el equipamiento médico e infraestructura, el presupuesto asignado a combatir la pandemia, las causas del desabasto de medicamentos, y el robo de estos últimos, entre otros.
En relación a la situación del INAI, Justine Dupuy (Fundar), manifestó su preocupación por la decisión de ampliar los plazos en este contexto: en el caso de México, señaló que en este momento las fuentes principales de información son las conferencias oficiales, que en ciertos casos han generado más dudas y preguntas en la ciudadanía y no existe información detallada y oportuna disponible en línea, por lo que resulta importante que el INAI de seguimiento a las solicitudes de información que se realizaron en las últimas semanas, sobre todo en materia de salud y que se impulse políticas de transparencia proactiva en los sectores prioritarios.
Haydeé Pérez Garrido (Fundar) también cuestionó el tema de los plazos suspendidos, y la falta de una explicación sustentada y fundamentada por parte del INAI al momento de tomar la decisión de la suspensión. En este sentido destacó la importancia de que se comunique mejor a la ciudadanía, como parte de una reflexión más amplia sobre lo que significa la transparencia proactiva. Invitó también a pensar cual debería ser el papel de los órganos garantes del derecho de acceso a la información no solo en México sino en la región.
Otro tema que surgió fue el de la desinformación y la circulación de fakenews. Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) destacó la importancia del no bloqueo a la labor periodística para garantizar información objetiva y precisa; y la responsabilidad de toda la población para contrarrestar las noticias falsas evitando su transmisión. También advirtió que las fuentes de desinformación que buscan generar pánico en la ciudadanía pueden generar un colapso de los sistemas de AIP.
En esta línea Edison Lanza también destacó la obligación de los funcionarios públicos de todo nivel a ofrecer información veraz; y la necesidad de acotar la disparidad entre los diferentes estados respecto a la información certera sobre cómo está avanzando el virus: en este sentido señaló la tarea urgente de generar estándares e indicadores precisos sobre la información mínima que la población debe tener: respecto a testeos; número de infectados, personas en cuidados intensivos y recuperados; la generación de bases de datos abiertas para generar las propias curvas y consideraciones científicas por parte de actores independientes al estado.
En este contexto, y de cara a la reunión plenaria del INAI prevista para el 15 de Abril, se anunció además el envío de una carta al organismo donde las OSCs firmantes manifiestan su preocupación en torno a la suspensión o aplazamiento de plazos, recursos de revisión y obligaciones de transparencia, así como recomendaciones y propuestas sobre el rol del INAI en este contexto:
IFEX-ALC, una red de organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión en 15 países América Latina y el Caribe, presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apoyando a Tulio Álvarez, un abogado y profesor universitario venezolano sentenciado a dos años de prisión por escribir una columna de opinión en un periódico en la cual se refería a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno.
El caso ha despertado la preocupación de quienes defienden la libertad de expresión, puesto que la ley penal no puede usarse para silenciar a personas que denuncian o investigan sobre temas de interés público. Los miembros de IFEX-ALC han denunciado que este continúa siendo un problema en varios países de América Latina y el Caribe, en ese sentido el caso de Álvarez resulta emblemático de una situación no solo en Venezuela sino en toda la región. IFEX-ALC solicita en su Amicus Curiae que la Corte Interamericana, a través de la decisión en este caso, garantice que los periodistas de la región puedan pedir cuentas a quienes ejercen el poder público sin temor de ser víctimas de una acción legal en su contra.
«Nadie debería enfrentar la privación de su libertad por criticar a funcionarios del gobiernos o hacer comentarios sobre temas de interés público», señaló Marianela Balbi, presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC. «El uso del derecho penal por parte del Estado venezolano para silenciar a Tulio Álvarez viola su derecho a la libertad de expresión, y es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones de IFEX -ALC le pedimos a la Corte Interamericana que mantenga y refuerce los estándares que prohíben el uso del derecho penales en tales asuntos».
Álvarez fue sentenciado de acuerdo con los artículos 444 y 77 del Código Penal venezolano por el delito de difamación agravada, en relación a la columna de opinión que publicó en el periódico Así es la Noticia en 2003. Además se le prohibió la salida de Venezuela y ejercer su derecho al voto en las elecciones de su país en 2006. Álvarez llevó su caso a la Corte Interamericana alegando que el Estado venezolano violó su derecho a la libertad de expresión y pensamiento, así como sus derechos al debido proceso, protección judicial, libertad de circulación y derechos políticos.
Dentro de los argumentos claves en el Amicus Curiae presentado por IFEX-ALC se encuentran:
. El periodismo de investigación y las columnas de opinión tienen un papel fundamental para hacer veeduría del poder público, lo cual es fundamental dentro del papel que cumple la prensa libre en una sociedad democrática.
. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que los límites de las críticas admisibles son más amplios en relación con los funcionarios públicos que con respecto a los particulares, dado que la libertad de expresión y el debate político son pilares esenciales de una sociedad democrática. A pesar de estos fallos de la Corte Interamericana, el uso del derecho penal para silenciar a los periodistas que critican a los funcionarios públicos sigue siendo un problema importante en muchos países de la región que están sujetos a la jurisdicción de la Corte. Por eso es muy importante que la Corte sea coherente con sus propios precedentes y mantenga los estándares fijados en relación a este tema.
. El artículo 444 del Código Penal venezolano (Difamación e insulto), con el cual se condenó a Álvarez, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 444 de Venezuela tiene el efecto de obligar a los periodistas a autocensurarse para evitar sanciones penales, y hace que sea un delito criticar a los funcionarios públicos incluso cuando existe evidencia confiable para respaldar tales críticas. Otros países de la región tienen leyes que tienen un efecto similar.
. La criminalización de las críticas a los funcionarios públicos tiene repercusiones negativas en toda la región de América Latina y el Caribe. Algunos países de la región (México, Argentina, Uruguay y Jamaica) ya han despenalizado la difamación de los funcionarios públicos, y esto debería extenderse a todos los demás países de la región para proteger los derechos humanos.
La Corte Interamericana examinará en una audiencia pública en San José, Costa Rica, el 28 de enero.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta en el Día mundial de la Libertad de Prensa, el informe ARTÍCULO XIII“Control Estatal de las Redes Sociales”, cuarta versión de esta colección que se inició en 2013. Es el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre organizaciones miembros de la Alianza Regional para mostrar el estado actual de la libertad de expresión en las Américas.
El tema de este informe fue seleccionado por las mismas organizaciones, que consideraron de la máxima importancia comenzar a dar visibilidad y constatar como un fenómeno que se esta expandiendo a nivel regional, a las nuevas modalidades de control ilegítimos que ejerce el Estado sobre la opinión de medios, periodistas y ciudadanos en las redes sociales. Los capítulos por país fueron desarrollados por cada uno de los miembros que integran la Alianza Regional, y en ellos se encontrará la información y puntos de vista que consideraron relevante para la comprensión de su problemática local.
ARTICULO XIII tiene por objetivo informar sobre el estado de situación en materia de control estatal de las redes sociales, a fin de contribuir con el desarrollo de análisis y reflexiones sobre esta materia, aportando insumos para el debate regional.
Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información trabajamos para fortalecer el derecho de libertad de expresión, teniendo en cuenta el valor de los aportes de la sociedad civil en todos los procesos que se generan en los Estados, tanto en la discusión de políticas públicas como en su implementación.
Consulte el informe aquí http://bit.ly/1rQZOWx
Las organizaciones miembros que participaron de la elaboración de este informe son:
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Artigo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) – Uruguay
Comité por la Libre Expresión (C-libre) – Honduras
Espacio Público – Venezuela
Fundación Democracia sin Fronteras – Honduras
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
Fundar. Centro de Análisis e Investigación – México
Fundación Pro Acceso – Chile
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay*
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
