Portal 180, 09 de julio de 2011

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) negó al sindicato de trabajadores de la comunicación la información acerca de cuántos abonados tiene cada operador de televisión cable del interior. El sindicato pretende proponer un sistema en el que se les pague una prima por productividad a los empleados, para solucionar el problema de los bajos salarios que reciben. Frente al rechazo de la Ursec, se iniciarán acciones ante el poder judicial.

La ley de Acceso a la Información se creó en 2008 y obliga a los organismos públicos a dar la información requerida por cualquier ciudadano, sin que se justifique la razón del pedido, en un máximo de 20 días, salvo que la información pueda comprometer la seguridad o defensa nacional, o que dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. Si el organismo se niega a dar la información, sin una justificación razonable, el paso siguiente es acudir con el pedido al Poder Judicial.

El sindicato de trabajadores de la comunicación hizo uso de esta ley para pedirle a la Ursec la cantidad de abonados de cada empresa operadora de televisión cable del interior. Una de las facultades de la Ursec es regular a los operadores, ya que estos están haciendo uso de una concesión pública, por lo que deben declarar –los datos que maneja la Ursec son solamente los declarados por las empresas– la cantidad de abonados y pagar un canon en relación a este número. Sin embargo, el departamento jurídico de la Ursec resolvió no facilitar los datos, ya que consideran que entran bajo la ley de Protección de Datos Personales.

El secretario general de la Asociación de Prensa del Uruguay (APU), Ruben Hernández, dijo a 180 que la información se pidió para armar una fórmula para que se le pague a los trabajadores del cable una prima por productividad, por ejemplo, $5 por abonado. “Los salarios de los trabajadores de las empresas de cable del interior están por debajo de los salarios de los peones rurales, por ejemplo”, contó.

Dijo que otro de los problemas a los que se enfrentan es a la posible subdeclaración de abonados que tienen algunas de las empresas, “pero eso ya es más difícil de demostrar”. Explicó que cuando Cainfo plantea que se aplique la fórmula de la prima para los trabajadores, las empresas rechazan la idea porque dicen que se crearía una “policía interna”, conformada por los trabajadores que controlarían constantemente la cantidad de abonados y esto obligaría a las empresas a “blanquear” sus números.

El presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo), Edison Lanza, dijo a 180 que en su opinión, la Ursec tiene la obligación de proveer estos datos. “Nosotros consideramos que es información pública porque la ley de Acceso dice que toda la información en poder del Estado es pública, salvo aquella que esté amparada en alguna excepción”, dijo y agregó que Cainfo sostiene que la ley de Protección de Datos Personales no impide que se conozcan datos que los particulares entregan al Estado, “sobre todo cuando se trata de mercados regulados”, como en este caso. “La cantidad de abonados que cada empresa declara tener, sin divulgar quiénes son esos abonados, no violenta ningún dato sensible”, observó.

El presidente de la Ursec, Gabriel Lombide, dijo que estos temas son demasiado nuevos en la cultura ciudadana, por lo que no es raro que haya dudas sobre su aplicación y uso. Explicó que, de acuerdo a la ley de Datos Personales, “hay datos que son privados de las personas (personas jurídicas, en este caso) y cuando se piden, se supone que no es para divulgarlos con otros fines (que no sean estadísticos)” , y agregó que el número de abonados es un dato comercial que genera sensibilidad. “Lo determinante es la finalidad con la cual se recauda la información”, expresó.

Sin embargo, Lanza explicó que quien pide información no tiene que justificar ni explicar para qué la quiere, según dice la ley de Acceso a la Información Pública. “Y en este caso, además, (la información) sirve para proteger otro derecho, que es el del sindicato a negociar con las empresas en pie de igualdad”.

Lambide dijo que se sienten tranquilos de que sea la justicia la que determine el real alcance de la aplicación de las leyes “y diga si lo correcto es lo que interpretaron nuestros servicios jurídicos, o lo correcto es lo que interpretan los integrantes de APU”.