Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), expresan su preocupación por la política del Ministerio de Salud Pública y ASSE en materia de acceso a la información pública, generación de indicadores y de datos sobre salud sexual y reproductiva en Uruguay.
En el marco de un trabajo conjunto realizado por ambas organizaciones en torno al proyecto “Información para la Acción: Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Uruguay” MYSU y CAinfo se unieron para llevar adelante una experiencia piloto con el objetivo de utilizar la ley de acceso a la información pública como herramienta para el monitoreo social de la política pública en materia de salud sexual y reproductiva.
En este marco, MYSU realizó durante 2015, una importante demanda de Información Pública (en base a la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública) al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), solicitando información respecto a unos 121 ítems para el periodo 2010-2015. Se pidieron datos sobre natalidad y mortalidad; infertilidad; embarazo, parto y postparto; cáncer génito-mamario; acceso y utilización de servicios de salud sexual y reproductiva; aborto; e infecciones de transmisión sexual.
Como resultado de ésta demanda de información y ante la respuesta recibida por parte del MSP y de ASSE, las Organizaciones evidencian la falta de disponibilidad de información que existe actualmente sobre muchos de estos ítems, reafirmando que de acuerdo a la ley de derecho de acceso a la información pública y los estándares en la materia, el Estado debe garantizar la disponibilidad y el acceso oportuno a información de calidad.
La información debe ser un presupuesto para la elaboración de políticas públicas. Es por ello, que es fundamental que el Estado Uruguayo mejore los sistemas de información y avance en una política de datos abiertos en materia de salud sexual y reproductiva que fortalezca los procesos de la diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, generando así mayores condiciones para la transparencia, la rendición de cuentas y el monitoreo social sobre la gestión en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.