En el marco de las distintas acciones desarrolladas por el Día del Saber, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) lanzó una nueva página web para el monitoreo de la situación del derecho a la salud en Uruguay. El sitio se encuentra disponible en www.salud.org.uy.
Este 28 de setiembre se festejó el Día Internacional del Derecho a Saber. Esta fecha se celebra con el propósito de reconocer la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento esencial de la vida democrática.
Nueva web de monitoreo en salud Uruguay
La web es una herramienta que sistematizará datos sobre salud en posesión de organismos públicos y los informes y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos en tres áreas concretas: política de atención a la salud mental, acceso a la atención a la salud de las personas con discapacidad, y salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Además, el sitio funcionará como repositorio del marco legal vigente y permitirá visualizar las solicitudes de información pública realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil con las que se está trabajando en el marco del proyecto y las respuestas de los organismos públicos para cada una de las áreas.
La iniciativa forma parte del proyecto regional “Información para la Acción” que busca avanzar en la exigibilidad del derecho a la salud a través del derecho de acceso a la información pública. El proyecto se viene implementando simultáneamente en Argentina y Uruguay y es coordinado por CAinfo y ACIJ con el apoyo del programa Human Rights Initiative de Open Society Foundations.
Se trabaja sobre tres ejes de intervención o áreas dentro del monitoreo en salud:
En Política Pública para la atención de la Salud mental. CAinfo desarrolla un trabajo conjunto con el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) y la Asamblea Instituyente por salud mental, desmanicomialización y vida digna. Esta alianza busca recabar información que permita conocer y documentar la situación de las personas con padecimientos psiquiátricos que están internadas en los distintos centros y colonias. Además, se busca profundizar en algunos aspectos tales como la atención primaria, el derecho a la atención integral y el derecho a la integración en la comunidad.
En Salud sexual y reproductiva de las mujeres en Uruguay. CAinfo trabaja junto a Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) para mejorar el acceso a la información pública sobre salud sexual y reproductiva. En el marco de esta iniciativa MYSU presentó solicitudes de acceso a la información a diversos organismos con el objetivo de mapear la información disponible, e identificar vacíos de información.
En Acceso a la atención a la salud de las Personas con discapacidad. CAinfo trabaja junto al Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) en la generación de un diagnóstico sobre el acceso de las personas con discapacidad a la información sobre salud. En este marco diversas organizaciones que trabajan en la temática de la discapacidad participaron de un taller de formación en acceso a la información pública, luego del cual, realizaron solicitudes a distintos organismos.
En el marco de esta iniciativa se han requerido más de 200 datos a través de 13 solicitudes de acceso a la información pública al amparo de la ley 18.381. Las respuestas que han sido entregadas se están sistematizando y serán disponibilizadas en el sitio en las próximas semanas.
El acceso a la información requerida resulta fundamental para habilitar condiciones de monitoreo social sobre las diversas temáticas que el proyecto aborda, en tanto, la información es un prerrequisito para el ejercicio y la exigibilidad de otros derechos y la participación ciudadana.
Este 28 de setiembre, Día Internacional del Derecho a Saber, CAinfo difundió el testimonio de periodistas y activistas que utilizaron la ley de acceso a la información pública para acceder a información de interés público.
Este día se celebra con el propósito de reconocer la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento esencial de la vida democrática.
Se presentaron tres videos:
Víctor Bacchetta del Movimiento por un Uruguay Sustentable, nos cuenta cómo a través de la ley de acceso a la información pública, el movimiento pudo conocer información ambiental del proyecto de megaminería Aratirí.
Richard Muiño explica cómo a través de la ley de acceso a la información pública se pudo conocer la situación de niños con discapacidad en centros educativos.
Nausícaa Palomeque, periodista del programa de radio No toquen nada (Océano FM), pudo conocer a través de la ley de acceso, que sólo uno de cada tres directores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) superó primaria.
En el Día Internacional del Derecho a Saber –también conocido como Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública– la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra los avances logrados en el reconocimiento jurídico del derecho de acceso a la información pública en la región y llama a los Estados miembros de la OEA a continuar adoptando las medidas necesarias para la efectiva realización de este derecho humano fundamental.
Existe un consenso creciente en los Estados miembros de la OEA en cuanto a la importancia central que tiene el derecho de acceso a la información pública como uno de los pilares de la consolidación de sistemas democráticos asentados y robustos, y como instrumento fundamental para la vigencia de otros derechos humanos.
Desde hace más de una década, 22 países del hemisferio han adoptado leyes de acceso a la información pública y han establecido procedimientos y mecanismos institucionales para protegerlo y garantizarlo, en buena medida gracias al desarrollo y promoción de estándares interamericanos sobre los principios que deben regir toda ley de acceso a la información y las obligaciones que se generan en el Estado para su buena implementación.
A pesar de estos importantes logros, sigue siendo fundamental persistir en la construcción de entidades de supervisión robustas y con poder suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de las respectivas leyes de acceso a la información. En la región no todos los órganos creados hasta la fecha cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias. La existencia de mecanismos institucionales es clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso a la información como para satisfacer el derecho que tienen las personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y efectivo, ante la negativa a entregar información.
Los Estados también deben fortalecer sus acciones de implementar una cultura de la transparencia, en donde el derecho a la información sea la regla y el secreto una verdadera excepción. Con ese fin, la Relatoría recomienda redoblar los esfuerzos emprendidos para adoptar una política sistemática de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos destinados a satisfacer, en cada una de sus facetas, el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, se insta a adoptar más y mejores políticas para difundir y dar a conocer el derecho de acceso a la información entre las personas, en particular entre periodistas, defensores de derechos humanos e individuos pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, como herramienta para la democratización de los derechos.
Finalmente, la Relatoría exhorta a los Estados que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información a allanar los caminos para su pronta aprobación, de conformidad con los más altos estándares interamericanos y buenas prácticas regionales. A su vez, aprovecha este día para instar a los Estados a que las normas que limitan el acceso a la información por razones de seguridad nacional y terrorismo cumplan estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de tener que ser utilizada para un fin imperioso, de forma tal que se respete de la forma más amplia posible el derecho al acceso a la información pública.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
El pasado 16 de setiembre de 2015, la Asamblea Instituyente por salud mental, desmanicomialización y vida digna presentó su propuesta de anteproyecto de ley en el Anexo del Palacio Legislativo ante decenas de usuarios y familiares del sistema de salud mental, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos y público en general.
La propuesta de la Asamblea Instituyente se inscribe en la necesidad identificada por múltiples actores de transformar el actual paradigma de atención a la salud mental adecuándolo a los estándares de derechos humanos internacionales y regionales en la materia.
En este marco, el anteproyecto de ley tiene como parámetros claves seis puntos que debe contener una ley de salud mental en Uruguay que atienda al nuevo paradigma de atención:
Se dirige a todas las “personas usuarias del servicio de atención de salud mental” haciendo clara referencia a la vida de las personas tanto en sus aspectos individuales como en su vida familiar y/o en comunidad.
Propone el cierre progresivo de las estructuras asilares y monovalentes permitiendo el avance ordenado hacia un nuevo modelo de atención de salud mental en el país.
Refleja una visión garantista de los derechos humanos a partir de la cual bajo ninguna circunstancia las personas con internación tanto voluntaria como involuntaria pierden ni se les suspende su calidad de sujeto de derecho. Asimismo, indica claramente la obligación de contar con consentimientos informados en lenguaje y formato accesibles.
Propone la creación de una estructura de funcionamiento interinstitucional e intersectorial; con participación de usuarios y familiares que viabilicen la operativa de acceso a la vivienda, el trabajo entre otros, concibiendo la atención a la salud mental desde una perspectiva de red e interdisciplinaria.
Establece un Órgano de supervisión y revisión de los derechos humanos y salud mental independiente y autónomo
Garantiza la producción y disponibilización de información pública sobre la implementación efectiva de la política de salud mental en el País.
Existe un amplio reconocimiento de que Uruguay tiene que transformar su paradigma de atención a la salud mental a un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental. Este anteproyecto de ley propone lineamientos para ello.
Nuestro país, en tanto país garantista de los derechos humanos, no puede continuar implementando una ley que desconoce la centralidad de la persona y es inadecuada para el respeto de los derechos humanos.
Hoy miércoles 16 de setiembre de 2015, en el Pasaje Acuña de Figueroa del Anexo del Palacio Legislativo a las 18.00 hs, la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, presenta una propuesta de Anteproyecto de Ley de Salud Mental centrado en una perspectiva de derechos humanos.
La propuesta, se inscribe en el compromiso asumido por el sistema político y las organizaciones sociales, de transformación del paradigma de atención a la salud mental y la necesidad de aportar en el proceso de adecuación de nuestro país a los estándares de tratados, pactos y documentos internacionales que han sido suscritos o ratificados en materia de salud mental.
Para la elaboración de este Anteproyecto, se han utilizado como insumos y referencias; la propuesta de Anteproyecto de Ley de Salud Mental, elaborada entre el 2007 y 2009, en el marco del Grupo «Política, Legislación y Derechos Humanos en Salud Mental» de la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental del MSP; el documento “Aportes para los contenidos de una Ley de Salud Mental de Uruguay” (julio 2015) presentado por el MSP-Dirección General de la Salud – Área Programática para la Atención en Salud Mental; la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina N° 26657 (2010- Dec. Reg. 2013); así como otros documentos y normativas internacionales.
