La Relatoría Especial se suma a la condena internacional por el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo

La Relatoría Especial se suma a la condena internacional por el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresion de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se suma a la condena que ha suscitado a nivel internacional el horrendo asesinato de 12 personas durante el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, con base en París (Francia). Entre las víctimas estarían comunicadores y trabajadores de la revista.

La Relatoría Especial expresa su solidaridad con la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE Dunja Mijatović y se suma a la condena expresada hoy por David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión.

Como lo han manifestado los organismos internacionales de derechos humanos, las expresiones satíricas, como parte de aquellas que pueden chocar o inquietar a cualquier sector de la población, también se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Poder Ejecutivo promulgó ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Poder Ejecutivo promulgó ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

El Poder Ejecutivo promulgó la ley de servicios de comunicación audiovisual, N°19.307. La iniciativa obtuvo sanción definitiva el pasado 22 de diciembre en la cámara de diputados.

La Coalición por una Comunicación Democrática emitió un comunicado saludando la aprobación de esta norma que garantiza la libertad de expresión:

El pasado lunes 22 de diciembre, después de un largo proceso que se inicia en el 2010 en el Comité Técnico Consultivo, donde participan empresarios, academia y sociedad civil, sentando las grandes líneas de un proyecto largamente discutido en el Parlamento, donde son escuchadas infinidad de opiniones provenientes de los más diversos ámbitos, se aprobó definitivamente en la Cámara de Diputados la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Una ley que ha contado desde el primer momento con el respaldo decidido de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y reconocidas voces del ámbito internacional, como los relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, además de organizaciones como Artículo 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras.

No podemos más que congratularnos con la aprobación de una ley que garantiza la libertad de expresión, no sólo de los medios de comunicación sino de sus trabajadores y periodistas, y de los ciudadanos todos.

  • La ley establece mecanismos transparentes y con participación ciudadana para la asignación de canales de cable y frecuencias de radio y televisión, así como límites a la concentración de medios en pocas manos.
  • Promueve la producción nacional y el trabajo de actores, músicos y trabajadores de la cultura.
  • Defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, estableciendo un horario de protección durante el cual no se podrán exhibir escenas de violencia extrema o pornografía.
  • Promueve la introducción paulatina de la lengua de señas y audio descripción, garantizando así el derecho de las personas que no pueden oír, ver, o tienen disminuidos esos sentidos.
  • Establece la Defensoría del Público, que será ejercida por la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Sabemos que la ley contiene algunos aspectos a mejorar, y por ello la Coalición continuará haciendo aportes durante su implementación en la dirección de cumplir con los estándares internacionales en la materia, así como lo hizo desde 2010 para esta etapa que culminó ayer.

Por esos motivos y muchos más, festejamos la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y seguiremos bregando por más democratización de la comunicaciones y más libertad de expresión.

La Relatoría Especial se suma a la condena internacional por el ataque a la revista satírica Charlie Hebdo

Relatoría Especial condena asesinato de periodista en Brasil

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista y bloguero Marcos de Barros Leopoldo Guerra, en la ciudad de Ubatuba, estado de São Paulo, Brasil. La Relatoría manifiesta su profunda preocupación e insta a las autoridades brasileñas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen e investigar, juzgar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato.

De acuerdo con la información recibida, en la noche del 23 de diciembre, Leopoldo Guerra habría sido asesinato en su casa por dos desconocidos, quienes le habrían disparado y posteriormente huido en una motocicleta. El periodista escribía en su blog Ubatuba Cobra, en el cual denunciaba casos de corrupción y hacía críticas a las autoridades locales. Según lo informado por personas cercanas a Leopoldo Guerra, el bloguero venía recibiendo amenazas de muerte en razón de las publicaciones en su blog.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como asegurar la efectiva inclusión de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística en mecanismos de protección destinados a garantizar su integridad.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».