Nov 20, 2014
El asesor y propuesto Ministro de Educación y Cultura en un eventual gobierno del Partido Nacional, Pablo Da Silveira, se mostró receptivo a los planteos del conjunto de organizaciones que lidera CAinfo con miras a impulsar un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Partido Nacional este jueves 20 de novembre. Participó una delegación de CAinfo, la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) y la Federación Autismo Uruguay (FAU). Por el Partido Nacional participaron Pablo da Silveira, la diputada suplente electa Camila Ramírez y Laura Nahabetián.
Las organizaciones propusieron la reunión en el marco de una serie de acciones de incidencia para visibilizar la necesidad de que el nuevo gobierno y parlamento que resulte de las próximas elecciones nacionales avance en la construcción de un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva, que garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Por este motivo ya se sostuvieron similares reuniones con el Partido Independiente y el Partido Colorado.
Las organizaciones plantearon a los representantes blancos su preocupación por la escasa disponibilidad de información estadística de calidad sobre el derecho a la educación de niños/as con discapacidad.
A su vez, solicitaron el compromiso de esa fuerza política para que trabaje con miras a:
- garantizar una formación docente adecuada en el área de la discapacidad, que sea parte de la curricula de formación básica de maestros y profesores
- garantizar la disponibilidad de apoyos especiales, adaptación curricular y la disponibilidad de centros educativos accesibles tanto física como comunicacionalmente
- reglamentar el ingreso de acompañantes pedagógicos y/o personales tanto en la educación pública como en la privada, y éstos formen parte del staff docente del centro de estudio
- adoptar un Protocolo de Acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación común que comprenda los niveles de Primaria, Secundaria y UTU
- formar una comisión parlamentaria que trabaje específicamente el tema de educación inclusiva
- reglamentar la ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, Nº 18. 651
Da Silveira se mostró de acuerdo y receptivo respecto a estos planteos. En tanto, Camila Ramírez, que de asumir la banca será la primer diputada sorda del Parlamento, mostró su interés en trabajar estos temas y poder articular los planteos de las organizaciones con su bancada en el ámbito legislativo.
CAinfo, FUAP y FAU esperan la confirmación del Frente Amplio para proseguir las reuniones con los candidatos y sus equipos.
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Nov 19, 2014
Los miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y capítulos de la red de Transparency International de América Latina, así como las organizaciones y personas abajo firmantes, reconocemos la importancia de la iniciativa de OGP como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil.
Sin embargo, vemos con preocupación que este diálogo no se haya traducido en avances significativos y concretos para empezar a convertir el ideal de gobierno abierto en una realidad.
Consideramos que a tres años de iniciada esta iniciativa es un momento decisivo para introducir cambios.
Comprendemos que los estándares de ingreso sean amplios para permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Ahora bien, creemos que las calificaciones de elegibilidad requieren ser revisadas y debe llevarse a cabo una estricta evaluación cuyos resultados se apeguen a la realidad. Esto incluye analizar los contenidos de los índices que se están utilizando y la verificación de los datos con la sociedad civil local. Asimismo, los criterios de permanencia en OGP deben ser más rigurosos y la evaluación tiene que hacerse a la luz de los principios de no regresión y progresividad, y los países que no los respeten deben ser sancionados, llegando eventualmente a la expulsión.
Creemos que debe hacerse explícito que el objetivo de OGP es acercar los gobiernos a las personas, poniendo énfasis en garantizar un real respeto de los derechos fundamentales y niveles cada vez más altos de calidad de vida.
Por esto, estamos convencidos que un primer requisito ineludible es contar con normas jurídicas que garanticen un real y efectivo acceso a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Del mismo modo, se observa una gran desigualdad entre el rol del gobierno y el de la sociedad civil en la convocatoria y elaboración de los planes de acción y en su implementación. Es importante, en consecuencia, una acción más eficiente del Support Unit y del Steering Committee para contribuir a garantizar la co-creación de los planes de acción, así como una participación paritaria Estado-Sociedad Civil durante todo el proceso de implementación, lo cual requiere apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil en los países miembros de OGP.
Creemos, que la consideración y atención de estos temas servirán para incentivar el diálogo entre las instancias de dirección y las bases del movimiento por un Gobierno Abierto.
ORGANIZACIONES:
Artículo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por una Sociedad más Justa – Honduras
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) – Uruguay
Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO – Paraguay
Chile Transparente
Ciudadano Inteligente – Chile
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) – Honduras
Consejo Nacional de Periodismo (CNP) – Panamá
Consejo de la Prensa Peruana – Perú
Costa Rica Integra – Costa Rica
Directorio Legislativo – Argentina
Espacio Público – Venezuela
Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador
Fundación Construir – Bolivia
Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) – Honduras
Fundación para la Libertad Ciudadana – Panamá
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) –
El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación – México
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú
Observatorio Legislativo – Ecuador
Participación Ciudadana (PC) – República Dominicana
Poder Ciudadano – Argentina
Pro Acceso – Chile
Pro Etica – Perú
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa
Semillas para la Democracia – Paraguay
Transparencia Por Colombia
Transparencia Venezuela
Visión Legislativa – México
A TITULO PERSONAL:
Karina Banfi
Nov 18, 2014
- Han pasado 53 días desde la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes mexicanos y la ejecución extrajudicial de otros tres.
- Recientemente México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y como tal debe garantizar espacios verdaderos de confianza y co-creación con la sociedad civil, sólo así podrá fungir como guía para los demás países.
- La sociedad civil de las Américas exige al gobierno de México que rinda cuentas sobre los hechos acontecidos en el estado de Guerrero y garantice la búsqueda efectiva en vida, verdad, justicia, reparación y no repetición.
San José, Costa Rica., a 18 de noviembre de 2014.- La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) busca construir una nueva relación entre gobierno y sociedad aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida pública de los países.
México es uno de los ocho países fundadores de la AGA. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y el gobierno federal, han manifestado públicamente su interés en convertir esta Alianza en una verdadera plataforma de diálogo y colaboración para avanzar en los principios de Gobierno Abierto. Sin embargo, el día de hoy, estos principios en México se encuentran ante circunstancias que ponen de manifiesto una crisis estructural que trasciende eventos, partidos políticos, poderes y ámbitos de gobierno.
Las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio de este año; la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de 3 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de este año; las más de 22 mil personas desaparecidas y, la proliferación de acciones legales y cuasi-legales para restringir los espacios cívicos a las voces de disenso, hacen evidente la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, así como la apremiante necesidad de que el Gobierno Mexicano informe de manera veraz, oportuna y clara y rinda cuentas a fin de generar confianza de parte de la sociedad.
México, como presidente de esta Alianza, debe fungir como ejemplo para los demás países y garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de gobierno, poderes y la sociedad. La fragmentación existente entre las partes hace imposible que funja como guía y dé cumplimiento a los objetivos de esta iniciativa. Por esto, organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, programadores y desarrolladores de México y de las Américas se solidarizan con las familias de los jóvenes desaparecidos y con la sociedad mexicana y llaman al Gobierno Mexicano a mostrar un verdadero compromiso con el gobierno abierto.
No somos indiferentes a este doloroso contexto y por esto nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana que ha sufrido por los años de ausencia de un Estado de derecho.
La indignación y el dolor no nos van a vencer. Es hora de que el Estado sepa que no toleraremos ni una simulación más. México necesita un cambio profundo.
La sociedad civil mexicana y de 18 países apoyamos y hacemos propias las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos y exigimos, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que el Gobierno Mexicano rinda cuentas y garantice un verdadero Estado de derecho. Exigimos la búsqueda en vida, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es necesario conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.
Ayotzinapa ¡Nunca más!
Organizaciones
1. Artículo 19, Capítulo para México y Centroamérica. México.
2. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). México.
3. Cultura Ecológica. México.
4. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México.
5. Gestión Social y Cooperación (GESOC). México.
6. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). México.
7. Social TIC. México
8. Transparencia Mexicana. México.
9. Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática. México.
10. Codeando. México.
11. Sonora Ciudadana. México.
12. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIG). Argentina.
13. Asociación por los Derechos Civiles. Argentina.
14. Directorio Legislativo. Argentina.
15. Asociación Nacional de la Prensa. Bolivia.
16. Chile Transparente. Chile.
17. Fundación Ciudadano Inteligente. Chile.
18. Fundación Multitudes. Chile.
19. Pro Acceso. Chile.
20. Foro Nacional por Colombia. Colombia.
21. Transparencia por Colombia. Colombia.
22. Colectivo por los Derechos Digitales. Costa Rica.
23. Estudio Manati. Costa Rica.
24. Fundación Acceso. Costa Rica.
25. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Costa Rica.
26. Red Calm. Costa Rica.
27. Red de Control Ciudadano. Costa Rica.
28. Proyecto Accesa. Costa Rica.
29. Fundamedios. Ecuador.
30. Datos El Salvador. El Salvador.
31. Acción Ciudadana. Guatemala.
32. Doses, Guatemala.
33. Asociación para una Sociedad más Justa. Honduras.
34. C-Libre. Honduras.
35. Fundación Democracia sin Fronteras. Honduras.
36. Fundación Violeta Chamorro. Nicaragua.
37. TI Panamá. Panamá
38. Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Paraguay.
39. DAR. Perú.
40. Open Data Perú. Perú.
41. Grupo Propuesta Ciudadana. Perú.
42. Espacios Abiertos. Puerto Rico.
43. Fundación Justicia y Transparencia de la República Dominicana.
44. Centro de Archivos y accedo a la información Pública (CAinfo). Uruguay.
45. DATA. Uruguay.
46. Red Uy. Uruguay.
47. Espacio Público. Venezuela.
48. Transparencia Venezuela. Venezuela.
A título personal
Ana Cristina Ruelas. México.
Aroa de la Fuente. México
Darío Ramírez. México.
Emilene Martínez. México.
Haydee Pérez Garrido. México.
Héctor Rubio. México.
Guillermo Noriega. México.
José Roldán Xopa. México.
Marta Laura Monteleón Sánchez. México.
Pablo Collada. México
Paulina Bustos Arellano. México.
Paulina Gutiérrez México.
Rocío Moreno. México.
Rubén Amhed Moya Vidrio. México.
Agustina De Luca. Argentina.
Renzo Lavín. Argentina.
Paulina Ibarra. Chile.
Fabio Velázquez. Colombia.
José Hernández Bonivento. Colombia
Jeffrey Esquivel. Costa Rica.
José Lidier Artavia. Costa Rica.
Luciana Peri. Costa Rica.
María Fernanda Avendaño Mora. Costa Rica
Nicole Yanez. Costa Rica.
Sharely Alfaro Elizondo. Costa Rica.
Susana Soto González. Costa Rica.
Iris Palma. El Salvador.
PatriceMcDermott. Estados Unidos.
José Marín. Guatemala.
Carlos Hernández. Honduras.
Jessica Estrada. Honduras.
Lester Ramírez Irias. Honduras.
Xenia Hernández. Honduras.
Guillermo Medrano. Nicaragua.
Carlos Gasnell. Panamá.
María José García Ascolani. Paraguay
Aida Gamboa. Perú.
Antonio Cucho. Perú.
Carlos Monje Salgado. Perú.
Epifanio Baca. Perú.
María Fernanda Ramos Cruz. Puerto Rico.
Trojano Vidal. República Dominicana.
Zoe Reiter.
