Antel evacuó un pedido de informes por la Ley de Transparencia sobre su estadio «Arena». Prefirió guardar silencio en la mayoría de las preguntas, aduciendo que divulgar datos le ocasionaría «daños económicos y pérdida de competitividad».
Siguiendo las pautas que establece la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381), un particular realizó una serie de planteos a Antel para conocer los detalles del proyecto del polideportivo que se erigirá en el predio del desaparecido Cilindro Municipal. El que accionó ante el ente fue Mario Nelson Barbato, quien si bien se identificó con su número de cédula, dirección, teléfono y otros datos, optó por no mencionar su condición de edil departamental para pararse como «un ciudadano más» ante la ley y el Estado.
Barbato solicitó información sobre la totalidad de las actuaciones administrativas entre Antel y la Intendencia de Montevideo; el origen de los recursos económicos dispuestos y las previsiones en materia presupuestal; el concurso de expresión de ideas; los gastos de la tienda que fue colocada en el predio, y el convenio suscrito con la NBA (National Basketball Association) de Estados Unidos, para el desarrollo de actividades de mutuo interés.
El petitorio fue recibido por el ente el 10 de abril e incluye 11 puntos, pero el 15 de mayo Antel le comunicó al recurrente que tomaría una prórroga de 20 días -dentro del plazo legal- para entregar la información requerida. Finalmente, el jueves de esta semana Barbato recibió la contestación.
«La información vinculada a este proyecto debe ser protegida en tanto su divulgación aparejaría serios daños económicos y pérdida de competitividad frente a los operadores de nivel internacional que actúan en el mercado», señala la contestación de Antel, en su primera página.
«Información reservada».
La respuesta indica además que de conformidad con el artículo 9, literal E, de la Ley 18.381 (apartado que refiere a las posibilidades de no entregar los datos ante una requisitoria), «la información solicitada se declaró reservada por resolución 796/11 del 14 de junio de 2011».
«También la información relacionada con el proyecto de contenedor polifuncional de espectáculos y eventos sociales Antel Arena fue clasificada como reservada por resolución de la División Gestión de Segmentos del 22 de marzo de 2013 y por resolución de la Subgerencia General Gestión Estratégica de fecha 10 de marzo de 2014».
Críticas.
Consultado por El País, el edil Barbato reiteró las críticas a la alianza entre Antel y la IMM, en tanto opinó que «el secretismo que rodea todas las actuaciones no hace otra cosa que reafirmarnos en la razonable presunción que podríamos enfrentar otro procedimiento dispuesto por autoridades públicas, dependientes del Poder Ejecutivo, así como de la Intendencia de Montevideo, que escaparía al marco jurídico constitucional y de legalidad que rige nuestro Estado de Derecho».
Junto a la respuesta, Barbato recibió el Informe de Asesoría Letrada de Antel, en el que se fundamenta la viabilidad jurídica del proyecto. «El documento fue contundente y ampliamente desestimado en dos oportunidades por el Tribunal de Cuentas, en virtud de serios apartamientos de carácter constitucional (Principio de Especialidad) y legal (Principio de Ejecución), así como por la existencia de subcontratos contrarios a las facultades para contratar entre agentes del Estado, lo que convierte en nulos los contratos de esta naturaleza», destacó el legislador.
La ley 18.381
La «Ley de Transparencia» fue la que permitió conocer, hace pocos meses, información preocupante sobre la educación. El acceso a los datos de repetición de Secundaria se dio tras una solicitud que presentó el suplemento Qué Pasa de El País, amparado en dicha norma. Secundaria se negó a dar esa información, pero la Justicia lo ordenó en dos instancias.
PREGUNTAS Y POCAS RESPUESTAS
Sin perjuicio de los argumentos sobre «daños económicos y pérdida de competitividad frente a los operadores de nivel internacional que actúan en el mercado», Antel respondió algunas consultas.
Con respecto al origen de los recursos para construir el polideportivo (que según cálculos primarios costará unos US$ 40 millones), indicó que se trata de fondos propios y que «no existen previsiones presupuestales específicas» porque el proyecto se generó después del Presupuesto 2012, que es el que rige actualmente por medio de una prórroga automática.
En referencia al montaje de la tienda en el predio del ex Cilindro, incluyendo gastos de funcionamiento, personal e insumos, se señala «la inexistencia de dicha información por no tener la Contabilidad de Antel discriminación por tiendas individualmente consideradas».
«El convenio con la National Basketball Association (NBA) está sujeto a un acuerdo de confidencialidad entre las partes, siendo aplicable el límite establecido en el artículo 10 de la ley 18.381», agrega la respuesta del ente.
Sin perjuicio de lo expresado, se indica que el acuerdo incluye «asesoría para la construcción del Antel Arena, la asociación de marcas y distribución de contenidos exclusivos de NBA por medio de dispositivos digitales de Antel».
Publicado en El País, 14 de junio de 2014