El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) que se discute en el ámbito de la comisión de industria del senado recibió un fuerte espaldarazo en los últimos días por parte de distintas organizaciones de derechos humanos.
Guilherme Canela (responsable por los temas de libertad de expresión de Unesco para Sudamérica) y Artículo XIX (organización independiente de Derechos Humanos) manifestaron en las últimos días su apoyo al proyecto de ley, aunque coincidieron en apuntar algunos aspectos que necesitan ser mejorados.
Los estándares internacionales en materia de comunicación impulsan la existencia de regulaciones a fin de “proteger y ampliar” la libertad de expresión, aseguró Canela. En el mismo sentido se expresó Artículo XIX en una carta que envió al Senado su director Thomas Hughes. En la misiva Hughes resaltó la importancia que tiene el proyecto de ley para que el país se adecue a los estándares internacionales de libertad de expresión.
Sin embargo, Artículo XIX mostró su preocupación por la «falta de garantías» que ofrece el cambio introducido en Diputados, tras lo cual se traspasaron todas las funciones del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) a la URSEC. La organización internacional exhortó al Senado a revocar esta decisión, ya que «la URSEC no es independiente del gobierno» y por lo tanto no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que exigen un organismo regulador independiente del ejecutivo.
«Somos conscientes que este cambio se debió a una traba constitucional» reconoció Artículo XIX, y recomendó «crear un regulador independiente con todas sus funciones y postergar el nombramiento de los cargos para un período luego de las elecciones».
En su comparecencia en Comisión el representante de Unesco, Canela, también apuntó al diseño de la autoridad reguladora independiente, que definió como “la cuestión clave en la construcción de un marco jurídico que proteja y promueva la libertad de expresión en la visión de Naciones Unidas”. Según el especialista, los mecanismos para garantizar la independencia son el proceso de designación de los miembros de manera que no sea exclusivamente la decisión de una autoridad política y a través de los mecanismos de financiación que garanticen su funcionamiento.
Entre sus funciones, Canela señaló el otorgamiento de las licencias, el monitoreo de la aplicación de la ley, recibir las quejas de los ciudadanos y ciudadanas, y aplicar las sanciones. También mencionó la elaboración de guías e instrucciones sobre los principios y contenidos básicos de la ley, que publiquen sus procedimientos internos y que cuenten con un amplio proceso de rendición de cuentas y transparencia.
La existencia de este organismo independiente se puso en cuestión en la redacción dada en el proyecto aprobado por Diputados debido a la eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) previsto en el texto original y la atribución de sus funciones a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), que depende directamente de Presidencia.
Ante este planteo de Canela, el presidente de la comisión, el senador socialista Daniel Martínez aclaró a Canela que en la bancada oficialista “existe la absoluta y convencida voluntad de cambiar ese aspecto” y que se buscará la forma de eludir la prohibición constitucional de crear cargos en los doce meses previos a la elección nacional.
En materia de otorgamiento de licencias, Canela enfatizó que el espectro tiene que garantizar la presencia de los medios privados, públicos y comunitarios y que el proceso de otorgamiento de licencias tiene que ser transparente y coordinado por la autoridad reguladora independiente. “las licencias deben tener plazo fijo para empezar y para terminar; las licencias eternas no forman parte de los estándares internacionales como suele ocurrir en algunos países”, destacó.
Regular contenido y propiedad
En materia de regulación de contenidos, Canela recordó que los estándares internacionales los incluyen, con la única excepción de la censura previa. “Existen dos grandes divisiones: las regulaciones negativas de contenido, es decir, lo que no se debe hacer y las regulaciones positivas, o sea, lo que se debe hacer. Las dos son autorizadas por los estándares internacionales”, explicó.
Como ejemplo de la regulación negativa citó las fuertes regulaciones que existen para la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes y entre las positivas la necesidad de garantizar el derecho de respuesta.
En cuanto a la regulación de la propiedad, señaló que su objetivo central es “garantizar más diversidad y pluralismo” y combatir la concentración. Aclaró que existen diversos modelos en el mundo a este respecto a fin de regular la propiedad horizontal (cuando un determinado grupo tiene todos los medios impresos de una determinada ciudad), la regulación vertical (cuando el grupo tiene todos los elementos de una cadena de producción) o la regulación de la propiedad cruzada (cuando un mismo holding tiene negocios en internet, cable, papel, televisión, radio, telefonía).
“No solo se debe regular los mecanismos de concentración sino que también hay que exigir transparencia en la propiedad, saber quiénes son los dueños. Mezclar eso con la actuación del órgano regulador y con las regulaciones de contenido es importante para garantizar la pluralidad”, insistió Canela.