El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública presentó el informe “Información Reservada: los archivos clasificados del Estado”. Se trata de una investigación que evalúa cómo los organismos públicos clasificaron su información como reservada o confidencial, conforme a la ley de Acceso a la Información Pública.
En 2008 el Parlamento uruguayo aprobó la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que reconoció por primera vez el derecho de las personas a acceder a la información en mano de los organismos públicos. La normativa estableció plazo de dos años, que luego fue extendido a cuatro, para que cada organismo procediera a clasificar toda la información en su posesión de acuerdo a las categorías creadas en la propia norma (pública, reservada y/o confidencial). Los organismos tenían plazo hasta julio de 2012 para informar a la Unidad de Acceso a la Información Pública (organismo creado para monitorear y aplicar la ley) qué información clasificaron.
Esta operación, que ofrece garantías tanto a las personas y los organismos públicos (pues se asegura que luego las clasificaciones no se hagan arbitrariamente al momento de la solicitud), no fue cumplida por todos los organismos. Hubo algunos que informaron fuera de fecha, y otros que a diciembre de 2012 aún no habían presentado su informe.
Mediante un pedido de acceso a la información respondido por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Cainfo pudo acceder a los datos que permitieron conocer, entre otras cosas: ¿Cuántos organismos informaron sobre la clasificación de su información? ¿Cuál es la excepción más invocada para denegar la información? ¿Cuántos de los organismos que negaron información realizaron la “prueba de daño” como establece la normativa? ¿En qué excepción se ampara más los ministerios? ¿En qué excepción se amparan más los organismos en régimen de competencia?
La investigación fue realizada por el licenciado en comunicación y periodista Santiago Sánchez, con el apoyo y supervisión del equipo de CAinfo.