Brecha, 14 de setiembre de 2012 – Edison Lanza
Los organismos públicos vinculados a la seguridad llevan el secreto en sus genes. Aunque este axioma no se cumple exclusivamente en Uruguay, una serie de solicitudes de acceso a la información sobre asuntos que gestionan los organismos de seguridad, y la publicación de cinco resoluciones del Ministerio del Interior clasificando una extensa cantidad de información como reservada, muestran cuánto camino queda por recorrer en el campo de la transparencia vinculada a la defensa nacional y la seguridad.
Un reciente estudio realizado en base a solicitudes de acceso a la información dirigidas al Ministerio del Interior (mi) y al Ministerio de Defensa Nacional (mdn), los organismos con competencia en materia de defensa, seguridad nacional y seguridad pública,* se propuso conocer, entre otras cosas, el monto total que cada cartera recibe para “gastos confidenciales” destinados a operaciones reservadas y a los procesos de contralor.
A su vez se presentaron solicitudes de información ante el mdn sobre dos temáticas de interés público: i) los fondos provenientes de la onu percibidos por las misiones de paz (montos percibidos anualmente por Defensa desde el organismo internacional en concepto de capacitaciones, tipo de armamento, vehículos u otros materiales adquiridos), y qué autoridades son las responsables en la rendición de cuentas; y ii) los centros de detención y reclusión existentes en la órbita del mdn. Respecto a este punto se preguntó cuántos centros de detención existen en la órbita de Defensa, dónde están ubicados, sus condiciones edilicias y el presupuesto dedicado a su mantenimiento.
En cuanto a los gastos confidenciales, el mi comunicó por escrito que la información referida a “gastos confidenciales” fue declarada reservada “de mandato verbal” por el ministro Eduardo Bonomi, debido a que esa información “se encuentra exceptuada del marco regulatorio general por los artículos 8 y siguientes de la ley 18.381 (acceso a la información pública)”.
Por su parte, en referencia al mismo asunto, un informe de los servicios jurídicos del mdn recomendó no entregar ningún dato porque considera como “reservada” toda la información referida a la defensa nacional. Los solicitantes respondieron explicando que hay aspectos de la seguridad nacional, como la rendición de cuentas de gastos y el registro de operaciones confidenciales, que en un Estado democrático deberían ser públicas. No obstante, tres meses después de solicitado el acceso a la información, y pese a la insistencia semanal de los peticionantes, el caso no ha sido resuelto.
Estas respuestas exhiben un problema histórico: la inexistencia de un marco regulatorio para el uso y registro de los gastos confidenciales. Cuando el socialista José Díaz asumió en 2005 al frente del mi un funcionario de Secretaría apareció un día en su despacho con una bolsa con dinero en efectivo destinado a gastos confidenciales. El dinero se depositaba en una caja fuerte y de allí el secretario de Estado podía disponer a su arbitrio, como había ocurrido históricamente. Cuentan los informantes que Díaz, durante su gestión, fue extremadamente austero para asignar fondos a operaciones especiales. Al cabo de algunos meses tenía tanto dinero guardado que, en conjunto con su subsecretario, Juan Faroppa, y el entonces director general de Secretaría, Jorge Jouroff, decidieron utilizar esos fondos para adquirir zapatos para los 27 mil funcionarios de la cartera.
DE AYER A HOY.
El mi divulgó días atrás la lista de información que considera reservada. El artículo 33 de la ley de acceso a la información estableció un plazo de un año para que los organismos elaboraran una lista con los datos considerados reservados por estar comprendidos en alguna de las excepciones de la ley (lapso que luego se extendió hasta el 31 de julio pasado).
En el caso de Interior la lista de información reservada parece no tener fin y comprende: información sobre estructura edilicia y ubicación de las dependencias del ministerio; móviles en servicio, insumos y materiales, su ubicación; información relativa a hechos y personas recabada para el mantenimiento del orden público; organización del servicio policial, cantidad de efectivos, su distribución por unidades operativas, el armamento, tecnología para las comunicaciones; investigación de urgencia, investigaciones administrativas y sumarios; estrategias vinculadas a los procedimientos de combate a la delincuencia; infraestructura, planos, personal, armamento relativos a centros de reclusión; documentación de los procedimientos realizados por asuntos internos; vestimenta, armas, equipos, vehículos y combustible asignado a las actividades de combate a la delincuencia, así como mantenimiento, cuidado y desafectación del armamento de la secretaría de Estado.
A primera vista el listado presenta un panorama desalentador, ya que impone un manto de secreto sobre aspectos que deberían ser públicos en un sistema democrático que no enfrenta un conflicto interno. El conocer la ubicación de todas las unidades de seguridad es un derecho de los ciudadanos en una sociedad democrática, en contraposición a la clandestinidad de estos lugares, propio de los sistemas autoritarios. Del mismo modo, las organizaciones de derechos humanos pidieron saber cuánto personal y recursos materiales se destinaron a la prevención de la violencia doméstica, para monitorear esa política pública; la pregunta es si ese tipo de estadística ahora será declarada reservada.
Asimismo, los casos de corrupción policial que investiga Asuntos Internos parecen quedar fuera del conocimiento público, aun después de resueltos. Conocer el poder de fuego y la tipología de las armas que adquiere una institución con el monopolio legítimo de la fuerza no debería ser secreto. Hay todo un capítulo sobre rendición del gasto que la resolución parece restringir; y ya hemos visto en la Armada los desaguisados que genera la opacidad en la materia.
Desde la perspectiva de la seguridad, algunos de los asuntos mencionados en la resolución obviamente pueden considerarse legítimamente reservados si hay una interpretación “estricta” como manda la ley. Es el caso de las estrategias de combate a la delincuencia o de las operaciones especiales. Curiosamente, otros ni siquiera están mencionados, como la información de los servicios de inteligencia, la referida a seguridad nacional o la proporcionada por un Estado extranjero con una advertencia de confidencialidad explícita.
Brecha consultó a funcionarios del mi respecto a la metodología utilizada a la hora de confeccionar esta lista. Por el momento no hay un vocero que explique estas decisiones, pero extraoficialmente se admitió que la lista pudo haberse armado con algo de apuro, dado que vencía el plazo. Se anunció que la cartera va a proceder a redactar un protocolo para ordenar dentro de cada categoría la información de acceso público y la reservada. “El espíritu no es negarle información a la gente”, agregó una fuente ministerial.
DUDAS EN DEFENSA.
En el caso del mdn, el plazo de 20 días hábiles con el que contaban para responder a las solicitudes de acceso vencieron hace más de dos meses.
En cuanto a la información acerca de los centros de detención, el organismo dio vista a un expediente donde se afirma que el ministerio no tiene en su ámbito ningún centro de detención y/o reclusión. La resolución fue firmada por el ministro Eleuterio Fernández Huidobro. La pregunta iba dirigida a conocer si en dependencias militares existían lugares destinados a detenciones, ya sea para los arrestos a rigor de los propios militares o eventualmente para operaciones especiales. El mdn tampoco incluyó bajo su órbita a la cárcel de Domingo Arena, en la que están detenidos los militares procesados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pese a que se encuentra ubicada en el ex Cuartel de Ingenieros número 7 y los medios han informado que el Ejército solventa algunos gastos.
Con respecto a la rendición sobre los fondos de la onu, ni siquiera se ha dado vista al expediente correspondiente. Los funcionarios del mdn que recibieron las solicitudes se mostraron temerosos de liberar información, eludiendo incluso recordar a las autoridades el vencimiento del plazo. Por otra parte, varios medios de prensa, entre ellos Brecha, denunciaron el retaceo de información referido al ingreso del cuerpo de elite Navy Seals, de la Armada de Estados Unidos, para realizar ejercicios conjuntos con los fusna de Uruguay (Brecha, 15-VII-12). Todo lo cual sugiere otro capítulo para mejorar los niveles de transparencia.
En este sentido ya existen experiencias regionales que transitan el camino opuesto a la opacidad en temas militares. La Armada de Brasil, por ejemplo, ha solicitado que la Auditoría supervise el proyecto más importante que tiene en curso, la construcción de un submarino nuclear.
La información sobre seguridad nacional es relevante en una democracia por muchas razones. La principal tal vez tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, pero hay otras vinculadas a la rendición de cuentas en zonas tradicionalmente poco transparentes. En el mundo hay varias iniciativas en curso para equilibrar el derecho de las personas al escrutinio público de las acciones gubernamentales y la invocación excesiva por parte de los gobiernos de motivos de orden público, seguridad nacional o defensa de las relaciones exteriores. n
* Edison Lanza y Mariana Mas, Acceso a la información pública en asuntos de seguridad nacional: avances y problemas planteados para el caso uruguayo (en prensa).