La Diaria, 18 de noviembre de 2009 – Lourdes Rodríguez A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, de su aplicación se desprende que el Estado “no tiene y no ha adquirido cultura de la transparencia”, porque espera el fallo de las acciones de amparo para liberar los datos solicitados. Para quien los pide, eso implica un costo en abogados y tickets profesionales, y en consecuencia las personas “están pagando por hacer cumplir un derecho”, afirmó el periodista y abogado Edison Lanza, uno de los redactores de la norma. Lanza adelantó a la diaria que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentó dos proyectos para que quienes solicitan información pública no deban hacerse cargo de esos pagos. La ley busca “promover la transparencia” y “garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”, definiéndola como “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”. Los datos pueden ser pedidos por cualquier ciudadano a cualquier organismo del Estado y éste tiene 20 días hábiles para otorgarla; vencido ese plazo, puede pedir una prórroga de 20 más. Si la información es negada o no hay respuesta, el solicitante puede presentar un recurso de amparo o una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), organismo asesor dependiente de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). Las resoluciones de la UAIP no son obligatorias como el resultado favorable de una acción de amparo, que en caso de incumplimiento puede implicar multas. La práctica muestra, según Lanza, que los organismos esperan a que haya una decisión judicial para entregar la información y que aun así no siempre cumplen. “Hay que empezar a escarmentar a los organismos, pidiéndole al juez que cobre los incumplimientos. Un par de sentencias de ese tipo y creo que empieza a funcionar”, comentó, señalando, además, que la mayoría de los organismos no cumplen el artículo 33 de la ley, que les dio un año de plazo -vencido el 28 de octubre para publicar en sus sitios web “una lista de toda la información que se encuentre clasificada como reservada”, aunque tenga más de quince años. La ley prevé sanciones para este incumplimiento que tampoco han sido aplicadas. Botones de muestra De julio a octubre se realizaron tres jornadas de difusión de este recurso, con representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Banco Mundial, en Montevideo, Colonia y Paysandú, divulgando experiencias en el interior del país. El director del semanario Centenario de Cardona, Sebastián Cáceres, protagonizó una de ellas. “Presenté el recurso, me dieron la información, pero el presidente de la Junta Departamental [de Colonia, Martín Navarro] alegó que me la daba porque tenía el respaldo de la justicia, cuando en realidad el respaldo es la propia ley, y lo que el juez le está diciendo es que está en falta”, relató a la diaria. Antes Navarro había negado los datos sin consulta con el plenario de la Junta, alegando que eran “información privilegiada para un periodista”, y que si se los cedía a uno “podían venir quejas de otros”. Cáceres había pedido cifras del gasto en publicidad por parte del organismo desde 2005; resultó que Navarro había gastado en 2008 más de un millón de pesos por ese concepto, 43 veces más que en el año anterior. “La presidenta que ejerció de julio de 2005 a julio de 2006 gastó en ese período 22 mil pesos”, comparó el periodista. David Rabinovich, director del semanario San José Hoy, pidió a la intendencia maragata información sobre las libretas de conducir de Luis Alberto Lacalle, Luis Alberto Heber, Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre, sobre convenios con la administración central y sobre uso de dos predios municipales. Pasó el plazo, no le contestaron e hizo la denuncia en la UAIP, que falló a su favor. El intendente Juan Chiruchi entregó información que Rabinovich considera “incompleta”, por lo que realizó una nueva denuncia. Chiruchi tiene plazo hasta el lunes, y si no cumple Rabinovich apelará a una acción de amparo. Luis Suárez, que trabajaba en el periódico La Voz de Young, solicitó información a la Intendencia de Río Negro sobre la cantidad y sueldos de los funcionarios municipales y de los ocupantes de cargos de confianza y ejecutivos, incluyendo al intendente Omar Lafluf, y sobre los gastos de publicidad desde 2005. Los datos no le fueron entregados, inició una acción de amparo el 6 de octubre y tiene programada una audiencia para el martes, aunque la norma establece que esa instancia debe convocarse a lo sumo tres días después de la presentación del recurso. “Evidentemente hay algo que no está bien, que es irregular y debe denunciarse a la Suprema Corte de Justicia”, afirmó Lanza. Los tres solicitantes destacaron la importancia de la cuestión monetaria. “Tenés que pagar unos mil pesos de tickets profesionales más la defensoría, que te sale unos 5 mil o 6 mil pesos, si encontrás un abogado de corazón triste”, ironizó Rabinovich.
